El proceso para obtener una pensión de incapacidad permanente suele ser en ocasiones una lucha por parte del aspirante a pensionista tras muchos meses de una baja temporal que amenaza con tener consecuencias a largo plazo. Sin embargo, existen casos en los que la propuesta sale de la propia Seguridad Social, incluso antes de que el trabajador inicie los trámites para pedirla.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trata de llamar a la calma tras la polémica de las pensiones de los baby boomers. Escrivá, que aseguró que los nacidos entre 1950 y 1970 tendrán que elegir entre un "pequeño ajuste" en la pensión o atrasar la jubilación, matiza que la medida aún está por definir.
La puesta en marcha del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional llevará a la generación nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 70 (baby boomers) a elegir entre "un pequeño ajuste" en la pensión o "trabajar un poco más", como explica el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, el propio Escrivá ha intentado este viernes rebajar la tensión tras la polémica al matizar que no se trata de acuerdo cerrado.
Como alternativas para financiar las pensiones se argumenta que la Seguridad Social se nutre a través de las cotizaciones sociales que representan el grueso de sus ingresos y se propone descargarla de los costes destinados a cubrir las pensiones no contributivas. Algo contraproducente en un país que ya de por sí tiene unos costes de Seguridad Social de los más altos del mundo, sería aumentar los ingresos por cotizaciones que en buena lid debieran proceder de que aumente el número de personas que contribuyen o aumentando la cotización por trabajador, o ambas a la vez. De lo que no cabe duda es que más crecimiento económico, más empleo y menos paro constituyen una solución muy efectiva.
El Gobierno y los agentes sociales han firmado este jueves el acuerdo que garantizará la revalorización de las pensiones conforme el IPC medio del año anterior para garantizar que los pensionistas no tengan pérdidas de poder adquisitivo.
Los últimos años laborables de un trabajador son claves, ya que definen en buena parte cuál será la pensión de jubilación que le pueda queda para su retiro. Por eso, cuando se queda sin trabajo en ese tramo, debe tener en cuenta un mecanismo que la Seguridad Social pone a su disposición: los convenios especiales.
Parieron los montes y nació un insignificante ratón”: esta frase del poeta latino Horacio se utiliza tradicionalmente para definir cualquier cosas ínfima y ridícula que se produce cuando se esperaba algo grande e importante. Y eso es lo que ha pasado con este acuerdo de mínimos y con reparos sobre la reforma de las pensiones. Que más que en reforma se ha quedado en un ligero cambio de imagen para hacerse una foto propagandística y ayudar a camuflar el impacto de los indultos a los golpistas catalanes.
La puesta en marcha del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional llevará a la generación nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 70 (baby boomers) a elegir entre "un pequeño ajuste" en la pensión o "trabajar un poco más", según ha avanzado este jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
La pensión de jubilación es indispensable para aquellos trabajadores que, una vez hayan decidido retirarse de la vida laboral, necesiten una cobertura para vivir con un colchón a partir de ese momento. Sin embargo, existen casos en los que dicha pensión no se otorga.
Cerca de seis millones de personas padecen diabetes en nuestro país. Este trastorno, que provoca bajos niveles de insulina en el tipo 1 (la menos frecuente) y provoca la resistencia del organismo a dicha sustancia y el consiguiente aumento del nivel de glucosa en sangre el tipo 2 (la más habitual), puede llegar a dar derecho a la persona que lo sufre a una pensión de incapacidad permanente si cumple con unos requisitos muy concretos.
Con la última reforma de las pensiones todavía en caliente, muchos son los factores que indican que ésta no será, ni mucho menos, la última del sistema público. Es más, el incremento de la esperanza de vida y el descenso de natalidad, junto a las menores cifras de cotización y mayores cifras de desempleo, hacen pensar que más pronto que tarde el sistema se volverá a reformar. "En España estamos disfrutando de un sistema público de pensiones de los más generosos del mundo, por lo que, unido a todos estos factores, la tendencia es a empeorar", muestra Pere Font, asesor financiero de Axa Executive, al que se puede encontrar en la plataforma de asesores de Finect.
Durante el mes de mayo, casi 948.000 personas recibieron una pensión de incapacidad permanente en España. Estas pensiones, tras las de jubilación y las viudedad, son las más frecuentes en nuestro país a pesar de los requisitos que hay que cumplir para poder obtenerlas. Como, por ejemplo, los años que hay que trabajar para tener derecho a ellas.
Las pensiones de incapacidad permanente suponen aproximadamente una de cada diez de las que se pagan en España. Tras las de jubilación y viudedad, son las más frecuentes en el tejido de pensiones del país y, como con otras, hay una serie de requisitos a cumplir para poder recibirlas. Uno de los más importantes es el de los años cotizados.
Tras el 'sí' de la CEOE, José Luis Escrivá ya tiene cerrado el acuerdo para la reformas de las pensiones que, en su primer tramo, afectará a su revalorización, derogará el factor de sostenibilidad y retocará modalidades de jubilación como la anticipada y la demorada.
No es solo saber si se llegará a cobrar una pensión de jubilación y cumplir todos los requisitos para recibirla, una de las grandes preocupaciones de los futuros pensionistas es conocer cuál será la cuantía de dichas prestaciones que tendrán que garantizarnos, en unos años, nuestra cobertura económica.
Tras el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, el Gobierno se prepara para dar el pistoletazo definitivo de salida a la reforma de las pensiones planeada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Los cambios, que entrarán en vigor en 2022 pero contarán con un periodo de transición, afectarán, entre otras cosas, a las jubilaciones anticipadas.
Luz verde para la primera parte de la reforma de sistema público de pensiones en España. El Gobierno y los agentes sociales sellaron este lunes el pacto para la primera remesa de medidas que se votarán próximamente en el Congreso de los Diputados y que entrarán en vigor a comienzos del próximo año. Entre ellas, destacan la vinculación de las prestaciones con el IPC, las medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación y acercarla a la lega, además de la separación de fuentes de financiación, si bien la clave para el consensó está en el compromiso del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de derogar antes de que finalice el presente año el conocido como facto de sostenibilidad de las pensiones aprobado por el PP en 2013.
El acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales permite que ya pueda iniciarse la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones. Sin duda, los esfuerzos y el buen trabajo del ministro Escrivá han hecho posible el pacto, de modo que echará así a andar un primer bloque de medidas que contribuyen a lo que los expertos llaman la “suficiencia” de estas prestaciones.
Gobierno y agentes sociales han alcanzado este lunes un principio de acuerdo sobre la primera pata de la reforma de pensiones por la que se garantizará la revalorización de las pensiones según el IPC, se aproximará la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.
La primera parte de la reforma de las pensiones ideada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Eescrivá, está muy cerca de ser una realidad después del visto bueno de los sindicatos y previsible 'sí' de la CEOE en las próximas horas. Así, se cierra un primer paquete de medidas que, entre otros muchos objetivos, persigue retrasar la edad de jubilación efectiva de los trabajadores españoles mediante unos nuevos coeficientes reductores de la jubilación anticipada.
Cuando solicitamos una pensión de incapacidad permanente, una de las partes más importantes y temidas del proceso es pasar por el tribunal médico que comunicará a la Seguridad Social si, en su opinión, somos merecedores de esa pensión o no. Una situación tensa ante la que nunca se sabe bien como actuar.
No hay semana en que el tema de las pensiones no esté en el candelero. Si se reforma por acá, por allá o por acullá. Que los acuerdos del Pacto de Toledo van en serio. Que si se posponen. Que si aquí decidimos una cosa y luego vendrán los amigos de Bruselas y marcarán otros derroteros sobre las pensiones. Que, si éstas se revalorizan según el Índice de Precios de Consumo, que electoralmente tiene su encanto, o no. En fin, un auténtico tiovivo de noticias al respecto en el que, a decir verdad, nadie tiene claro cuál será el futuro. Con todo, algo sí parece indiscutible: se trata de demorar la edad de jubilación para que la efectiva coincida con la legalmente establecida, incentivar la demora en la jubilación y penalizar la anticipada, así como ampliar el período de cómputo para calcular la pensión que en 2022 será de 25 años, y promover ese fondo público para animar los planes de pensiones con especial incidencia en los autónomos y las pymes.
La nueva reforma de las pensiones comenzará su andadura tras la última reunión de la semana próxima entre el Gobierno y los agentes sociales. Sin duda, debe celebrarse el consenso entre todas las partes, y los avances que la futura ley contendrá.
A poco más de una semana de la aprobación del Plan de Recuperación de España, por parte de la Comisión, el documento de trabajo que servirá de guía para la llegada de los 140.000 millones que recibiremos de fondos (69.5000 millones en transferencias y el resto en préstamos si son solicitados antes de 2023) recoge con claridad que, si bien nuestro sistema de pensiones incluye vincularlas al índice de precios al consumo (IPC) de forma permanente, hay que tener en cuenta que “dichos elementos pueden incrementar el gasto en pensiones a medio y largo plazo”.
Uno de los grandes interrogantes que se abren en la mente de todos los trabajadores es qué pensión de jubilación les quedará para tener cubierta el resto de su vida una vez comience su retiro profesional. Y, eso, como casi en todos los aspectos correspondientes a las pensiones, depende en buena medida de nuestra trayectoria laboral anterior.
Una circunstancia no tan infrecuente en la vida laboral es tener que compaginar, por la razón que sea, dos o más empleos. Esto tendrá, obviamente, sus consecuencias en la cotización y la pensión de jubilación que resulte una vez llegue la edad del retiro profesional.
El plan del Gobierno para abordar la reforma de pensiones prevé la vinculación por ley de las futuras subidas de las pensiones según la inflación. La medida, que aúna un amplio consenso en la mesa de diálogo social supone no obstante todo un reto en términos de financiación de las futuras pagas de jubilación. Concretamente, ante la ausencia de medidas concretas y en base a las medidas previstas sobre el Sistema con la reforma, la jubilación a partir de 2025 de la generación del baby-boom incrementará el déficit estructural de las pensiones hasta los 60.000 millones de euros, entre un 5% y un 6% del PIB.
La Seguridad Social ha simplificado la solicitud de algunas prestaciones, como pensiones contributivas, Ingreso Mínimo Vital (IMV) o prestaciones de nacimiento, a través de una nueva plataforma que permite hacer estos trámites sin tener certificado electrónico ni Cl@ve permanente.
Esta semana viene con buena noticia para los pensionistas, que con la entrada del verano recibirán el importe de la pensión del mes de junio y, los que tengan derecho a ella, la paga extra de verano, que se abona a la vez. Así, los pensionistas cobrarán doble, a no ser que se encuentren entre los pocos grupos que solo cobran en 12 pagas.
El pacto entre el Gobierno y los agentes sociales para la reforma de las pensiones está ya descontado, a falta de la última reunión (en la que no se esperan novedades) del próximo lunes.
