Madrid
El Gobierno y los agentes sociales se encuentran negociando los términos concretos de la reforma de pensiones tras el acuerdo alcanzado por los partidos para las recomendaciones del Pacto de Toledo. Uno de los puntos que se espera tener cerrado para después del verano es de la modificación del esquema de incentivos para alargar la edad de jubilación más allá de los 66 años estipulados por ley, por un lado, y también de las penalizaciones para quienes se retiran del empleo antes de la edad.
Tal y como ha adelantado este medio, en lo que se refiere a los incentivos para la conocida como jubilación demorada, el Gobierno plantea al posibilidad de extender en un pago único previo al retiro la cuantía correspondiente a esa mejora, en cada caso. Según los cálculos elaborados por elEconomista, para una pensión media, de 27.000 euros anuales, este pago ascendería a 13.000 euros por cada año de demora.
Según el planteamiento del Ministerio capitaneado por José Luis Escrivá, la propuesta estriba cambiar la forma de cobro de esa mejora de pensión establecida por ley en los supuestos de jubilación demorada, de un 4% más sobre la cuantía de la pensión. Para esa prestación prevista de 27.000 euros anuales, con la legislación actual y la concepción del incentivo en estos momentos, por cada año de ampliación de la estancia en el puesto de trabajo más allá de los 66 años -edad legal de retiro en 2021- se aplicaría un incremento de ese porcentaje sobre la cuantía de la prestación prevista. Por lo que finalizado el año de trabajo extra, lo que se accedería es a una pensión de 28.080 euros anuales, en lugar de los 27.000 euros previstos.
Ahora, a partir de sondeos realizados por la Seguridad Social a trabajadores potenciales de acogerse a esta jubilación demorada, se demuestra que el incentivo para alargar la vida laboral parece más atractivo a través de un pago único previo a la jubilación, que no en forma de esta suerte de prorrateo que se establece en este momento.
Más concretamente, este 4% de mejora, se multiplicaría en cálculo actuarial por un número de años de supuesto cobro de la prestación y se acumularía en un solo cheque, que recogería la suma de esas cuantías. En el ejercicio elaborado por este medio a partir de los planes de Moncloa sobre la medida, se establece una pensión de 27.000 euros anuales. Con el nuevo modelo, este 4% (1.080 euros) se multiplicaría por un periodo de estimación de cobro, unos 12 años, lo que resulta un pago de 12.960 euros.
Potenciales beneficiarios
Con la actual normativa para este incentivo, para disfrutar de la jubilación demorada es necesario atenerse a determinados requisitos, concretamente tres: demostrar que se han cotizado, como mínimo, 15 años a la Seguridad Social; no haber cumplido 70 años de edad y tener cumplida la edad mínima de jubilación ordinaria para el año en curso -66 años en 2021-.
Además, cohabitan dos aspectos fundamentales de este supuesto, por los cuales si bien se consigue incrementar la cuantía de la pensión cuando se tome finalmente la decisión de dejar el trabajo y cobrar por jubilación, mientras se esté en situación de jubilación demorada no se cobrará ninguna cantidad por dicho concepto, sino que los ingresos vendrán del trabajo que no se ha abandonado. Por lo que no se concibe como un supuesto de compatibilización de cobro de salario y pensión también recogido como una opción previa al retiro final en la estructura de la Seguridad Social.
Además, otro aspecto es que sea cual sea la cuantía final, habrá que tener en cuenta que esta no debe sobrepasar la pensión máxima fijada cada año por el Gobierno. En 2021 este tope se sitúa en 2.707 euros al mes, salvo que se supere la pensión máxima sin aplicar los incentivos. Porque si la base reguladora de la jubilación es ya más alta que la pensión máxima, sí que se cobrará un complemento que será del 4% anual del tope anual fijado.
Y aunque se mantendrían ciertos requisitos para el acceso a esta modalidad de jubilación, fuentes oficiales aseguran que en el plan está que quienes hayan superado la edad legal de 66 años y sigan trabajando se puedan acoger al supuesto una vez aprobada la nueva normativa. Incluso se permitiría a los trabajadores acogidos a la actual modalidad de jubilación demorada cambiar al nuevo sistema, por lo que se beneficiaría de los dos esquemas antes de momento de la jubilación final.
No en vano, las mejoras a este incentivo buscan aproximar el objetivo marcado por las recomendaciones del Pacto de Toledo de tratar de acercar la edad real de jubilación de los españoles, en 64,5 años según el Banco de España, a la legal de 66 años establecida este año en virtud de la reforma de pensiones de 2011, que llegará a los 67 años en 2027 terminada la transición.
