Podemos vuelve a buscar motivos de enfrentamiento con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. En concreto, aboga por eliminar la penalización de las prejubilaciones, cuando los trabajadores cuentan con 40 años o más cotizados.
La despenalización de las jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores con carreras laborales de 40 o más años cotizados vuelve a situarse como uno de los puntos cruciales de la reforma de pensiones. Por un lado, la asociación que abandera esta reivindicación hizo llegar sus propuestas a la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la pasada semana, al tiempo que desde Unidas Podemos y el resto de partidos de la Comisión preparan estos días las peticiones de comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para dar cuenta de esta y el resto de medidas en las que trabaja el Ejecutivo con los agentes sociales para la reforma del Sistema.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) recoge que pensión media del trabajador autónomo se ha situado en el primer mes del 2021 en 709 euros mensuales, 420 euros menos que la de los trabajadores por cuenta ajena, que perciben 1.129 euros. Una diferencia cualitativa que se está recrudeciendo con el coronavirus, que está afectando de lleno a autónomos del sector del turismo y la hostelería, que demandan ayudas directas.
El paso previo necesario para aprobar la reforma de pensiones en España, que el Ejecutivo prevé articular en dos fases, eche a andar pasa por remover algunos de los conceptos que hoy rigen la ley de las jubilaciones en nuestro país. Dos de estos aspectos que serán modificados y que el PSOE pidió recientemente en el Congreso derogar con carácter de urgencia son el conocido como IRP -el índice de revalorización de las pensiones que aplicó durante tres años subidas del 0,25%- y el conocido como factor de sostenibilidad previsto para incluir en el cálculo de la pensión las ganancias de esperanza de vida. Ambas medidas aplicada al mismo tiempo suponen imprimir un aumento del gasto en la partidas de pensiones de 44.000 millones de euros en los próximos años.
Una problemática que el Gobierno trata de abordar sobre el régimen de autónomos está en la mejora de las coberturas sociales que tienen este colectivo de trabajadores, especialmente en el cobro de la pensión de jubilación, donde de media perciben 420 euros menos que los empleados jubilados del régimen general, un 38% inferior. Por ello, desde UPTA, asociación representante de los autónomos abogan por que se permita a los autónomos, una vez finalizado el ejercicio fiscal, puedan realizar aportaciones extra a la Seguridad Social que repercutan en mejoras de su pensión.
No llueve a gusto de todos tras la aprobación del nuevo complemento de maternidad. El primer paso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la reforma de las pensiones ha decepcionado a las familias numerosas, que critican que la ayuda solo se reconozca hasta el cuarto hijo y deje de lado a más de 21.000 familias en España.
Al calor de la revalorización de las pensiones contributivas del 0,9% (y el 1,8% de las no contributivas) que aprobó el Consejo de Ministros a finales de enero, las pensiones por incapacidad permanente también han aumentado para todo 2021. Una pequeña buena noticia que subirá la cuantía mínima de estas cantidades.
La pensión de los trabajadores por cuenta propia será más pequeña si siempre se cotiza por bases mínimas, existen lagunas de cotización y no se llegan al máximo de años necesarios para conseguir el 100% de la pensión. Una costumbre o realidad que pondrá al jubilado autónomo en una situación complicada, si no ha acudido a planes complementarios y al ahorro.
Los alquimistas, que, al parecer, todavía recorren los caminos francos de nuestros días, pretendían convertir los metales innobles en oro fino. Para ello ensayaban una y otra vez en crisoles forjados en mil intentos inútiles. También buscaban el elixir de la eterna juventud y la panacea universal. Si se tiene todo esto, ¿qué más puede uno desear? La alquimia se basa en saberes antiguos que fluían en el Egipto helenístico, Arabia, después, la India, la luminosa edad media europea, o la edad moderna y contemporánea occidental. De aquellos alquimistas, la química moderna y la idea de la perseverancia en la adquisición del conocimiento, aunque fuese esotérico. Algunas estafas también.
El gobierno ha aprobado en los presupuestos generales del Estado para 2021 modificaciones en las aportaciones máximas a planes de pensiones con derecho a deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta medida ha generado polémica, pero vamos a analizarla para ver las diferencias de la nueva norma frente a la vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros prevé un nuevo complemento de maternidad a las pensiones que tendrá una cuantía fija de 400 euros anuales por hijo, desde el primero -hasta ahora solo se podía acceder a partir del segundo hijo-, con el que el Ejecutivo pretende reducir la brecha de género en las pensiones del 30% a menos del 5%. El complemento estará en vigor hasta que se alcance esta meta.
La implantación de la semana laboral de cuatro días, que ya cuenta con un proyecto piloto del Gobierno, puede ser el golpe definitivo para el sistema público de pensiones. Los expertos alertan que resulta ilusorio esperar que las empresas puedan compensar una reducción del 20% en la jornada laboral con un avance idéntico de la productividad, especialmente en medio de una crisis como la actual.
La entidad aumenta su cuota de mercado hasta el 5,91% a finales de 2020 tras incrementarla en siete puntos básicos. Además, mantiene el tercer lugar en el ranking nacional de planes de empleo con un patrimonio de 4.258 millones de euros y una cuota de mercado del 11,93%.
Con la llegada del nuevo año, las pensiones contributivas se han revalorizado un 0,9%. Esto significa que la cuantía de estas pensiones ha aumentado para todo 2021. Esto afecta también, por supuesto, a las pensiones por viudedad.
El plan del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para abordar la reforma de las pensiones gira sobre el asunto espinoso de la revalorización de las nóminas. El objetivo del Gobierno es fijar las nóminas de los jubilados al IPC, pero el ministro José Luis Escrivá busca una fórmula para que no haya subidas injustificadas cuando se produzca una caída anual de la inflación, para intentar frenar el gasto en momentos de crisis. Aunque no ha detallado la propuesta, el planteamiento pasaría por congelar las pensiones cuando el IPC es negativo y se vaya compensando con las subidas de los siguientes años.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo complemento de maternidad en las pensiones. Un aspecto clave para el Ejecutivo, con el fin de reducir el 30% de diferencia en las pensiones entre hombres y mujeres y que, además servirá para ayudar a 30.000 madres (también pueden optar a ello padres) que hasta ahora no llegaban a los requisitos exigidos puesto que se concedía a partir del segundo hijo.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado que el nuevo complemento de maternidad para pensiones aprobado este martes sumará casi 400 euros anuales por hijo y desde el primero. En la misma rueda de prensa del Consejo de Ministros, Escrivá ha anunciado también que se amplía el acceso al ingreso mínimo vital (IMV) flexibilizando el concepto de unidad de convivencia.
El Gobierno ultima en estos días la reforma del complemento de maternidad en la pensión, que previsiblemente será aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, y con la que se espera dotar a la prestación de un sistema más justo y eficiente en la reducción de la brecha de género, tal y apunta el Ejecutivo. La medida, más allá, servirá para embridar el coste anual de la prestación en torno a los 600 millones de euros (coste a cierre de 2020) y evitar que se desate el desembolso, en base a los principios expuestos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que extendía a los hombres este derecho sobre el principio de igualdad.
España va a tener el dudoso honor de presentar el mayor desequilibrio fiscal en sus cuentas de toda la zona euro en 2020, 2021 y 2022. El descuadre de 2020 podría alcanzar el 12,2% del PIB (según la Comisión Europeo), el más elevado de toda la democracia. Bajo ese dato, que en gran parte se debe a un hundimiento de los ingresos y a un incremento del gasto por razones cíclicas (crisis del covid-19), se esconde un déficit estructural que lleva años creciendo. Este desequilibrio permanecerá cando España recupere la normalidad económica. Reducirlo en los buenos tiempos resulta vital para alcanzar unas cuentas saneadas que puedan dar más apoyo a la economía cuando llegue la próxima recesión.
Con una caída histórica del PIB del 11 por ciento, la mayor del mundo desarrollado; un déficit público disparado que se estima en torno al 9 por ciento del PIB; una deuda pública en el entorno del 120 por ciento de nuestro producto interior y un paro real de mas de cinco millones de personas incluyendo los autónomos y los afectados por los ERTE, la economía española adolece en la UCI a la espera de que llegue los casi 150.000 millones de dosis de vacuna, en forma de millones de euros del Fondo Europeo de Reconstrucción.
El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo que nacionalizaría compañías farmacéuticas si eso sirviera para "asegurar que el derecho a la salud se garantiza" y ha mostrado su rechazo a que "se puedan hacer negocios" y conseguir "grandes beneficios" con las vacunas contra el coronavirus "a costa de la salud pública".
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apuesta por moderar el gasto futuro en pensiones en tres puntos del producto interior bruto (PIB) -lo que supondrá unos 30.000 millones de euros- para poder blindarlas con el IPC.
El sistema público de pensiones español es uno de los más generosos de Europa en términos de cuantía de la prestación en relación al último salario percibido en la empresa (en torno al 80%). Un reflejo de esta realidad es la heterogeneidad en la implicación de esta partida en el presupuesto de las diferentes economías del euro. Así, en la última década, el incremento del gasto en pensiones tanto en la Unión Europea como en la zona euro se sitúa en torno al 27%, mientras que en España el aumento es del 40%, casi el doble que nuestros vecinos.
Una comparativa con el resto de la UE evidencia la gran magnitud de la presión a la que el gasto del sistema público de pensiones está sometido en España.
Tras el primer pago de las pensiones en 2021, todos los beneficiaros habrán notado cómo su cuenta ingresa un poco más (entre 2 y 11 euros) respecto a diciembre de 2020. Esto se debe a la subida del 0,9% general, y del 1,8% en las no contributivas, que el Gobierno aprobó para los próximos 12 meses. Un total de 163.000 millones al año para las arcas del Estado que se detalla de la siguiente forma según la pensión sea de: jubilación, invalidez, viudedad, orfandad, favor de familiares o SOVI:
El Gobierno seguirá dando aire a los autónomos más allá de los planes de ayudas específicos aprobados con motivo de la pandemia. Al menos esta es la previsión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien aseguró que la reforma del Reta en la que ya trabaja el Ejecutivo, tal y como adelantó elEcomomista, provocará la reducción de la cuota de unos 2,1 millones de trabajadores por cuenta propia. Un nuevo sistema, el de cotización en base a los ingresos reales, que según fuentes cercanas a estas negociaciones entre el Gobierno y las asociaciones representantes de los trabajadores autónomos, prevén que eche a andar en 2022.
Lo advertimos en mayo: esto no se ha acabado. Políticos, agentes sociales, y otros trincones de la colaboración público-privada se frotaban las manos mientras se les llenaba la boca de resiliencia, digitalización, y otros palabros que obnubilan al pueblo llano que asiente, ovino, a las filípicas de la caja boomer o de la red zoomer.
El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a pisar el acelerador y acometer ya la reforma de las pensiones, tal y como fuentes del Ministerio de Seguridad Social expresaron este miércoles a elEconomista. El primer punto de esa reforma, que será llevada al Consejo de Ministros en febrero, o a más tardar antes de Semana Santa, será la revalorización por ley de las pensiones al IPC a partir de 2022, lo que significa tumbar el Índice de Revalorización conocido como IRP aprobado en 2013 por Mariano Rajoy.
El Gobierno se apresura para tener lista la reforma que le permitirá fijar por ley la actualización anual de las pensiones de acuerdo con la inflación.
El PSOE ha impulsado definitivamente la derogación de la reforma de pensiones del PP aprobada en 2013. A través d de una proposición no de ley presentada esta misma semana, a la que ha tenido acceso elEconomista, el grupo parlamentario socialista pide de urgencia la derogación del facto de sostenibilidad y el famoso índice de revalorización de las pensiones (IRP) que aplicó durante tres años la subida de las pagas del 0,25%. Con ambas medidas, el PSOE busca que el Congreso convalide de derogación de esta reforma impulsada en 2013.
