Madrid 
El PSOE ha impulsado definitivamente la derogación de la reforma de pensiones del PP aprobada en 2013. A través d de una proposición no de ley presentada esta misma semana, a la que ha tenido acceso elEconomista, el grupo parlamentario socialista pide de urgencia la derogación del facto de sostenibilidad y el famoso índice de revalorización de las pensiones (IRP) que aplicó durante tres años la subida de las pagas del 0,25%. Con ambas medidas, el PSOE busca que el Congreso convalide de derogación de esta reforma impulsada en 2013.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de conformidad con las Recomendaciones del Pacto de Toledo, recientemente aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados, estudie la mesa del dialogo social la derogación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, y la implantación de la revalorización de las pensiones en función del IPC, con propuesta de modificación del artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre", apunta la propuesta del grupo socialista.
De este modo, el PSOE busca avanzar en los primeros pasos de la reforma de pensiones que deberá llevar a acabo el Ejecutivo tras el acuerdo alcanzado en octubre de 2020 en el Pacto de Toledo: el derogar aspectos de la ley que serán modificados en la reforma de la Seguridad Social que el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados, en dos fases durante este año. Precisamente, según apuntan fuentes de Moncloa acerca de esta materia, la primera fase de la reforma, que se pretende llevar a Pleno dentro del primer semestre, incluya la nueva fórmula de revalorización de las pensiones.
No obstante, las dos propuestas combinadas, la derogación del IRP y del Factor de Sostenibilidad, derriban dos de los topes que la reforma del PP había introducido en el Sistema para contener el aumento del gasto en pensiones, que el pasado año registró un déficit del 4,1% del PIB, el triple de lo registrado en el ejercicio anterior por el efecto de la pandemia que ha combinado la merma de ingresos por cotizaciones con un mayor esfuerzo protector de la Seguridad Social durante los meses de pandemia con, entre otras medidas, la aprobación de un ingreso mínimo vital por valor de 3.000 millones de euros.
Dentro de la hoja de ruta
Más allá, si bien puede llamar la atención que sea el grupo que sustenta al Gobierno quien pida esta derogación al margen de los cauces ministeriales, se trata de un paso necesario para abordar la hoja de ruta del Ministerio de Seguridad Social en su compromiso de reformar el Sistema, convalidado por el Congreso en octubre del pasado año. Así para poder introducir el nuevo sistema de revalorización, que tal y como avanzó en exclusiva elEconomista podría consistir en la media de los IPC de los tres años previos a la subida, es necesario revocar la norma que establecía el IRP como fórmula legal de actualización de las pagas.
De hecho, en el documento de reformas enviado la pasada semana a Bruselas desde el Gobierno, donde ya se recogían avances sobre las medidas que adoptará el Ejecutivo sobre el sistema de pensiones y sobre el mercado laboral, ya se recogían estos puntos como unos de los primeros a abordar. Si bien, no son los que más gustan en Bruselas, ya que lejos del equilibrio presupuestario de nuestra Seguridad Social que urge el Ejecutivo comunitario a España, ambas medidas implican de entrada un incremento de los costes en esta partida en los próximos años, agravado por la jubilación de la generación del baby boom ya al caer.
Por su parte, la oposición critica la falta de comunicación del Gobierno en materia de reforma de pensiones, a pesar de los compromisos que el Ejecutivo adoptó con los partidos representados en la Comisión del Pacto de Toledo. Y más allá, fuentes cercanas a las negociaciones en ciernes sobre la materia en la Mesa de Diálogo apuntan que esta vía de la propuesta no de ley "sorprende" al involucrar al grupo parlamentario en una punto que podría haber sido modificado ya en la reforma que presente de la ley de Seguridad Social tras la negociación con patronal y sindicatos, y recogiendo las peticiones de Bruselas al respecto.
