La despenalización de las jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores con carreras laborales de 40 o más años cotizados vuelve a situarse como uno de los puntos cruciales de la reforma de pensiones. Por un lado, la asociación que abandera esta reivindicación hizo llegar sus propuestas a la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la pasada semana, al tiempo que desde Unidas Podemos y el resto de partidos de la Comisión preparan estos días las peticiones de comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para dar cuenta de esta y el resto de medidas en las que trabaja el Ejecutivo con los agentes sociales para la reforma del Sistema.
Concretamente, el debate en ciernes será, principalmente, por el coste que tendría dicha medida (abrir la mano a las jubilaciones anticipadas con 40 años cotizados) para la Seguridad Social. En un informe preliminar filtrado en medios, el Ejecutivo sitúa el volumen de posibles beneficiarios de esta medida en las 2,1 millones de personas, mientras que desde la asociación Asjubi40 cifran este colectivo en unas 530.000 personas, lo que supone en términos monetarios un coste que sería cuatro veces mayor según el cálculo del Ministerio de Seguridad Social.
Más allá, estas cifras deberán ser confirmadas en el informe que según ha podido saber elEconomista está ultimando el Gabinete del ministro Escrivá para entregarlo a los miembros del Pacto de Toledo, tal y como se recoge en la recomendación doce del texto aprobado por la Comisión en octubre de 2020.
Según apuntan los partidos en el documento de recomendaciones, "la jubilación anticipada sigue utilizándose a menudo como una fórmula de regulación del empleo". Y a juicio de la Comisión, esta práctica debe modificarse "reservándose esta modalidad de jubilación a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y que opten por acogerse a ella".
En este punto, la Comisión considera esencial, previa identificación del colectivo, analizar los costes financieros y la equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican en los casos de jubilación anticipada, "poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma -voluntaria o forzada por las circunstancias-, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación", subraya el texto. En lo que se concluye que a la vista de dicho análisis -una vez determinada la situación de aquellas jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores pueda producir un efecto inequitativo- "el Gobierno propondrá una respuesta, en el plazo máximo de 3 meses, a la Comisión del Pacto de Toledo".
Cabe recordar, que desde Unidas Podemos ya advirtieron recientemente al ministro Escrivá en la Comisión de Seguridad Social celebrada hace escasos días que no apoyarán ninguna medida que lleve el Ejecutivo a término sobre la reforma de pensiones que implique recortes. Y en este caso, concretamente, piden levantar esa penalización para quienes abandonaron el mercado laboral de manera anticipada e involuntaria que acumulan mermas del 40% en las prestaciones.
