El Gobierno se apresura para tener lista la reforma que le permitirá fijar por ley la actualización anual de las pensiones de acuerdo con la inflación.
En paralelo, el Grupo Socialista en el Congreso solicita la vía de urgencia para derogar el Índice de Revalorización de esas prestaciones, es decir, el mecanismo que impedía que experimentaran alzas superiores al 0,25% mientras persistiera el déficit de la Seguridad Social. Es sabido que el proyecto de blindar legalmente la indexación de las pensiones al IPC forma parte de las propuestas que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo dirigió al Gobierno a finales del año pasado. Sólo puede sorprender la premura con la que el Ejecutivo quiere dotar de rango de ley a una medida que, por ahora, no pasa de ser una recomendación. Las prisas por elevar aún más el gasto en pensiones son especialmente llamativas considerando que el cambio se llevará a cabo en una situación económica crítica. El azote de la crisis ha diezmado el mercado laboral mientras el déficit de la Seguridad Social alcanzó, según las previsiones, la cifra récord del 4,1% del PIB en 2020. Sin embargo, la prioridad del Ejecutivo se focaliza en desmontar todas las medidas de racionalización del gasto que implantó la reforma de 2013. No en vano todo apunta a que el siguiente paso será la derogación del Factor de Sostenibilidad, pese a que el Pacto de Toledo no hace referencia a él y nunca ha llegado a entrar en vigor.
En plena crisis, el Gobierno no duda en acelerar el 'blindaje' de la indexación de estas prestaciones con la inflación
Es posible que estas decisiones brinden al Gobierno réditos políticos, ahora que el calendario electoral vuelve a activarse con las elecciones catalanas. Pero lo hará a costa de propinar un golpe de gran intensidad a la viabilidad misma del sistema público de pensiones.
