Con una caída histórica del PIB del 11 por ciento, la mayor del mundo desarrollado; un déficit público disparado que se estima en torno al 9 por ciento del PIB; una deuda pública en el entorno del 120 por ciento de nuestro producto interior y un paro real de mas de cinco millones de personas incluyendo los autónomos y los afectados por los ERTE, la economía española adolece en la UCI a la espera de que llegue los casi 150.000 millones de dosis de vacuna, en forma de millones de euros del Fondo Europeo de Reconstrucción.
Pero como está ocurriendo con las vacunas contra la pandemia del COVID todo indica que también esta vacuna económica se vea afectada por retrasos e incluso recortes más o menos sustanciales que pueden ser letales para España, máxime cuando el Gobierno ha incluido ya 27.000 millones de esos fondos en los Presupuestos del Estado para 2021 y cuando los datos apuntan a una recuperación más lenta de lo que se esperaba.
Es en este contexto donde hay que recordar que para librar esos dineros, aparte de la aprobación de todos los estados miembros, la Comisión Europea exige que las medidas y proyectos presentados por los distintos países cumplan con los requisitos y las recomendaciones aprobadas por la propia Comisión y el Consejo Europeo, con la advertencia prevista en el reglamento de los Fondos de que de no hacerlo se recortará, como primera medida, un 25 por ciento de la cantidad prevista para el país infractor, que en el caso de España supondría una rebaja de nada menos que 37.000 millones de euros.
Y aquí surge el primer y grave escollo porque entre las exigencias principales de Bruselas para nuestro país se encuentran el proyecto de reforma laboral que debe mantener el principio de flexibilidad que caracteriza a la reforma de Fátima Báñez del año 2012 y que hizo posible la creación de hasta medio millón de empleos anuales. Eso y también la reforma que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones y garantizar de una vez por todas y de forma efectiva la unidad de mercado. Condiciones que se antojan de muy difícil cumplimiento por la beligerancia respecto a las dos primeras, de Podemos en connivencia con los sindicatos mayoritarios, y de los nacionalismos en el caso del mercado.
Eso y, además, que como ya advirtió la presidente de la CE, Úrsula Von der Leyen, la Comisión va exigir el "máximo consenso" y la plena coordinación con las comunidades autónomas en todo lo que concierne a los proyectos y al reparto de los Fondos. Condición esta que dista mucho de lo dispuesto en el decreto aprobado la semana pasada en el Parlamento español, gracias a la incoherente abstención de VOX, y que va a permitir a Pedro Sánchez y a su gobierno socialbolivariano manejar el dinero europeo sin control y sin consenso en unas condiciones que huelen demasiado a opacidad, corrupción y clientelismo. Algo sobre lo que ya han alertado determinados presidentes autonómicos que denuncian la nula comunicación con el Gobierno y que los criterios de reparto elegidos por Moncloa rompen con el sistema de financiación autonómica y los principios de la UE. Al tiempo que se temen, en palabras del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo que como siempre "gana Cataluña y perdemos los mismos".
Si a esto unimos que las condiciones de la Comisión priman la distribución de los Fondos para proyectos de innovación, eficiencia energética, y transición digital, por encima de la reconstrucción de los sectores más deteriorados durante la crisis como las pymes y la hostelería que en España aporta más del 6,2 por ciento del PIB y emplea a 1,7 millones de trabajadores, pues habrá que convenir que como está ocurriendo con las vacunas sanitarias, la vacuna económica parece que no llegará en plazo, con las cantidades acordadas y que tampoco habrá dosis para todos.
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