Se han necesitado nueve años y más de cuatro de duras negociaciones, para que la Comisión del Pacto de Toledo llegara por fin el viernes a un acuerdo sobre el borrador de propuestas para reformar el sistema público de pensiones.
Es cierto que solo se trata de un primer paso y que la definitiva reforma aún debe superar muchos escollos en su camino hasta llegar a ser aprobada por el Congreso. Pero el mero hecho de que la Comisión alcance un mínimo consenso debe ser valorado de manera positiva. Máxime ante la crítica situación que la Seguridad Social presenta, con un déficit anual de 18.000 millones y que esta crisis agravará de manera significativa hasta 25.000 millones. También supone una buena noticia que entre las líneas maestras del acuerdo se incluya el fomento de una vida activa más larga, los desincentivos a las prejubilaciones y el rechazo a la subidas de cotizaciones para las rentas altas. Muchas más dudas despierta el regreso de la vinculación de la revalorización de las pensiones a la inflación por ley. Sigue vigente el problema de cómo financiar el aumento del gasto (1.600 millones más solo en 2021 con el incremento ya comprometido del 0,9% en las prestaciones), que esta medida supone. La "solución" que el Pacto de Toledo prevé ahora de liberar a la Seguridad Social de todo el gasto no contributivo que soporta, pasando hasta 23.000 millones a los Presupuestos Generales del Estado, no es un más que un lavado de cara del déficit que esta administración presenta.
El acuerdo del Pacto de Toledo es un primer paso en la buena dirección ante la crítica situación de la Seguridad Social
Por todo ello, el acuerdo es un primer paso necesario y en la buena dirección. Pero, por desgracia, está aún por abordarse el problema de cómo racionalizar el gasto del sistema público de pensiones y hacerlo sostenible.
