Madrid
El paso previo necesario para aprobar la reforma de pensiones en España, que el Ejecutivo prevé articular en dos fases, eche a andar pasa por remover algunos de los conceptos que hoy rigen la ley de las jubilaciones en nuestro país. Dos de estos aspectos que serán modificados y que el PSOE pidió recientemente en el Congreso derogar con carácter de urgencia son el conocido como IRP -el índice de revalorización de las pensiones que aplicó durante tres años subidas del 0,25%- y el conocido como factor de sostenibilidad previsto para incluir en el cálculo de la pensión las ganancias de esperanza de vida. Ambas medidas aplicada al mismo tiempo suponen imprimir un aumento del gasto en la partidas de pensiones de 44.000 millones de euros en los próximos años.
Por un lado, la AIReF calculó en el momento de su aprobación que el factor de sostenibilidad supondría en las próximas décadas un ahorro de la partida presupuestaria del 0,6% del PIB -cerca de 8.000 millones de euros-, mientras que el Banco de España sitúa la senda de coste de volver a revalorizar anualmente en base a la inflación en un incremento de 36.000 millones sobre el valor actual para el año 2050. En suma, ambas medidas imprimirían un gasto de 44.000 millones de euros.
Sin embargo, la cifra podría ser aún más abultada atendiendo a las proyecciones realizadas por Fedea del coste de derogar la reforma de 2013. Así pues, la derogación completa de la reforma de 2013 podría llevar a nuestro gasto en pensiones hasta el 17,5% del PIB en 2050, lo que supondría un aumento de casi 5 puntos en relación con un escenario en el que se mantienen sus mecanismos de control automático del gasto. Este incremento provendría fundamentalmente de la vuelta a la indexación total de las pensiones pues mantener el factor de sostenibilidad con la fecha prevista de entrada en vigor sólo reduciría el pico de gasto en aproximadamente un punto, aunque su impacto sería creciente en el tiempo.
En promedio durante el próximo medio siglo (2020-70), la supresión de los dos grandes elementos de la reforma incrementaría el gasto medio anual en pensiones en 3,8 puntos de PIB en nuestro escenario demográfico base. Puesto que la recaudación del IRPF ha estado en años recientes en torno al 7,5% del PIB, para financiar este cambio de política sería necesario aumentar el tipo medio de este impuesto en un 50%, o en un 40% si se mantiene el factor de sostenibilidad.
Impacto de la inmigración
Más allá, según explica Fedea, en un escenario de elevada inmigración el pico de gasto sobre PIB se reduce significativamente, pero no lo suficiente como para resolver los problemas de sostenibilidad.
Así, en nuestro escenario demográfico central, el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social (incluyendo prestaciones y costes de administración) aumentaría en unos seis puntos de PIB durante las próximas décadas, hasta alcanzar un máximo del 17% del PIB en torno a 2052.
Los ingresos del sistema, incluyendo cotizaciones y transferencias estatales para financiar complementos a mínimos y otros gastos realmente impropios, se mantendrían en torno al 9,5% del PIB, con lo que el déficit del sistema iría creciendo desde 1,2 puntos iniciales hasta 7,5 puntos alrededor de 2050, con una media anual de 5,2 puntos entre 2020 y 2070.
Mientras, en el escenario de alta inmigración, el pico de gasto se reduciría hasta el 13,6% del PIB y el de déficit hasta 3,9 puntos, pero el sistema seguiría experimentando un déficit significativo durante el próximo medio siglo (un 3,2% del PIB en promedio) que plantearía claros problemas de sostenibilidad. A esto habría que añadir las pensiones de clases pasivas que supusieron un gasto de 1,2 puntos de PIB en 2020 y que, aunque con tendencia decreciente, seguirán suponiendo un gasto significativo durante varias décadas.
Mayores desequilibrios
De este modo, según Fedea, la contrarreforma de pensiones que el Gobierno está planteando comportaría un aumento muy considerable del gasto durante las próximas décadas que podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema hasta hacerlo inviable, abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro y un reparto muy injusto de los necesarios ajustes entre las distintas cohortes de pensionistas. En ausencia de otras medidas, este cambio de política condenaría al sistema público de pensiones a un déficit permanente que aumentaría significativamente durante las próximas tres décadas.
Así, para evitar una espiral de deuda que nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos, resultaría necesaria una inyección muy considerable de recursos al sistema que podría provenir de una subida de las cotizaciones sociales o de un incremento de las aportaciones del Estado financiadas con mayores impuestos generales.
