La implantación de la semana laboral de cuatro días, que ya cuenta con un proyecto piloto del Gobierno, puede ser el golpe definitivo para el sistema público de pensiones. Los expertos alertan que resulta ilusorio esperar que las empresas puedan compensar una reducción del 20% en la jornada laboral con un avance idéntico de la productividad, especialmente en medio de una crisis como la actual.
En su lugar, tendrán que hacer ajustes (a la baja) en los salarios y, por tanto, en los ingresos por cotizaciones. Conviene resaltar que esta merma coincidiría con el preocupante descenso que muestra el número de afiliados (ya situado por debajo de 19 millones), lo que aboca a la Seguridad Social a una situación financieramente insostenible.
