Celsa

¿Cuánto vale Celsa? Los actuales accionistas de la siderúrgica y sus acreedores tienen opiniones dispares. Mientras los primeros exhiben un informe de Lazard y AZ Capital que cifra el precio de la compañía en 6.000 millones, los tenedores de la deuda se basan en una valoración de Lexaudit, el experto independiente de la reestructuración, para rebajar la cifra a 2.400 millones, menos del montante que se les debe. Con este dato basan su órdago para quedarse con el 100% del capital, pero ahora un contrainforme elaborado por la firma de auditoría BDO denuncia que el documento está basado en "errores significativos" y advierte de que "no se ha procedido de manera diligente desde un punto de vista profesional".

Al borde del plazo que les dio el juez, los Rubiralta se oponen al plan de reestructuración definitivo presentado por los fondos para quedarse con Celsa. Los actuales propietarios de la siderúrgica presentaron su escrito de recurso a la propuesta hecha por los acreedores: quedarse con el 100% del capital a cambio de recortar su endeudamiento en casi 1.300 millones de euros.

La etiqueta 'verde' hace meses que se ha colado como coletilla en la mayoría de los sectores de la economía. Hoy todo es ecológico y sostenible; desde los yogures hasta las vigas para la construcción. El sector del acero no iba a ser diferente. Y en un momento en el que cada vez son más los clientes que miden las emisiones a la hora de adquirir sus productos, este apellido cobra especial importancia. El problema llega cuando ni el propio sector se pone de acuerdo sobre qué es acero verde. A falta de una normativa común, cada empresa barre casa y promulga estándares que beneficien a sus mediciones. Así, Acerinox y Arcelormittal respaldan la asociación Responsible Steel mientras que Celsa es uno de los fundadores de Global Steel Climate Council (GSCC). Evidentemente, cada uno defiende su organización y acusa a la otra de ser poco fiable.

Con el plan de reestructuración de Celsa ya sobre la mesa del juez, tanto los actuales accionistas de la siderúrgica como sus acreedores trabajan en un abanico de alternativas para tomar el control de la compañía. Una sentencia favorable podría no ser el final de un culebrón en el que aguarda su momento el Gobierno. A la espera de ver si se activa el escudo 'anti opas', las condiciones del rescate de 550 millones de euros aprobado por la Sepi y la realidad del mercado limitan a los Rubiralta y a los tenedores de la deuda en su búsqueda de inversores.

Los fondos acreedores de Celsa prosiguen con la ofensiva judicial para quedarse con la siderúrgica. Tras presentar en septiembre la primera reestructuración bajo la nueva ley concursal, el grupo de tenedores de la deuda quemó las etapas preliminares hasta que este jueves pudo al fin depositar su propuesta definitiva de reestructuración de la compañía para hacerse con el 100% del accionariado a cambio de recortar su endeudamiento en casi 1.300 millones de euros.

La familia Rubiralta luce el apoyo de las administraciones públicas a las puertas del fallo judicial sobre su reestructuración. La compañía presentó oficialmente este martes su nuevo sistema de refrigeración en su acería central de Castellbisbal (Barcelona) de una forma poco habitual frente a su tradicional discreción: contó con la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en un acto al que convocaron a los medios de comunicación y estuvo presente parte de la plantilla.

La familia Rubiralta ya trabaja en un plan B ante las dificultades de alcanzar un acuerdo con los fondos de Celsa. La saga catalana ya ha asumido que va a tener que ceder parte del capital de la siderúrgica. Y ante el temor de que el juez ejecute el plan de reestructuración instado por los acreedores ya sondean la posibilidad de que un inversor amigo adquiera la deuda. Más ahora que saben que Deutsche Bank, SVP y compañía están dispuestos a vender ante el temor de que el Gobierno aplique el escudo antiopas.

Nuevo capítulo en el enfrentamiento judicial que mantienen los Rubiralta y los fondos acreedores por el control de Celsa. Lexaudit, el experto independiente escogido para la reestructuración, presentó esta semana su valoración y cualificó a la siderúrgica en un precio máximo de 2.800 millones, una cifra que es igual a la deuda que arrastra tanto con los vehículos como con la banca. "Dado que el valor ni siquiera cubre el pasivo de la empresa, las acciones de Celsa carecen de valor", denuncian los fondos. Sin embargo, los actuales propietarios de la organización rechazan las cifras y aseguran contar con una valoración de 6.000 millones de euros realizada por Lazard.

Nuevo frente para Celsa. Al conflicto con los acreedores, la siderúrgica suma ahora un enfrentamiento con sus trabajadores. En plena negociación del nuevo convenio colectivo, la plantilla ha convocado una huelga indefinida en la planta de Castellbisbal (Barcelona) a partir del 3 de marzo por la pérdida de poder adquisitivo en comparación con la inflación.

A pesar de marcar líneas rojas durante medio año, los Rubiralta dan un giro en su negociación con los fondos por el futuro de Celsa. La familia propietaria de la siderúrgica ha aceptado por primera vez dar entrada a los acreedores en el capital de la firma, siempre y cuando se queden por debajo del 50%. Las conversaciones se retoman ahora mientras la resolución del plan de reestructuración se acerca.

Los fondos acreedores de Celsa se arman en plena reestructuración de Celsa. La alianza capitaneada por Deutsche Bank y Goldman Sachs estrenó la nueva ley concursal con la siderúrgica; un proceso sobre el que no hay precedentes y en el que, por el momento, la justicia les fue dando la razón. Para ello se rodearon de asesores y más allá de Houlihan Lokey, la entidad que los coordina, se pusieron en manos de la firma londinense Glas para acreditar que ostentan el 70,96% de los 2.700 millones de pasivo que arrastra la organización catalana.

La justicia rechaza de nuevo el argumentario de Celsa para frenar la reestructuración instada por sus acreedores. En pleno enfrentamiento con la familia Rubiralta, propietarios de la siderúrgica, los fondos tenedores de 2.400 millones de su deuda estrenaron la nueva ley concursal con la compañía. Para la figura del mediador independiente propusieron a la firma Lexaudit, que la industria trató de apartar del procedimiento asegurando que no era imparcial. El juez no ha accedido: "No hay ningún motivo, más allá del prejuicio, para cuestionar la objetividad de Lexaudit como experto en reestructuraciones.", advierte.

Con su patrimonio ya saneado, Volotea ya ultima los preparativos para el lanzamiento de la temporada de verano de 2023. La organización respira desde que el pasado junio la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó un rescate de 200 millones de euros, el sexto más grande del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Lo hizo con no pocas contrapartidas. La gestora pública exigió el 100% de las acciones y una hipoteca sobre los Airbus A319 con los que cuenta la compañía aérea.

Celsa refuerza su cúpula directiva. La siderúrgica catalana ha nombrado un nuevo vicepresidente y ha reforzado las funciones de su director de Operaciones con tal de “dotarse de la mejor y más profesionalizada estructura de gobernanza”. La compañía tiró de promoción interna y escogió a Luis Sanz, hasta el momento director Comercial y de Marketing, para las operaciones y a Francesc Mesegué, hasta ahora director de Operaciones, como vicepresidente.

La gran empresa catalana saca pecho de las fortalezas del territorio como potencia tecnológica en el Viejo Continente. Las grandes compañías del territorio se felicitaron en el foro empresarial Catalunya, potencia tecnológica y empresarial europea organizado por elEconomista.es el momento actual que viven a pesar del auge de la competencia de otras grandes urbes en España o la desventaja fiscal frente a otros territorios. Cataluña cuenta con el atractivo suficiente para seguir siendo una potencia tecnológica y seguir atrayendo talento, celebraron.

Celsa logra tres meses de oxígeno en plena guerra con los fondos. La siderúrgica española prolonga por tres meses las líneas de circulante firmadas con la banca española por valor de 525 millones de euros y que utiliza para operar en su día a día. Los Rubiralta, los dueños de la empresa, ganan así tiempo en el enfrentamiento judicial que mantienen con sus acreedores.

Los fondos y la familia Rubiralta ya tienen a quién tutelará el plan de reestructuración de Celsa. El juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona ha designado a la firma Lexaudit para que medie en el conflicto entre ambos por hacerse con el control de la compañía. El bufete actuará como asesor de reestructuración, una figura que incluye la nueva ley concursal para buscar un acuerdo entre los tenedores de la deuda y los accionistas de la empresa en problemas.

Aunque no son parte activa de la negociación entre Celsa y los fondos tenedores de su deuda, los bancos juegan un papel relevante en el futuro de la siderúrgica. Las grandes entidades españolas tienen firmadas líneas de circulante por valor de 525 millones de euros para que la compañía pueda funcionar en su día a día que caducan a finales de octubre. Y piensan esperar a ver cómo termina el conflicto entre empresa y fondos para renovarlas. Sin un pacto, el pool no prolongará el instrumento.

Los errores que lastran el futuro de Celsa

Los tenedores de la deuda de Celsa han presentado un preconcurso en los juzgados. Ofrecen un plan de reestructuración que consiste en reducir el pasivo en 1.291 millones a cambio de hacerse con el 100% de la firma, lo que supondría el fin de los Rubiralta, la familia propietaria, en el accionariado. Una situación a la que se ha llegado pese a que la SEPI aprobó un rescate de 550 millones para la empresa hace tres meses. El problema es que el desembolso estaba supeditado a un acuerdo entre Celsa y los acreedores que no ha llegado. Muy al contrario, los fondos han esperado a la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, que permite esta maniobra para dar un golpe para el que incomprensiblemente la empresa no se había preparado. Este es el último de una serie de errores de gestión en una compañía que, desde 2017, arrastra una situación financiera crítica, por ser incapaz de competir en un mercado maduro como el del acero.

Nuevo hito para la catalana Celsa, el primer grupo siderúrgico español. Tres meses después de que el Gobierno aprobase el rescate del grupo industrial, la empresa todavía no ha visto ni un euro. El Ejecutivo y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) supeditaron la entrega de los 550 millones de euros a un acuerdo entre empresa y acreedores que aún no ha llegado. Después de semanas de negociaciones infructuosas, los fondos acreedores han lanzado un órdago y han invocado la entrada en vigor de Ley Concursal para presentar un plan de reestructuración con una nueva oferta: reducir la deuda en 1.291 millones de euros a cambio de hacerse con el 100% de la siderúrgica.

Francesc Rubiralta es la pieza clave para entender la Celsa de hoy. Hijo de Francisco Rubiralta, fundador del grupo siderúrgico, la política de expansión emprendida hace 15 años que terminó por endeudar a la compañía por encima de sus posibilidades lleva su sello. El actual consejero delegado y presidente de la empresa con sede en Castellbisbal (Barcelona) tenía la mano rota de negociar refinanciaciones con la banca, pero los viejos códigos no sirven con los fondos de inversión que compraron el pasivo a las entidades a precio de saldo y los impagos provocados por el coronavirus.

Mientras negocia su rescate en España con los fondos acreedores, Celsa disfruta de los mejores resultados de su historia en Reino Unido. Ya avisó de que el año 2021 había sido un buen ejercicio tras un 2020 en el que los problemas logísticos y las restricciones abocaron a la organización a la crisis financiera actual. En el archipiélago, el Ejecutivo actuó en julio de 2020 y le concedió un préstamo de urgencia para aliviar su situación. Un año y medio después, la firma saborea unas ganancias de 21,2 millones de libras (25,3 millones de euros al cambio), un 250% más de lo que había logrado nunca.

Mientras negocian (con calma) los términos del acuerdo para acceder al rescate público de 550 millones de la Sepi, Celsa y sus acreedores mantienen abierto su enfrentamiento judicial. Con victorias en el historial para ambas partes, la compañía presumía hasta ahora de los tribunales avalaban que hubiese dejado de pagar el préstamo Jumbo, de 750 millones de euros, por la pandemia. Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial de Madrid le confirma lo que ya sabía: en mayo de 2023 le espera el pago del crédito convertible, de 1.500 millones, sobre el que había solicitado medidas cautelares.

Cuando Sepi aprobó el rescate de 550 millones de euros para Celsa también incluyó una cláusula de salida en el caso de que la siderúrgica no pueda hacer frente al vencimiento de los dos préstamos en los que se articuló la ayuda pública. El Estado tiene claro que no convertirá el crédito en acciones ni refinanciará el pasivo, por ello abrió dos vías de escape: que la compañía realice una emisión de bonos o que sea la banca tradicional la que se haga cargo de los créditos.

Aunque ya está aprobada, ni Celsa ni los fondos acreedores recibieron todavía la ayuda de 550 millones de euros de la Sepi. El organismo público espera a que ambas partes llegue a un acuerdo de quita de deuda y, a pesar de las prisas con las que se negoció en junio, el proceso bajó de revoluciones. Ninguna de las partes tiene prisa: la institución tiene reservada la cantidad y no tiene fecha límite para distribuirla.

La Sepi aprovecha los últimos días de vigencia del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas para rescatar a Celsa, Isastur, Imasa, Vivanta, Blue Sea y Meeting Point por 700 millones.

La Sepi acelera los trámites para que el rescate de Celsa se produzca a tiempo. A pesar de que todavía no existe un acuerdo entre la siderúrgica y los acreedores, el consejo gestor de la entidad aprobó este viernes la concesión de un préstamo de 550 millones y envió el expediente a Bruselas para que la Comisión Europea otorgue el visto bueno definitivo.

El 30 de junio está cada vez más cerca y Celsa y sus acreedores todavía no han llegado a un acuerdo que desbloquee el rescate de la Sepi. La siderúrgica y los fondos tenedores de su deuda negocian de forma prácticamente ininterrumpida desde hace jornadas y aunque el pacto todavía no está ni mucho menos cerrado las conversaciones se acercaron mucho desde el punto en el que partían.

A pesar de la guerra de comunicados de los últimos días, Celsa y sus acreedores acercaron posturas desde la semana pasada. Aunque lentamente, las negociaciones avanzan. El conflicto entre la siderúrgica y los tenedores de la deuda para desbloquear el rescate de la Sepi pasa por la concesión de un nuevo préstamo que los fondos quieren que sea de 550 millones de euros. En su última oferta, la familia Rubiralta aceptó la creación de un nuevo instrumento, pero por valor de 125 millones de euros.

Los fondos acreedores de Celsa culpan a la familia Rubiralta de que el rescate de la siderúrgica siga bloqueado. Los tenedores de la deuda de la compañía achacaron a "los intereses económicos" de la saga catalana que la Sepi todavía no haya sellado la ayuda de 550 millones de euros.