Barcelona
Los fondos y la familia Rubiralta ya tienen a quién tutelará el plan de reestructuración de Celsa. El juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona ha designado a la firma Lexaudit para que medie en el conflicto entre ambos por hacerse con el control de la compañía. El bufete actuará como asesor de reestructuración, una figura que incluye la nueva ley concursal para buscar un acuerdo entre los tenedores de la deuda y los accionistas de la empresa en problemas.
Los fondos acreedores de Celsa estrenaron la ley concursal en su primer día de vigencia con una propuesta para convertir 1.291 millones de deuda en acciones y quedarse con la totalidad de la siderúrgica. La propuesta fue rechazada de pleno por los actuales dueños, pero el magistrado admitió a trámite el proceso.
El siguiente paso era nombrar un asesor que, a propuesta de los fondos, será Lexaudit. Será el encargado, bajo la supervisión del magistrado, de tratar de tender puentes entre ambas partes para que se llegue a un acuerdo en la negociación que desbloquee el rescate de 550 millones prometido por la Sepi.
Los fondos ofrecen condonar 1.291 millones de deuda a cambio de quedarse con la empresa
Más allá de quedarse con la empresa a cambio de perdonas 1.291 millones de deuda, los acreedores también ofrecen extender los vencimientos de 935 millones de deuda durante cinco años.
Entre los fondos acreedores destacan las firmas Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Sculptor, Capital Group, Goldentree, Attestor y Anchorage.
El impacto del caso Celsa en la nueva ley concursal
Las fuentes consultadas por elEconomista.es señalan además que, como en todos los cambios legislativos de los últimos años, las primeras operaciones y su resolución, como es el caso de Celsa, marcarán la ruta a seguir en las próximas reestructuraciones y el marco de aplicación futuro. Recuerdan también las múltiples casuísticas en empresas potencialmente objeto de concurso o reestructuración.
Este escenario, unido a la dificultad de refinanciación de los préstamos avalados por el ICO y la incertidumbre preliminar sobre la aplicación de la Nueva Ley Concursal, hace que los expertos anticipen un incremento significativo de las operaciones de restructuración, pero no prevén que se produzca hasta el primer trimestre de 2023.
