Barcelona/Madrid
Nuevo hito para la catalana Celsa, el primer grupo siderúrgico español. Tres meses después de que el Gobierno aprobase el rescate del grupo industrial, la empresa todavía no ha visto ni un euro. El Ejecutivo y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) supeditaron la entrega de los 550 millones de euros a un acuerdo entre empresa y acreedores que aún no ha llegado. Después de semanas de negociaciones infructuosas, los fondos acreedores han lanzado un órdago y han invocado la entrada en vigor de Ley Concursal para presentar un plan de reestructuración con una nueva oferta: reducir la deuda en 1.291 millones de euros a cambio de hacerse con el 100% de la siderúrgica.
Los tenedores del grueso de la deuda presentaron la madrugada del lunes un plan de reestructuración (similar a la antigua petición de preconcurso) en los juzgados. Fuentes cercanas a la operación señalan a este medio que "los fondos han estado esperando para mover ficha hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal, ya que la nueva normativa permite arrastrar a los socios en un plan de reestructuración de la compañía y obligarles a la capitalización de créditos, de cara al próximo vencimiento de deuda de octubre".
Celsa ha incumplido los pagos de deuda desde el estallido de la pandemia, un conflicto que también está judicializado y en el que el juzgado de Primera Instancia 60 de Madrid dio la razón a la compañía. Octubre se vislumbra especialmente complicado: afronta el pago de más de 1.000 millones de euros a devolver entre los fondos y una línea de 525 millones de circulante firmada con la gran banca.
Los fondos lanzan un órdago a una negociación en la que Celsa ya se acercaba a algunas de las demandas de los acreedores
Ante la previsión de nuevos impagos, los acreedores, representados por Houlihan Lokey, lanzan un órdago a la compañía. Lo hacen a las primeras de cambio, el primer día de vigencia de la Ley Concursal y a pesar de que desde la siderúrgica insisten en que las negociaciones se mantienen. "Se trata de una medida de presión para decantar las conversaciones", señala el entorno de la sociedad. Además, saca pecho de un Ebitda "récord" de 483 millones entre enero y agosto de este año.
Fuentes de la empresa explican que la última oferta realizada contemplaba la creación de un nuevo instrumento de deuda de 450 millones a un interés del 8% radicado en la Unión Europea.
La propuesta recogía el cable de la realizada por los tenedores de la deuda el 9 de junio, que pedía un mecanismo de 550 millones al 10% de interés con sede el Luxemburgo. Incluía además derechos sobre el 49% de los beneficios, algo que no contempla la proposición de los accionistas actuales.
Con la negociación abierta, la jugada cogió a la firma a pie cambiado y no se había blindado judicialmente para evitar la petición. Al ser festivo en Barcelona, ni Celsa recibió ninguna notificación judicial -la reestructuración se presentó de forma telemática- ni los fondos podían tener constancia de si se había hecho algún movimiento previo en los tribunales.
Los acreedores rebajan en casi 1.300 millones la deuda actual a cambio de quedarse con el 100% de Celsa
Los inversores pretenden convertir 1.100 millones del crédito convertible (de un total de 1.500 millones) y otros 165 millones del préstamo jumbo (de un total de 750 millones) en acciones. Ofrecen también dividir en dos las líneas de 525 millones firmadas con la banca y extender los vencimientos de la deuda restante por un lustro.
Además, con la propuesta no sería necesario el rescate de la SEPI, que podría retirar el rescate al modificarse las condiciones acordadas en junio. Desde el organismo público señalan que no recibieron ningún tipo de información sobre esta nueva propuesta y recordaron: "El rescate está supeditado a un acuerdo, cuando se nos notifique analizaremos su contenido".
Los acreedores además trataron de romper el discurso lanzado desde la compañía y aseguraron que tienen vocación de hacer Celsa una empresa viable y no de trocearla.
Sin embargo, la entrada en el capital fue una de las líneas rojas marcadas por los actuales propietarios durante la negociación. Ni siquiera veían con buenos ojos otorgar una participación minoritaria, por lo que ceder el total de la organización se antoja como una demanda que no aceptarán. Sobre esta línea versaron las negociaciones durante las últimas semanas. Ahora, y con la entrada en vigor de la nueva ley concursal, será un juez el que deberá tutelar las conversaciones.
Entre los fondos acreedores destacan las firmas Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Sculptor, Capital Group, Goldentree, Attestor y Anchorage.
El impacto del caso Celsa en la nueva ley concursal
Las fuentes consultadas por elEconomista.es señalan además que, como en todos los cambios legislativos de los últimos años, las primeras operaciones y su resolución, como es el caso de Celsa, marcarán la ruta a seguir en las próximas reestructuraciones y el marco de aplicación futuro. Recuerdan también las múltiples casuísticas en empresas potencialmente objeto de concurso o reestructuración.
Este escenario, unido a la dificultad de refinanciación de los préstamos avalados por el ICO y la incertidumbre preliminar sobre la aplicación de la Nueva Ley Concursal, hace que los expertos anticipen un incremento significativo de las operaciones de restructuración, pero no prevén que se produzca hasta el primer trimestre de 2023.