Barcelona
Mientras negocian (con calma) los términos del acuerdo para acceder al rescate público de 550 millones de la Sepi, Celsa y sus acreedores mantienen abierto su enfrentamiento judicial. Con victorias en el historial para ambas partes, la compañía presumía hasta ahora de los tribunales avalaban que hubiese dejado de pagar el préstamo Jumbo, de 750 millones de euros, por la pandemia. Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial de Madrid le confirma lo que ya sabía: en mayo de 2023 le espera el pago del crédito convertible, de 1.500 millones, sobre el que había solicitado medidas cautelares.
Un auto del tribunal notificado a las partes el pasado 26 de julio confirmó la denegación de la protección cautelar solicitada por Celsa para el tramo de deuda convertible. La petición ya había sido rechazada y la siderúrgica recurrió. La Audiencia hizo suyos los argumentos del juzgado de primera instancia número 67 de Madrid: la organización había realizado la misma petición a un juzgado de Barcelona, que la había denegado. Además, impuso a la empresa de los Rubiralta el pago de las costas generadas por el procedimiento, señalan fuentes de los fondos acreedores.
A pesar de la notificación, la compañía considera que el auto no llegará a tener efecto. "Se refiere exclusivamente a la solicitud de cautelares y se funda exclusivamente en motivos procesales, sin tratar ni valorar la cuestión existente de fondo", explican desde el entorno de la sociedad. La deuda convertible de Celsa ya carecía de protección desde noviembre, cuando la eliminó el magistrado de primera instancia.
La siderúrgica recuerda que ya vivió una situación parecida con el préstamo Jumbo y el juez terminó dándole la razón
La acerera compara la situación actual con la vivida con el préstamo Jumbo, que sí ha impagado desde el inicio de la pandemia. El juzgado de primera instancia número 60 de Madrid alzó las cautelares. En mayo, el mismo magistrado apreció que la empresa había sido "diligente" en no hacer frente a los vencimientos de la deuda al existir una causa de fuerza mayor como era la pandemia.
La empresa confía en obtener también ahora el visto bueno judicial a su actuación tras un varapalo inicial. No obstante, existen diferencias con la deuda convertible: se debe sufragar en un único pago, previsto para mayo de 2023. La firma todavía no impagó los 1.500 millones, pero si la justicia no le da la razón antes de la próxima primavera sí estaría a merced de que alguno de los fondos acreedores pidiera su ejecución.
No debería suceder. A ambas partes les interesa alcanzar un acuerdo para obtener los fondos europeos. El auto más bien sirve para poner un poco de presión sobre los negociadores de la compañía, que desde finales de junio buscan un acuerdo con los tenedores de su deuda, representados por Houlihan Lokey, que desbloquee los 550 millones de euros aprobados por la Sepi.
El auto judicial llega en mitad de las conversaciones entre Celsa y los fondos
Tras semanas de conversaciones a contrarreloj, el Estado y la Comisión Europea aprobaron el rescate, pero lo dejaron suspendido a la espera de un pacto. La ayuda no tiene por el momento fecha de caducidad, como explicó elEconomista.es, por lo que el ritmo frenético de hace dos meses se volvió mucho más tranquilo.
Según las últimas conversaciones, además de un nuevo crédito -inferior al actual- Celsa también desembolsará un pago extra a los acreedores de aquí a siete años. Las discusiones están en las cantidades. Los fondos pedían firmar un nuevo crédito de 2023 a 2030 de 550 millones con un interés al 10%, pero la empresa solo estaba dispuesta a alcanzar los 300 millones con una tasa inferior.
A cambio, los Rubiralta ofrecían una compensación de 400 millones en 2030 -sujeta a variables- que los acreedores no aprobaron. Insisten en calcular la bonificación final según la revalorización de la firma.
De aprobarse de una vez por todas, Celsa podrá destinar 400 millones de euros al pago de deuda, que se sumarán a otros 50 millones que pondrán los accionistas catalanes. Los 150 millones restantes irán destinados al plan estratégico.
Más lejos está la apertura del tercer procedimiento judicial entre ambas partes. Ya antes de la pandemia, cuando la siderúrgica se enteró de que la banca había vendido su deuda a los fondos acreedores, presentó una demanda por usura. Los ocho acreedores con los que negocia Celsa son Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Attestor, Golden Tree y Sculptor.
