Barcelona
Aunque ya está aprobada, ni Celsa ni los fondos acreedores recibieron todavía la ayuda de 550 millones de euros de la Sepi. El organismo público espera a que ambas partes llegue a un acuerdo de quita de deuda y, a pesar de las prisas con las que se negoció en junio, el proceso bajó de revoluciones. Ninguna de las partes tiene prisa: la institución tiene reservada la cantidad y no tiene fecha límite para distribuirla.
Fuentes de la entidad explican a elEconomista.es que no existe ningún plazo máximo para desembolsar los dos créditos públicos. Las prisas existían para aprobar el incentivo, pero la sociedad estatal dio su visto bueno al rescate el pasado 17 de junio a pesar de que no existía acuerdo entre la siderúrgica de los Rubiralta y los tenedores de la deuda.
En la misma línea se pronuncia la Comisión Europea a preguntas de este medio. Desde Bruselas defienden que no existe fecha máxima para el pago una vez la ayuda quedó aprobada por el Gobierno y Europa. Las autoridades continentales de competencia validaron la inyección el 24 de junio y el consejo de ministros hizo lo propio el día 27 de junio.
Tras casi dos años con el rescate sobre la mesa, el Gobierno aceleró los trámites necesarios para dar ahora tranquilidad a ambas partes. Las voces consultadas sí dejan claro que no se pagarán los 550 millones de euros sin que Celsa y los fondos que representa la firma Houlihan Lokey hayan firmado el pacto para la quita de deuda.
Celsa va bien y los incumplimientos en el pago de la deuda están judicializados
Sin la presión de las autoridades –el único requerimiento era que la ayuda se aprobase antes del 30 de junio- ambas partes negocian con mucha menos presión que en junio, cuando creían que deberían llegar al pacto . Compañía y fondos tienen claro que los 550 millones no se pueden dejar escapar, pero ya no hay una espada de Damocles.
Tampoco aparecen en el horizonte elementos que urjan a desencallar las conversaciones. La siderúrgica no pagó los últimos vencimientos de deuda, pero el pasivo se encuentra judicializado.
Además, el negocio le funciona bien a pesar de la inflación, por lo que tampoco tiene urgencias a corto plazo. Banco Santander, BBVA, Caixabank y Banco Sabadell, con líneas de circulante de hasta 525 millones que tendrán que renovar, sí podrían exigir un pacto con los acreedores internacionales para mantener el capital y servir como medida de presión externa para el acuerdo.
Las negociaciones de Celsa y los acreedores avanzan lentamente
Lo cierto es que las posiciones avanzan lentamente. Los fondos pedían firmar un nuevo crédito de 2023 a 2030 de 550 millones con un interés al 10%, pero la empresa solo está dispuesta a alcanzar los 300 millones con una tasa inferior.
A cambio, los Rubiralta ofrecen una compensación de 400 millones en 2030 -sujeta a variables- que los acreedores no aprobaron. Insisten en calcular la bonificación final según la revalorización de la firma.
De aprobarse de una vez por todas, Celsa podrá destinar 400 millones de euros al pago de deuda, que se sumarán a otros 50 millones que pondrán los accionistas catalanes. Los 150 millones restantes irán destinados al plan estratégico.
