Industria

Celsa y los fondos se acercan a un pacto sobre la campana

  • Deutsche Bank llama a un acuerdo tras recibir la llamada de Pedro Sánchez
  • La Sepi urge a llegar a un acuerdo antes del último consejo de ministros de junio
Francesc Rubiralta, consejero delegado de Celsa. Luis Moreno
Barcelona

El 30 de junio está cada vez más cerca y Celsa y sus acreedores todavía no han llegado a un acuerdo que desbloquee el rescate de la Sepi. La siderúrgica y los fondos tenedores de su deuda negocian de forma prácticamente ininterrumpida desde hace jornadas y aunque el pacto todavía no está ni mucho menos cerrado las conversaciones se acercaron mucho desde el punto en el que partían.

A lo largo de los últimos días los Rubiralta –los accionistas de la compañía- y los fondos acordaron parte de la estructura del nuevo contrato que sirva para dar luz verde al préstamo de 550 millones de dinero público. La familia pondrá 50 millones, la empresa firmará un nuevo crédito con los acreedores y cuando se haya devuelto el préstamo estatal los fondos recibirán un pago extra.

Quedan por determinar las cantidades, pero los fondos rebajan el tono beligerante. Deutsche Bank, uno de los grandes integrantes del pool, emitió este jueves un comunicado en el que llamó a la búsqueda de "un acuerdo con la empresa, los accionistas y otros acreedores".

"Apoyamos plenamente los esfuerzos para encontrar una solución al problema de la deuda de Celsa", destacó. Las palabras del banco alemán llegan después de que el lunes Pedro Sánchez llamase al presidente de la entidad, Christian Sewing, para pedirle que alcance un acuerdo con la siderúrgica.

Sin embargo, la entidad recuerda que es solo una pieza más dentro del engranaje de acreedores que arrastra Celsa. Por un lado están los bancos, que ya aceptaron los términos de la Sepi, y por el otro están los fondos; ocho acreedores representados por Houlihank Lokey: Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Attestor, Golden Tree y Sculptor.

La Sepi apremia a Celsa

Los negociadores de ambas partes tratan de acercar posiciones a contrarreloj. Los acreedores piden un crédito de 2023 a 2030 de 550 millones con un interés al 10%, pero la empresa solo está dispuesta a alcanzar los 300 millones con una tasa mucho más baja.

A cambio, los Rubiralta ofrecen una compensación de 400 millones en 2030 -sujeta a variables- que los fondos todavía no aprobaron, pues insisten en calcular la bonificación final según la revalorización de la firma.

Mientras las dos partes debaten, el tiempo pasa. Y cada vez es menos. El rescate debería aprobarse en el consejo de ministros del 28 de junio, aunque habría de tiempo hasta el día 30 si se decidiese sellar con un consejo extraordinario. Antes debe obtener el visto bueno de la Sepi y de la Comisión Europea al ser un rescate superior a los 500 millones de euros.

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