Barcelona
Celsa y acreedores negocian en tiempo de descuento para desbloquear el rescate de la Sepi. Con los plazos al borde de agotarse, la compañía ha ofrecido un pago de 400 millones a los fondos acreedores para que acepten los términos de la ayuda pública. La cantidad se abonaría una vez devueltos los 550 millones del Estado, algo que hace torcer el gesto a los inversores: quieren cobrar antes y por ello piden más dinero por avanzado.
La compañía catalana transmitió este jueves una nueva propuesta a los fondos que ostentan su deuda, que incluye el pago, sujeto a variables, de 400 millones adicionales al plan acordado con la Sepi en 2030.
La cifra se uniría a los 450 millones que la compañía abonará este mismo año y a los 662 millones que se desembolsarán en siete años, hasta que termine el periodo del préstamo público. De este modo, la quita que deberían hacer las entidades caería de los 1.000 millones a aproximadamente 600 millones.
"Con esta oferta, la concesión de la ayuda pública queda a expensas de la decisión de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean, fondos buitre que no financiaron a Celsa", avisó la organización.
Sin embargo, los acreedores quieren avanzar el cobro. Por ello, pidieron incrementar la cantidad percibida este mismo año a 550 millones de euros. El cheque original se dividía en dos partes: 50 millones que pondrá el accionista de Celsa, la familia Rubiralta, y 400 millones procedentes de la Sepi. Ahora, lo fondos reclaman 500 millones de los 550 millones del rescate público.
Los fondos rebajan el préstamo ofrecido a Celsa hasta 2030 de 900 millones a 735 millones
Los inversores mantienen el instrumento de deuda a repagar en 2030 que propusieron a comienzos de semana, pero rebajan la cantidad de 900 millones a 735 millones.
Pero la siderúrgica debe compaginar el acuerdo con la Sepi y las demandas de los fondos. Y considera que quedarse solo con 50 millones de la ayuda dificulta el cumplimiento del plan estratégico. Por esta misma razón, los 400 millones 'extra' ofrecidos no se abonarían hasta que se haya repagado el préstamo estatal de 550 millones, en 2029. "No supondrían un detrimento de la ayuda, pero sí un esfuerzo y sacrificio adicional", aseguró la sociedad.
La oferta está ya en la mesa de Houlihan Lokey, la entidad que representa a la mayoría de los fondos. Celsa ya cuenta con el visto bueno de la banca española -que tiene líneas de circulante por 525 millones de euros- y acreedores minoritarios como HSBC.
Hasta ahora, las posturas entre acreedores y empresa estaban muy alejadas. Los fondos exigieron en primera instancia el 49% de la compañía, pero la venta de acciones era una línea roja de los Rubiralta -que sí aceptaban en su momento la entrada de la Sepi en el capital-.
Tras la negativa, los vehículos presentaron una contrapropuesta en la que ofrecieron un nuevo instrumento convertible de 900 millones que computaría como deuda para una sociedad de nueva creación en Luxemburgo y que no quedaría reflejado en los balances de Celsa, pero sí en las cuentas de la nueva matriz. El préstamo tendría un interés anual del 10%.
La Sepi urge a Celsa y los fondos
Aunque desde la organización insisten en que hay tiempo para aprobar el rescate hasta el Consejo de Ministros del 28 de junio, lo cierto es que los plazos se agotan y ya existen dudas de si será posible cerrar los términos del acuerdo para final de mes.
Por ello, la Sepi urge a un pacto en los próximos días con la amenaza de retirar la inyección de fondos públicos. De acercar posturas, el pacto deberá todavía ser aprobado por la Comisión Europea.
