Barcelona
Celsa tensa la cuerda con los fondos acreedores de su deuda. Tras varias semanas de negociaciones, la contrapropuesta de los fondos tras conocer el acuerdo de la empresa con la Sepi ha suscitado el rechazo unánime y expreso del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración el Grupo Celsa. Ambos órganos han urgido a los fondos a reconsiderar su posición y no impedir la consecución de la ayuda pública solicitada.
La compañía de la familia Rubiralta ha lamentado en un comunicado emitido el lunes que "los fondos acreedores, entre los que se incluyen los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs, y los fondos oportunistas SVP y Cross Ocean, han formulado una propuesta incompatible con el marco de la ayuda pública solicitada".
Además de la inyección de 450 millones procedentes de la ayuda pública, la aportación de 50 millones de los accionistas y el mantenimiento de una deuda de 662 millones, la propuesta de los fondos exige la creación de un nuevo instrumento convertible por importe de 900 millones de euros con un tipo de interés anual del 10% y emitido fuera de España.
De esta manera, la concesión de la ayuda pública no serviría para reducir el endeudamiento de la compañía, lamentan. Al término del plazo de la ayuda, en siete años, volvería a tener una deuda convertible incluso superior a la actual, en torno a 1.700 millones de euros.
Así pues, el grupo ha destacado que, de aceptarse los términos de la propuesta realizada, "los fondos que no financiaron al Grupo Celsa, sino que compraron su deuda en el mercado secundario con descuentos de hasta el 90%, obtendrían, gracias a la concesión de una ayuda pública, rentabilidades del 80% anual multiplicando por más de cinco la inversión realizada".
Desde este añaden que, además, la propuesta de los fondos, que exige el desplazamiento del centro de decisiones y de su órgano de administración fuera de España, es "incompatible con la ayuda pública y la vocación estratégica, industrial e inversora del Grupo Celsa".
Los fondos quieren el 49% de Celsa
Con el nuevo acuerdo, los fondos acreedores querían hacerse con el 49% del capital de la siderúrgica, como explicó elEconomista.es el domingo. La proposición dejaba a la familia Rubiralta con el 51% restante, pero ceder parte de las acciones es algo que la saga catalana no contempla.
La entrada en el capital de Celsa ha sido considerada una línea roja por parte de la compañía de laminación de acero, pero según fuentes cercanas a los acreedores, la propuesta permitiría salvar al grupo, y la única razón para no hacerlo es que no satisfaga lo suficiente el beneficio personal de los accionistas.
Celsa sí había ofrecido a la SEPI entrar en su capital debido a que sí considero al organismo público un accionista estable con visión a largo plazo. La entidad rechazó el ofrecimiento.
