Barcelona
Celsa tiene menos de tres semanas para llegar a un acuerdo con los fondos de inversión acreedores su deuda si quiere obtener los 550 millones de euros del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de la Sepi. Las posiciones entre la empresa y la gran mayoría del pool no pueden estar más alejadas, pero algunas de las entidades ya comienzan a dar su brazo a torcer. Es el caso del banco HSBC, que negocia de manera individual y ha dado su visto bueno a la proposición de la compañía.
Fuentes inmersas en la negociación explican a elEconomista.es que el grupo de la familia Rubiralta llegó a un acuerdo con HSBC para que aceptase la propuesta, que incluye una quita frente al valor nominal de la deuda original. El banco aceptó esta semana los términos del acuerdo, aunque su porcentaje del pasivo es menos relevante que el de Goldman Sachs, Deutsche Bank y los fondos SVP y Cross Ocean.
Las mismas voces no precisan si el contrato con la entidad implica el tramo de deuda convertible –de 1.500 millones- o el crédito a largo plazo Jumbo –750 millones-. Sí sostienen que el pacto se alcanzó en una conversación individual, pues el banco no va de la mano de Houlihan Lokey, la firma que representa a la mayor parte de los acreedores.
La organización rompe así el consenso que habían mantenido los principales tenedores de deuda de Celsa. Antes también habían aceptado la propuesta de la Sepi el Banco Santander, BBVA, Caixabank y Banco Sabadell con líneas de circulante de hasta 525 millones de euros.
No lo hicieron los grandes fondos, con los que el enfrentamiento amenaza con enquistarse y echar por tierra la posibilidad de obtener la ayuda estatal. De hecho, este lunes la siderúrgica emitió un comunicado en el que calificó de "incompatible" con la ayuda la proposición que habían realizado los acreedores.
Los acreedores de Celsa piden montar una matriz en Luxemburgo
En un primer momento, los inversores habían exigido a los Rubiralta el 49% de la compañía, a la que valoraron en 1.000 millones de euros por sus elevados niveles de endeudamiento (2.700 millones) a pesar de haber obtenido un Ebitda de 600 millones en el último año. Los accionistas habían marcado la entrada en el capital como una línea roja, -sí veían con buenos ojos el aterrizaje de la Sepi, en su momento- por lo que la proposición se desechó.
A cambio, los vehículos presentaron una contrapropuesta en la que ofrecieron un nuevo instrumento convertible de 900 millones que computaría como deuda para una sociedad de nueva creación en Luxemburgo y que no quedaría reflejado en los balances de Celsa, pero sí en las cuentas de la nueva matriz. El préstamo tendría un interés anual del 10%.
De haber aceptado la propuesta, la deuda convertible en siete años sería incluso superior a los 1.500 millones actuales y se situaría en 1.700 millones. Además, de incumplirse los vencimientos acordados, los fondos tendrían derechos sobre los activos de la organización.
El límite de la Sepi: hay tiempo hasta el 28 de julio
Por ello, la empresa con sede en Castellbisbal (Barcelona) emitió un comunicado en el que lamentaba que la oferta era "incompatible con la ayuda pública y la vocación estratégica, industrial e inversora del Grupo Celsa".
El ofrecimiento original de la compañía planteaba una reducción de 1.000 millones de euros de deuda (de los 2.700 millones iniciales), obligaba a la familia Rubiralta a aportar 50 millones de euros y se impedía afrontar operaciones corporativas, percibir dividendos, así como cobrar al consejo incentivos variables hasta diciembre de 2028.
En el cruce de acusaciones, el tiempo corre. El Consejo de Ministros debería aprobar la ayuda como tarde el 28 de junio. La propuesta debe ser avalada también por la Comisión Europea.
CCOO y UGT apoyan a los Rubiralta
Este martes, los dos sindicatos principales de la compañía CCOO y UGT se posicionaron a favor de los actuales accionistas de la empresa. Para ambas formaciones "la propuesta es incompatible con la financiación pública y con el verdadero apoyo a la economía industrial, y a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo".
Por ello, las dos organizaciones pidieron a los acreedores que se adhieran a los acuerdos firmados tanto por la banca como por HSBC y que no bloqueen "la entrada de capital público".
