Madrid / Barcelona
El consejo de administración de Celsa ha dado un ultimátum a los fondos acreedores para que acepten la propuesta que la compañía ha pactado con la Sepi para poder recibir una inyección de 550 millones de euros de ayuda estatal.
El grupo propiedad de la familia Rubiralta había dado hasta ayer para obtener una respuesta de Hoolihan Lokey, el banco que aglutina a las entidades acreedoras entre las que figuran CVC, Deutsche Bank o Goldman Sachs, pero estos han decidido pedir un mayor plazo a la compañía catalana.
Según indicaron fuentes consultadas por este diario, la propuesta remitida a los fondos plantea una reducción de 1.000 millones de euros de deuda (de los 2.700 millones iniciales), obligaría a la familia Rubiralta a aportar 50 millones de euros y se les impediría realizar operaciones corporativas, percibir dividendos así como cobrar al consejo incentivos variables durante el periodo de duración de esta ayuda que debe estar completamente liquidada en diciembre de 2028.
La Sepi, que ya tiene un acuerdo sobre la misma, ha estructurado el pago de los 550 millones de euros en dos tramos: uno ordinario de 269,5 millones y otro participativo de 280,5 millones de euros.
Con esta estructura, la compañía mejoraría su situación financiera y facilitaría el cobro del resto de deuda a los fondos con una rentabilidad razonable.
Los acreedores de Celsa piden más tiempo
Los acreedores de Celsa, mientras, piden más tiempo para responder al plan y solicitan a la compañía y a SEPI poder reunirse la semana que viene. Con una línea roja: los Rubiralta no permitirán que entren en el capital de la siderúrgica. La familia sí había ofrecido parte del accionariado al Estado.
Los fondos propietarios analizan la propuesta con espíritu constructivo y voluntad de diálogo. Pero dado el poco tiempo que tienen para valorar la propuesta creen imprescindible disponer de una prórroga para trabajar en una propuesta revisada que permita compartir las pérdidas de manera más equitativa entre acreedores y accionistas.
El Consejo de Ministros debería aprobar la ayuda como máximo el 28 de junio. La propuesta debe ser avalada también por la Comisión Europea y los bancos acreedores de por lo que la semana próxima será clave para saber si Celsa logra el dinero de la Sepi o los fondos fían la recuperación a las sentencias judiciales que quedan pendientes.
