Barcelona
Cuando Sepi aprobó el rescate de 550 millones de euros para Celsa también incluyó una cláusula de salida en el caso de que la siderúrgica no pueda hacer frente al vencimiento de los dos préstamos en los que se articuló la ayuda pública. El Estado tiene claro que no convertirá el crédito en acciones ni refinanciará el pasivo, por ello abrió dos vías de escape: que la compañía realice una emisión de bonos o que sea la banca tradicional la que se haga cargo de los créditos.
El organismo público tiene aprobada la inyección de capital desde hace un mes, pero espera a un acuerdo entre la compañía y los fondos acreedores de deuda para desbloquearla. Jugará un papel durante siete años a través de dos préstamos: uno participativo de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones de euros. Luego desaparecerá.
La ayuda tuvo que pasar por la Comisión Europea, que esta semana hizo público el informe con el que le dio su visto bueno. Así, desveló el mecanismo de salida del Estado en el caso de que Celsa no pueda responder a los 550 millones de euros.
Cabe destacar que, hasta el estallido de la pandemia, Celsa jamás incumplió sus obligaciones con sus acreedores. No obstante, sí encadenó una refinanciación tras otra, algo en lo que la Sepi no está dispuesta a entrar. En una entrevista realizada por elEconomista.es el pasado octubre, el consejero delegado de la sociedad, Francesc Rubiralta, recordaba que llevaba hasta 14 refinanciaciones a sus espaldas. En el caso de requerirse en 2030, cuando finaliza el periodo del préstamo, debería ser la banca tradicional la que se hiciese cargo del dinero que quedase por devolver. La siderúrgica debería firmar un nuevo instrumento con el que condonar la ayuda pública.
"El ratio de deuda de Celsa ya habría alcanzado niveles de mercado", augura la Comisión Europea
El camino más viable a día de hoy de los que diseñó la Sepi parece la emisión de bonos, algo que la organización no afrontó jamás hasta la fecha. Sería el debut en los mercados de la siderúrgica. Y desde Bruselas confían en que tendría éxito. "Su ratio de apalancamiento ya habría alcanzado niveles de mercado", augura la autoridad de competencia de la Comisión Europea gracias al plan de negocio presentado.
"Los fondos obtenidos de esta emisión, junto con el efectivo disponible, reembolsarían en su totalidad tanto el préstamo participativo como el préstamo ordinario", añade. Para garantizar que haya capital, los Rubiralta no podrán recibir dividendo y Celsa no podrá destinar la ayuda a "acciones comerciales agresivas" ni a adquisiciones de empresas en el mismo sector. Los directivos tendrán que congelarse el sueldo que tenían en 2019 y no se podrán financiar unidades de negocio que ya estuvieran en problemas antes de la pandemia.
La otra vía que tiene la sociedad es tocar a la puerta de la banca tradicional de nuevo para una refinanciación que facilite la salida del Estado. Y Está por ver la actitud con la que recibirá a la compañía. El Banco Central Europeo (BCE) ya obligó a las entidades a desprenderse de los hasta 2.700 millones que le habían otorgado a la siderúrgica -y a todas las compañías con un historial de deuda similar- si no querían verse obligadas a provisionarlos íntegramente. Ahora solo mantienen líneas de circulante por valor de 525 millones que también podrían tener que vender.
La vía que podría seducir a la banca: que la deuda de Celsa cuente como financiación verde
De este modo, parece difícil que BBVA, Banc Sabadell, Caixabank y Banco Santander salgan en apoyo de los Rubiralta, aunque fueron los primeros en aceptar la propuesta de quita de deuda obligada por la Sepi. La posibilidad que tienen los actuales accionistas es que la compañía complete la transición ecológica y su pasivo pase a computar como verde, algo que entonces sí podría seducir a las cotizadas.
La cláusula de salida no se activaría hasta el vencimiento final de la ayuda, previsto para 2030. Aunque aprobada, la inyección no está ni siquiera concedida a la espera de que los fondos y la siderúrgica lleguen a un acuerdo para reducir la deuda.
Celsa y los fondos todavía no tienen un acuerdo
Según las últimas conversaciones, además de un nuevo crédito -inferior al actual- Celsa también desembolsará un pago extra a los acreedores de aquí a siete años. Las discusiones están en las cantidades. Los fondos pedían firmar un nuevo crédito de 2023 a 2030 de 550 millones con un interés al 10%, pero la empresa solo está dispuesta a alcanzar los 300 millones con una tasa inferior.
A cambio, los Rubiralta ofrecen una compensación de 400 millones en 2030 -sujeta a variables- que los acreedores no aprobaron. Insisten en calcular la bonificación final según la revalorización de la firma.
De aprobarse de una vez por todas, Celsa podrá destinar 400 millones de euros al pago de deuda, que se sumarán a otros 50 millones que pondrán los accionistas catalanes. Los 150 millones restantes irán destinados al plan estratégico.