Barcelona
La familia Rubiralta ya trabaja en un plan B ante las dificultades de alcanzar un acuerdo con los fondos de Celsa. La saga catalana ya ha asumido que va a tener que ceder parte del capital de la siderúrgica. Y ante el temor de que el juez ejecute el plan de reestructuración instado por los acreedores ya sondean la posibilidad de que un inversor amigo adquiera la deuda. Más ahora que saben que Deutsche Bank, SVP y compañía están dispuestos a vender ante el temor de que el Gobierno aplique el escudo antiopas.
Fuentes financieras explican a elEconomista.es, que los actuales accionistas de la compañía tratan de encontrar un socio con el que entenderse en el capital. Es algo que ya les recomendaron cuando los fondos comenzaron a comprar la deuda a la banca, antes de la pandemia, pero que no hicieron y que les pudo haber ahorrado los problemas actuales.
Aunque no consta que exista un mandato oficial de venta todavía, los Rubiralta trabajan en el conflicto con los acreedores de la mano de AZ Capital, una de las firmas de cabecera de la familia, y Lazard. A ambas ya se les habría transmitido la voluntad de la familia, que querrían transformar el pasivo en capital.
Sin embargo, la judicialización del enfrentamiento deja el tema con muchas incógnitas. La primera, un fallo del juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona que puede cambiar todo el equilibrio de fuerzas actual. A pesar de la confianza de los actuales accionistas, son muchas las voces en el sector legal que ven probable que el magistrado se incline por aceptar la reestructuración propuesta por los acreedores.
Los Rubiralta ya ofrecieron a la SEPI entrar en el capital de Celsa en la negociación del rescate
Tampoco está claro como encajaría el rescate público de 550 la SEPI en una venta del pasivo. La familia Rubiralta ya ofreció a la empresa pública entrar en el accionariado, algo que fue rechazado por el Ejecutivo.
La victoria para los fondos, eso sí, podría no servir de mucho si el Gobierno activa el escudo antiopas al considerar Celsa como una empresa estratégica. Fuentes cercanas al pool que coordina Houlihan Lokey admiten que vender es una opción que está sobre la mesa. Preferiblemente a una empresa europea, que no se viera afectada por las restricciones que pueda imponer el Ejecutivo.
El interés coincide aquí con el de los Rubiralta, que también preferirían una compañía europea, preferiblemente industrial. Aquí pueden hacer valer el papel de su presidente, Francesc Rubiralta, que es a su vez presidente de la patronal continental del acero. Parece complicado también que una compañía industrial acepte hacerse con una participación minoritaria; pues la condición impuesta por la familia ha sido siempre mantener la mayoría del capital.
En su defensa, los actuales accionistas pueden exhibir ahora unos resultados récord, cosa que no pudieron demostrar en momentos anteriores, cuando pudieron sondear al mercado. En 2022, Celsa obtuvo una facturación de 6.084 millones de euros, el 15% más que en 2021, y un Ebitda de 867 millones, el 29% más que en el ejercicio precedente.
Con un resultado récord y la promesa del rescate público, los accionistas aspiran a convencer a posibles interesados en un sector complicado, con recurrentes dificultades y la necesidad de un capital muy intensivo. Además, en la industria ven muy complicado una Celsa sin el apellido Rubiralta en el futuro: es una familia que decidió abogar por este segmento y cuenta con una directiva muy fiel, que difícilmente trabajaría del mismo modo con otros propietarios. Encontrar a Ejecutivos capaces sería una complicación añadida para los acreedores.
El juez rechaza que los sindicatos se personen en la reestructuración
A la espera de una decisión definitiva, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona avanza con la reestructuración. Empresa y acreedores negocian fuera de los tribunales, pero la causa sigue activa y el magistrado no acepta que los sindicatos se personen. En un auto reciente, negó a Comisiones Obreras (CCOO) y a la Unión General de los Trabajadores (UGT) presentarse en el caso.
En el fallo, el juez Álvaro Lobato advirtió que no los representantes de los trabajadores no tenían un interés legítimo en personarse en la causa. Fuentes sindicales explican a elEconomista.es que recurrirán la decisión.
Todas las voces consultadas defienden que el fallo final del magistrado llegará antes del verano. De hecho, la decisión final es prácticamente lo único que falta, a la espera de un pacto extrajudicial, para resolver el caso. Lexaudit, el experto independiente, presentó su informe a comienzos de marzo, que valoró la siderúrgica en 2.800 millones de euros, una cifra inferior a la deuda.
El grupo de acreedores, entre los que están Deutsche Bank, Goldman Sachs, Goldentree, Sculptor, Cross Ocean y Trinity Investments, celebra que el informe "demuestra que el valor de Celsa se sitúa actualmente por debajo de los 2.800 millones y, por lo tanto, muy por debajo del nivel inicialmente anunciado por los accionistas". La compañía debe precisamente 2.800 millones entre los dos instrumentos de deuda firmados con los fondos y los 525 millones de crédito circulante dispuestos con la banca
