Barcelona
Nuevo capítulo en el enfrentamiento judicial que mantienen los Rubiralta y los fondos acreedores por el control de Celsa. Lexaudit, el experto independiente escogido para la reestructuración, presentó esta semana su valoración y cualificó a la siderúrgica en un precio máximo de 2.800 millones, una cifra que es igual a la deuda que arrastra tanto con los vehículos como con la banca. "Dado que el valor ni siquiera cubre el pasivo de la empresa, las acciones de Celsa carecen de valor", denuncian los fondos. Sin embargo, los actuales propietarios de la organización rechazan las cifras y aseguran contar con una valoración de 6.000 millones de euros realizada por Lazard.
El grupo de acreedores, entre los que están Deutsche Bank, Goldman Sachs, Goldentree, Sculptor, Cross Ocean y Trinity Investments, celebra que el informe "demuestra que el valor de Celsa se sitúa actualmente por debajo de los 2.800 millones y, por lo tanto, muy por debajo del nivel inicialmente anunciado por los accionistas". La compañía debe precisamente 2.800 millones entre los dos instrumentos de deuda firmados con los fondos y los 525 millones de crédito circulante dispuestos con la banca.
Los inversores reafirman así su voluntad de rechazar los 550 millones del rescate público de la SEPI, congelados a la espera de un pacto entre ambas partes. "Cualquier valor concedido al accionista supondría una pérdida directa e incremental para los acreedores de la empresa", añaden.
Celsa cerró 2022 con unas ventas de 6.084 millones y un Ebitda de 867 millones
Sin embargo, la compañía catalana defiende sus estimaciones con las cifras de los dos últimos ejercicios en la mano. Celsa cerró el año 2022 con récord de facturación y Ebitda: las ventas ascendieron a 6.084 millones y el resultado bruto subió a 867 millones de euros; números superiores a los de 2021, cuando se registró una cifra de negocio de 5.283 millones y un Ebitda de 670 millones de euros.
De este modo, la saga catalana entiende que tanto los fondos como el experto independiente –colocado a instancias de los acreedores- infravaloran la empresa.
La guerra de cifras se produjo después de que Lexaudit entregase su informe al Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona, como adelantó Expansión. La firma se basó en el análisis de Grant Thornton para valorar la siderúrgica entre 2.400 y 2.775 millones de euros, un dato que no alcanza el total del pasivo que acumula la organización.
La decisión sobre el futuro de la empresa queda ahora en manos del juez, que pilota el proceso después de que en septiembre los fondos solicitasen una reestructuración en base a la nueva ley concursal. Los acreedores ofrecían una quita de 1.291 millones de deuda a cambio de hacerse con el 100% del capital.
Las negociaciones extrajudiciales: los Rubiralta aceptan dar entrada a los fondos al capital
Los fondos avanzan con el proceso judicial mientras en febrero se retomaron las negociaciones extrajudiciales. La familia propietaria de la siderúrgica aceptó por primera vez dar entrada a los acreedores en el capital de la firma, siempre y cuando se queden por debajo del 50%. Las conversaciones se retoman ahora mientras la resolución del plan de reestructuración se acerca.
Según explicaron fuentes cercanas a la mesa de negociación a elEconomista.es, la discusión versa sobre dos puntos ahora mismo: la creación de un nuevo instrumento de deuda a cambio de la quita exigida por la Sepi para desbloquear los 550 millones del rescate y la entrada de los acreedores en el capital.
Al encontrarse en una fase incipiente, todavía no está claro que porcentaje podrían alcanzar el grupo de fondos liderados por Deutsche Bank y Goldman Sachs ni de cuanto sería el nuevo instrumento de deuda. La última oferta realizada por Celsa antes de que los inversores pidieran al juzgado un plan de reestructuración contemplaba la creación de un nuevo instrumento de deuda de 450 millones a un interés del 8% radicado en la Unión Europea.
La propuesta recogía el cable de la realizada por los tenedores de la deuda el 9 de junio, que pedía un mecanismo de 550 millones al 10% de interés con sede en Luxemburgo. Incluía además derechos sobre el 49% de los beneficios, algo que hasta el momento había sido una línea roja para los Rubiralta.
