Barcelona
Los fondos acreedores de Celsa se arman en plena reestructuración de Celsa. La alianza capitaneada por Deutsche Bank y Goldman Sachs estrenó la nueva ley concursal con la siderúrgica; un proceso sobre el que no hay precedentes y en el que, por el momento, la justicia les fue dando la razón. Para ello se rodearon de asesores y más allá de Houlihan Lokey, la entidad que los coordina, se pusieron en manos de la firma londinense Glas para acreditar que ostentan el 70,96% de los 2.700 millones de pasivo que arrastra la organización catalana.
Las entidades que instaron la reestructuración ya demostraron ser acreedores de la empresa de la familia Rubiralta. Los vehículos, entre los que también sobresalen Goldentree, Sculptor, Cross Ocean y Trinity Investments, deben no obstante probar al juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona y al mediador designado, Lexaudit, que suman la deuda que dicen tener. Según ellos, el 70,96%. O lo que es lo mismo alrededor de 1.920 millones.
Según la documentación consultada por elEconomista.es, tuvieron que recurrir a Glas Services, que ya actuó como agente de los préstamos, una firma británica creada en 2011 para participar en reestructuraciones complejas y ofrecer servicios de deuda. El caso lo está llevando personalmente la directora para la región EMEA, Joanne Brooks, exdirectiva de Citibank.
Los fondos tienen el 70,96% del pasivo, el resto está en manos de un 'pool' bancario que lideran Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell
Los acreedores aseguran contar con la certificación de que suman el 70,96%. Su peso es clave a la hora de aprobar la reestructuración propuesta por el magistrado y Lexaudit, que actúa como mediador, en la que la compañía también tendrá voz. El resto del pasivo está en manos de la banca tradicional. El pool está liderado por las cuatro grandes entidades de España: Caixabank, Banco Santander, Banc Sabadell y BBVA, que participan principalmente en los 525 millones de euros de crédito circulante -que sirve para financiar las operaciones del día a día- que decidieron prorrogar hasta febrero.
En un recurso presentado en otoño, Celsa sostenía que los fondos no habían acreditado suficientemente la titularidad de la deuda que decían ostentar, pero el juzgado rechazó sus demandas el pasado diciembre. El magistrado Álvaro Lobato defiende que el proceso de certificación "es el habitual en este tipo de operaciones y está perfectamente estandarizado".
El juez no se moja todavía sobre el porcentaje del pasivo que tienen, pero sí asegura que debe concluirse que "la condición de acreedores […] no ofrece ninguna duda".
El magistrado ya frustró el intento de la compañía de apartar a Lexaudit del procedimiento -consideraba que no era imparcial al ser propuesto por los fondos- y el pasado 22 de diciembre dio acceso a los acreedores a las cuentas.
El impacto del caso Celsa en la nueva ley concursal
Las fuentes consultadas por elEconomista.es señalan además que, como en todos los cambios legislativos de los últimos años, las primeras operaciones y su resolución, como es el caso de Celsa, marcarán la ruta a seguir en las próximas reestructuraciones y el marco de aplicación futuro. Recuerdan también las múltiples casuísticas en empresas potencialmente objeto de concurso o reestructuración.
En el proceso, instado por los fondos, sirvió para presentar un plan de reestructuración con una nueva oferta: reducir la deuda en 1.291 millones de euros a cambio de hacerse con el 100% de la siderúrgica después de varios meses sin acuerdo entre ambas partes. Fuentes de la empresa explicaban en septiembre que la última oferta realizada contemplaba la creación de un nuevo instrumento de deuda de 450 millones a un interés del 8% radicado en la Unión Europea.
Mientras, los 550 millones del rescate aprobados por la SEPI aguardan sobre la mesa sin que, de momento, exista un plazo máximo de entrega.
