Industria

El juez rechaza el plan de Celsa para apartar a Lexaudit de la guerra con los fondos

  • La siderúrgica había solicitado que se descartase la presencia del bufete
  • En las próximas se reanudarán las conversaciones fuera del proceso judicial
  • El rescate de 550 millones de la Sepi sigue sobre la mesa
Imagen de la fábrica de Celsa, en Castellbisbal (Barcelona). EE
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La justicia rechaza de nuevo el argumentario de Celsa para frenar la reestructuración instada por sus acreedores. En pleno enfrentamiento con la familia Rubiralta, propietarios de la siderúrgica, los fondos tenedores de 2.400 millones de su deuda estrenaron la nueva ley concursal con la compañía. Para la figura del mediador independiente propusieron a la firma Lexaudit, que la industria trató de apartar del procedimiento asegurando que no era imparcial. El juez no ha accedido: "No hay ningún motivo, más allá del prejuicio, para cuestionar la objetividad de Lexaudit como experto en reestructuraciones.", advierte.

En una sentencia emitida la pasada semana, el magistrado Álvaro Lobato, del juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, desestima la petición de Celsa para descartar la presencia del despacho en el proceso y condena en costas a la organización catalana. Los expertos de Lexaudit hace ya tiempo que trabajan con ambas partes para tener acceso a la información necesaria para hacer avanzar la causa.

En el texto, el juez se muestra duro con el argumentario de la empresa, que cuestionaba la independencia y la imparcialidad del mediador. Aunque dice respetar el derecho de Celsa a dudar de Celsa, de la objetividad del experto, señala que debe hacerse dentro de los parámetros de la nueva Ley concursal, algo que no sucede. "No resulta pertinente, procesalmente hablando, extender una sombra de duda sobre el experto propuesto y designado por los acreedores atendiendo tan solo al origen de su nombramiento o al abono de sus honorarios profesionales", señala.

El magistrado pide a la compañía dirigida por Francesc Rubiralta superar los "ancestrales prejuicios" contra la parcialidad a todo profesional que realiza un trabajo "por el solo hecho de que no sea un funcionario público o de que su designación y emolumentos resulten a cargo de una entidad privada". En su defensa, Lexaudit sostiene no haber prestado servicios al grupo de acreedores que instaron la reestructuración, formado por Deutsche Bank, Goldman Sachs y otros fondos como Attestor, Cross Ocean, Anchorage, SVP, Golden Tree y Sculptor.

Celsa también había cuestionado el seguro de responsabilidad civil de Lexaudit, de 4 millones de euros

"Afortunadamente hemos superado esta situación, pero la mentalidad destilada por aquella estructura de rancio aroma funcionarial que ponderaba cualquier aparente virtud excepto el conocimiento, tarda, lamentablemente, en evaporarse", zanja.

Celsa también había cuestionado la presencia de Lexaudit por "las dimensiones y complejidad objetiva del negocio de Celsa, al que se une la estructura societaria y la propia de los contratos de financiación acordados en 2017 y en situación contenciosa". El magistrado admite las dificultades de analizar al grupo, pero dice que no es algo que esté en cuestión. "Ha de valorarse la capacidad para desempeñar la función para la que ha sido designado".

Además, recuerda que, en la nueva normativa, el experto debe ser nombrado por los acreedores y al juez solo le toca "efectuar un control de legalidad".

Por último, el magistrado tampoco admite el cuestionamiento que hace la empresa del seguro de responsabilidad civil de Lexaudit, que asciende a 4 millones de euros. "Cumple sobradamente con las exigencias de la ley", finaliza.

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