Barcelona/Madrid
Con el plan de reestructuración de Celsa ya sobre la mesa del juez, tanto los actuales accionistas de la siderúrgica como sus acreedores trabajan en un abanico de alternativas para tomar el control de la compañía. Una sentencia favorable podría no ser el final de un culebrón en el que aguarda su momento el Gobierno. A la espera de ver si se activa el escudo 'anti opas', las condiciones del rescate de 550 millones de euros aprobado por la Sepi y la realidad del mercado limitan a los Rubiralta y a los tenedores de la deuda en su búsqueda de inversores.
Fuentes financieras explican a elEconomista.es que durante las últimas semanas la compañía y emisarios de Lazard han visitado Londres para reunirse con fondos de inversión con un doble objetivo. Primero se reunieron con los representantes europeos de su pool de acreedores para convencerlos de que acepten su propuesta de mantener el 51% del capital de la compañía, algo que los vehículos inversores asumían hace un año, pero que ahora rechazan. En el mercado sostienen que el acercamiento tuvo escaso éxito.
Los Rubiralta se encuentran además con otra dificultad añadida: cada vez cuentan con menos confianza entre los fondos. Si el año pasado, por ejemplo, HSBC se desmarcó del resto de acreedores mientras se producían las negociaciones para acceder al rescate de la Sepi, hoy el banco fundado en Hong Kong es ya uno más en el frente judicial abierto para hacerse con el control de la organización con sede en Castellbisbal (Barcelona).
La búsqueda de nueva financiación centra los esfuerzos de Celsa
Pero tras reunirse con los representantes europeos de Cross Ocean Partners, Deutsche Bank, Goldman, Capital Group, Sculptor, SPV o GoldenTree, entre otros, los dirigentes de la firma catalana visitaron también a otros inversores con el objetivo de encontrar un socio que adquiera los 2.300 millones que adeuda la empresa, ya sea para capitalizarlos por una participación minoritaria o para ser el nuevo financiador. Una opción que ya les recomendaron cuando los fondos comenzaron a comprar deuda a la banca antes de la pandemia y que, de haber llevado a cabo, les habría ahorrado los problemas actuales.
Sin embargo, los Rubiralta tienen tres obstáculos para convencer a posibles interesados. Contratiempos que, en buena medida, también comparten los acreedores. El primero de ellos es de índole sectorial: la industria siderúrgica es un negocio muy intensivo en capital y cíclico. Poco sexy para la mayoría de las firmas pese a los esfuerzos y avances en la descarbonización.
El segundo desafío es financiero: parece difícil que los números salgan y que Celsa pueda devolver la deuda existente sin grandes quitas. Aunque en 2022 facturó 6.084 millones (+15%) y tuvo un ebitda de 867 millones (+29%), Lexaudit, el experto independiente en la reestructuración, valoró la empresa en 2.800 millones, una cifra inferior al total de la deuda. Parte de la misma está impagada -y judicializada-, pero el ratio deuda/ebitda es poco más que 4 veces. Aun así, los fondos consultados sostienen que los números no salen.
El consuelo que tiene la familia es que ambos factores también dificultan las labores de búsqueda de nuevos inversores a los acreedores para sortear la posible aplicación del escudo 'anti opas' por parte del Gobierno.
El papel de la Sepi: de los bajos intereses a las limitaciones
Existe, en último término, un tercer desafío: el rescate de la Sepi. Es evidente que la ayuda pública ofrece la posibilidad de financiarse en unas condiciones 'fuera de mercado' en el contexto actual gracias a los dos préstamos participativos. No obstante, también supone un arma de doble filo al imponer restricciones al crecimiento y a las posibilidades de exprimir la rentabilidad futura de la siderúrgica.
Para empezar, porque el Gobierno quiere mantener la españolidad. Fuentes del organismo mantienen la confidencialidad del acuerdo, pero recuerdan que una de las condiciones para acceder a los créditos era "constituir una empresa no financiera con domicilio social y principales centros de trabajo situados en España", algo que cumple la empresa. No se postulan oficialmente sobre si los titulares de la compañía deben ser también del país, un extremo que sí sostienen otras fuentes.
Y aunque exigen que 150 millones de euros de la ayuda se destinen a financiar el plan estratégico de la siderúrgica, lo hacen con algunas cortapisas al crecimiento, como el hecho de "no emprender una expansión comercial agresiva financiada con la ayuda estatal", tal y como reza el documento de aprobación de la Comisión Europea. Tampoco permite "adquirir más del 10% del capital de las empresas activas en el mismo sector o en mercados ascendentes o descendentes". De este modo, limita el crecimiento que podría exigir un fondo de capital privado para decidirse a financiar la compañía.
Pero las restricciones afectan también a los accionistas. Los futuros propietarios tendrán limitada la posibilidad de repartirse dividendo y, además, deberán mantener el sueldo de 2019 a los altos ejecutivos hasta no haber devuelto el 75% del préstamo participativo.
