Barcelona
¿Cuánto vale Celsa? Los actuales accionistas de la siderúrgica y sus acreedores tienen opiniones dispares. Mientras los primeros exhiben un informe de Lazard y AZ Capital que cifra el precio de la compañía en 6.000 millones, los tenedores de la deuda se basan en una valoración de Lexaudit, el experto independiente de la reestructuración, para rebajar la cifra a 2.400 millones, menos del montante que se les debe. Con este dato basan su órdago para quedarse con el 100% del capital, pero ahora un contrainforme elaborado por la firma de auditoría BDO denuncia que el documento está basado en "errores significativos" y advierte de que "no se ha procedido de manera diligente desde un punto de vista profesional".
La empresa controlada por la familia Rubiralta presentó hace tres semanas su recurso al plan definitivo presentado por el grupo de fondos que lideran Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean para quedarse con la totalidad de las acciones. Entre la documentación remitida al juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona se incluía un informe pericial firmado por BDO –que también fue enviado al resto de acreedores y a la banca- en el que se alerta de errores metodológicos en la valoración hecha por Grant Thornton a petición de Lexaudit.
"No se ha procedido de manera diligente desde un punto de vista profesional, ni se ha seguido uno de los procedimientos más básicos y relevantes para llevar a cabo una valoración", señala el dosier. El precio de 2.400 millones se alcanzó con una valoración hecha por el método de descuento de flujos, pero en los cálculos solo se tuvieron en cuenta estimaciones propias –nada procedente de la propia compañía- e información histórica previa al ejercicio 2020, añade.
Según BDO, el estudio debió tener en cuenta las proyecciones financieras hechas por la misma Celsa. Y sobre esa base analizarse y decidir si son factibles o no. Expertos ajenos al conflicto consultados por elEconomista.es sostienen que es "prácticamente imposible" realizar un informe de estas características sin contrastar datos con la empresa y que la práctica común es solicitarlos.
La valoración de Lexaudit no tuvo en cuenta los resultados de 2020, 2021 y 2022 ni las inversiones recientes realizadas
De este modo, el contrainforme lamenta que para la valoración no se tuvieron en cuenta ni los resultados posteriores a 2020 –en 2022 batió récord de ventas, con 6.084 millones, y de Ebitda, con 867 millones-, ni las inversiones realizadas para incrementar la producción -como un nuevo tren de laminación en Francia-. La información histórica procede de los ejercicios 2018 y 2019, algo poco habitual si los libros de la auditada están abiertos.
Esto provoca, a su juicio, "errores significativos en la valoración y numerosas manifestaciones incorrectas en el informe".
Más allá no utilizar la información del propio grupo, BDO también lamenta que Grant Thornton y Lexaudit no valorasen los activos inmobiliarios del grupo, cometiesen errores en el cálculo de la tasa de descuento y no tuvieran en cuenta los créditos fiscales pendientes. En este sentido, eso sí, EY ha advertido a Celsa en más de una ocasión de la posibilidad de que estos créditos fiscales no se vayan a poder cobrar.
"Todos estos errores han tenido como efecto una reducción de los flujos de caja futuros y por tanto […] han reducido el valor de Celsa de forma drástica […] tales errores invalidan los resultados de valoración obtenidos", zanja el documento.
Contactado por este medio, un portavoz de Grant Thornton defendió que la valoración se hizo "siguiendo todos los estándares de calidad y praxis profesional propios de estos trabajos de valoración, trabajando al amparo del experto designado para el proceso". Celsa, por su parte, declinó hacer algún comentario.
Celsa ya trató de apartar a Lexaudit
El informe de BDO llega seis meses después de que el juez rechazase el recurso de Celsa para apartar a Lexaudit como experto independiente. "No hay ningún motivo, más allá del prejuicio, para cuestionar la objetividad de Lexaudit como experto en reestructuraciones", dijo el magistrado en diciembre.
En el texto, el juez se mostró duro con el argumentario de la empresa, que cuestionaba la independencia y la imparcialidad del mediador. Aunque dijo respetar el derecho de Celsa a dudar de la objetividad del experto, señala que debe hacerse dentro de los parámetros de la nueva Ley concursal, algo que no sucede. "No resulta pertinente, procesalmente hablando, extender una sombra de duda sobre el experto propuesto y designado por los acreedores atendiendo tan solo al origen de su nombramiento o al abono de sus honorarios profesionales", señaló.
