Barcelona
Con su patrimonio ya saneado, Volotea ya ultima los preparativos para el lanzamiento de la temporada de verano de 2023. La organización respira desde que el pasado junio la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó un rescate de 200 millones de euros, el sexto más grande del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Lo hizo con no pocas contrapartidas. La gestora pública exigió el 100% de las acciones y una hipoteca sobre los Airbus A319 con los que cuenta la compañía aérea.
Según la última información remitida por la aerolínea fundada por Carlos Muñoz y Lázaro Ros al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), el rescate conllevó la pignoración de la totalidad del capital, garantías personales de la aerolínea e hipotecar la veintena de Airbus A319 con los que cuenta actualmente la sociedad.
La Sepi negoció cada ayuda de manera particular, por lo que la solución escogida en el caso de Volotea no es extrapolable al resto de rescate, recuerdan fuentes de la organización pública. En el caso de Air Europa, por ejemplo, le exigieron como garantía hasta ocho filiales, entre ellas la de handling, y las sedes del grupo en Madrid y Palma de Mallorca. A cambio, la inyección fue de 475 millones.
En otros casos, se blindó con la posibilidad de lanzar nueva deuda para cobrar. Es lo que sucedió con Celsa, con un rescate de 525 millones aprobado a la espera de un acuerdo entre la familia Rubiralta –los actuales propietarios de la siderúrgica- y los acreedores. Como avanzó elEconomista.es, podrá forzar una emisión de bonos para recuperar las cantidades prestadas.
Préstamos con el ICO y el ICF
El rescate de la Sepi no es el único apoyo público recibido por la aerolínea. En plena pandemia recibió el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para refinanciar 144,6 millones con Banco Santander, Caixabank, Bankinter, Liberbank, BBVA e Ibercaja. Los vencimientos se repartían entre 2022 y 2025, pero el nuevo acuerdo los aplazó: comenzaron el pasado mes de julio, pero se alargarán hasta 2028.
El mismo año logró otros 5 millones del Institut Català de Finances, el banco propiedad de la Generalitat de Catalunya. El pasado mes de mayo logró revisar las condiciones firmadas: extendió el periodo de carencia un año, de 2022 a 2023, y alargó la duración de la financiación de 2024 hasta 2026.
