Empresas
- 05/11/2021, 07:00
El administrador judicial de Alu Ibérica, Ramón Juega, ha remitido al Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional un informe respecto a la situación de solvencia financiera de la compañía.
El administrador judicial de Alu Ibérica, Ramón Juega, ha remitido al Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional un informe respecto a la situación de solvencia financiera de la compañía.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la "responsabilidad de país" del conjunto de los actores sociales --patronal y sindicatos-- para llegar a un acuerdo antes de final de año sobre la reforma laboral comprometida con Bruselas.
Salvo que quiera usted que el destino de su plan de pensiones dependa de una comisión formada por la dirección de su empresa y los sindicatos, probablemente prefiera ahorrar para la jubilación utilizando fondos de inversión.
La plantilla de Vodafone ha dado el sí a la última oferta presentada por la empresa, que reduce la afección del ERE a 442 salidas, el 10% de la plantilla, tras una ronda de consultas realizada por los sindicatos y la votación de sus afiliados, con lo que el expediente se ha firmado este miércoles.
La nueva historia de la inflación comenzó gestarse a finales de 2020. Tras un año de caídas en los precios provocadas por la pandemia del covid, las expectativas y los análisis de algunas instituciones empezaron a vaticinar (a finales de 2020) una fuerte reestructuración del IPC para 2021, pero sin grandes sobresaltos. Sin embargo, la poderosa recuperación económica y el alza de las materias primas convirtieron esa reestructuración de precios en una inflación intensa, pero "puramente transitoria", según los bancos centrales. Una vez más las previsiones se quedaron cortas y la transitoriedad ha demostrado ser, cuanto menos, persistente.
La organización sindical ha convocado una manifestación en la capital aragonesa, para exigir al Gobierno del Estado español la derogación de las reformas laborales.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no arriesga con novedades políticas ni audaces planteamientos. Al contrario, prefiere lo que ya existe. Acaba de declarar que está "levantando un proyecto que ya está en marcha, que está aquí, que está en todos los rincones de nuestro país". Parece, entonces, que va sobre seguro. Para concretar, señala que "es un proyecto que tiene que hacer del amor el centro de actuación, un proyecto a favor y que arrincone el odio, un proyecto en el que necesitamos todas las manos, todos los corazones y todas las mentes".
El secretario general de UGT, Pepe Alvarez, ha reconocido este martes que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 15 euros que han acordado con el Gobierno y que hoy aprobará el Consejo de Ministros es una "mierda" y una "miseria" y ha advertido al Ejecutivo de que o lo sube a 1.000 euros mensuales a partir de 2022, o UGT no firmará más acuerdos sociales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha marcado noviembre como fecha límite para concluir las negociaciones sobre la reforma laboral para que pueda aparecer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de fin de año. Es un mes más tarde del plan inicial, que pasaba por tener zanjado el asunto en octubre.
El próximo aumento del salario mínimo interprofesional generará exclusión y desempleo. Y más todavía cuando vuelva a aumentar en 2022. Porque esta decisión política, contraria a lo que la coyuntura aconseja, favorece solo a la aristocracia obrera, es decir, a los trabajadores con empleo estable. Y no a los desempleados o a los trabajadores precarios a quienes, precisamente, perjudica.
La reunión celebrada este viernes entre Gobierno y agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) hasta el 31 de enero ha finalizado nuevamente sin acuerdo y con quejas de sindicatos y empresarios por la ausencia, en las dos últimas reuniones, de los negociadores del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En la cita sí se han logrado algunos avances en lo relativo al Ministerio de Trabajo, como ampliar el plazo del "contador a cero" del paro hasta junio de 2022.
Cuando le preguntas qué le quita el sueño al presidente del Círculo de Empresarios responde, sin más, "que seamos capaces de ponernos de acuerdo en las grandes reformas estructurales que necesita nuestro país, porque si no va a ser una oportunidad perdida". Manuel Pérez-Sala (Cáceres, 1962) es nuevo en el cargo pero no un novato en la institución, donde ha estado durante más de dos décadas. "Soy socio del Círculo desde hace más de 20 años. He presidido varios comités de esta casa y hace pocos meses he recibido el enorme honor de ser designado presidente", señala. Ingeniero de Caminos, Canales, y Puertos y máster en Dirección y Administración de Empresas, es un experto en estrategia y posicionamiento de negocios, en diseño, negociación y ejecución de inversiones y planes de reestructuración, control de costes y en dirección estratégica y de desarrollo corporativo, entre otras muchas cosas. En su presencia se tiene la sensación de estar ante un hombre al que su cargo le va como anillo al dedo, que hace honor a su profesión de ingeniero y, tal vez por eso, tiene una opinión perfectamente conformada y precisa de la situación económica de nuestro país. Durante la entrevista no hay preguntas sin respuesta y solo se relaja y emplea un tono más distendido cuando la periodista se interesa por su situación familiar y le pregunta si sus hijos han seguido la estela profesional de la familia: "Tengo tres hijos universitarios, pero no he tenido la suerte de que alguno sea ingeniero. Una estudia veterinaria, otra será abogada y el tercero, economista. Cada uno debe estudiar lo que le gusta porque la vocación es muy importante para el desarrollo laboral". Dice que subir el salario mínimo, desde el punto de vista de la macroeconomía, es una mala decisión que tiene un fuerte componente populista. Apuesta por rebajar a 20 días por año el coste de los despidos improcedentes y a 16 el de los procedentes y por aumentar la edad de jubilación en un periodo entre los 68 y 72 años. Sabe que estas medidas no son populares, pero insiste en que "explicándolas a la sociedad se entenderían bien y serían una forma de estimular el empleo". No tiene pelos en la lengua.
Los sindicatos protestan ante el "perjuicio" al que los funcionarios se enfrentan este año. Las centrales critican que el Gobierno no prevea paga compensatoria alguna para ellos, pese a que el alza salarial del 0,9% que se les aplicó en 2021 queda muy por debajo de la evolución del IPC, que supera el 3%.
Al menos una de cada tres empresas españolas (32%) afirma que la subida del 1,6% del salario mínimo para este año, 15 euros mensuales, desembocará en despidos de parte de la plantilla. Según apunta un sondeo realizado por Infojobs tras conocerse esta medida acordada entre Gobierno y sindicatos, el volumen de compañías que preveía despidos ante un alza de SMI antes del estallido de la pandemia era del 19%, trece puntos menos.
El pacto entre Trabajo y sindicatos para elevar el Salario Mínimo este año es ya una realidad. Las patronales quedaron fuera del acuerdo, pese a sus avisos de que un tercio de las empresas prevén despidos derivados del nuevo incremento.
El salario mínimo interprofesional (SMI) subirá 15 euros este año, hasta los 965 euros mensuales en 14 pagas, según han acordado esta noche el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La cuantía coincide con el importe avanzado por UGT tras la primera reunión de negociación y se aplicará en los últimos cuatro meses del año, desde el 1 de septiembre, siguiendo la hoja de ruta planteada desde un principio por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Las patronales insisten en remarcar la inconveniencia de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) este año y advierten de los efectos perjudiciales sobre el empleo que tendrá la medida que está a punto de aprobar el Gobierno. En concreto, desde Cepyme han calculado que subir el SMI 19 euros este año, hasta los 969 euros mensuales por 14 pagas, y elevarlo hasta los 1.000 el que viene, tendría un impacto negativo para entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo hasta 2023.
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) tampoco irá al Consejo de Ministros de este martes. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que la medida sigue paralizada, de momento, ante la falta de acuerdo con los agentes sociales y a la espera de que se pronuncie la parte mayoritaria del Gobierno, donde reside la decisión final.
Sindicatos docentes celebran, en general, el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobado este martes en Consejo de Ministros, pero lamentan que no aborde las condiciones laborales del profesorado.
El diálogo entre Trabajo y los agentes sociales para acordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) está estancado. Aunque el Gobierno puede decidir de manera unilateral las condiciones de la mejora, la estrategia de la vicepresidenta Yolanda Díaz siempre pasa por intentar contar con el apoyo de patronal y sindicatos. En esta ocasión la negociación está obstruida, con los representantes de los empresarios en el 'no' rotundo y los de los trabajadores intentando apurar el hilo de comunicación que el Ministerio ha dejado abierto esta semana confiando en un acuerdo de última hora.
Como se preveía, la reunión de ayer de Trabajo con los agentes sociales no sirvió más que para que el Gobierno confirmara que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inminente y pasará por encima del rechazo de las patronales.
El Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme no han logrado llegar este lunes a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno aplicará de manera "inmediata", en palabras del presidente Pedro Sánchez, pero seguirán negociando "de manera informal", aunque por el momento no hay nueva fecha para la mesa de negociación. El desencuentro se produce el mismo día en el que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta Nadia Calviño han vuelto a discrepar en las fechas en las que se hará efectiva la medida.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que "la voluntad del Gobierno" es aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de manera "inmediata" para lo que queda de año. Así lo ha indicado durante el acto de apertura del curso político celebrado en la Casa de América, donde ha presentado los planes del Ejecutivo para esta etapa.
El sindicato se ha consolidado en los colegios en los que se presentaba en las pasadas elecciones, aparte de obtener cuatro delegadas en el colegio de especialistas de Teruel en el que se proponían por primera vez.
Banco Sabadell ha comunicado este lunes a los representantes de los trabajadores su intención de poner en marcha un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE). De momento, la entidad no ha indicado el número de afectados y emplaza a los sindicatos a una reunión el próximo 2 de septiembre en la que se darán más detalles. No obstante, el ajuste podría afectar a entorno el 13% de la plantilla en España, compuesta en la actualidad por 14.640 trabajadores, según fuentes conocedoras de la negociación consultadas por elEconomista.es.
Nadia Calviño sigue sin aclarar cuándo abordará el Gobierno una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni siquiera si llegará a subirse este año. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos se limitó a decir en Antena 3 que espera que la situación económica favorable se mantenga para que el Gobierno pueda retomar “cuanto antes” la senda de subida del SMI que viene impulsando desde junio de 2018.