Como se preveía, la reunión de ayer de Trabajo con los agentes sociales no sirvió más que para que el Gobierno confirmara que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inminente y pasará por encima del rechazo de las patronales.
Las bajas cuantías que el Ejecutivo maneja para esa elevación, en torno a 15 euros este año y hasta 30 euros en 2022 y 2023, no justifican el modo en que los argumentos de las empresas se ven ignorados. La imposición del alza en el SMI tiene mucho mayor calado considerando el modo en que trunca el buen rendimiento que ha caracterizado al diálogo social desde el inicio de la crisis. Sólo en 2020 fueron posibles seis acuerdos, firmados con escasa diferencia de tiempo, de Trabajo con patronal y sindicatos. Se creó así un clima de entendimiento que se había mantenido también en el presente ejercicio. Sin duda, sería precipitado dar por disuelto este foro, pero resulta lógico el malestar de las patronales y es preocupante el negativo precedente que se ha creado a la hora de afrontar futuras negociaciones. Entre estas últimas, figuran varias de indiscutible urgencia como las que incumben a la renovación de los Ertes (que debe emprenderse este mes), a la segunda parte de la reforma de las pensiones y a los cambios que Trabajo quiere hacer en la reforma laboral de 2012.
La imposición de la subida del SMI abre un mal precedente para la negociación en pensiones o en la reforma laboral
Es obvio que en todos estos ámbitos el Gobierno tiene abierta la vía de obviar el acuerdo y volver a imponer su posición, pero se trata de un recurso que la UE no considera aceptable para acometer unas políticas que vigilará de cerca, ya que están ligadas a la liberación de los fondos Next Generation. Urge, por tanto, que vuelvan a respetarse las reglas del diálogo social.
