El próximo aumento del salario mínimo interprofesional generará exclusión y desempleo. Y más todavía cuando vuelva a aumentar en 2022. Porque esta decisión política, contraria a lo que la coyuntura aconseja, favorece solo a la aristocracia obrera, es decir, a los trabajadores con empleo estable. Y no a los desempleados o a los trabajadores precarios a quienes, precisamente, perjudica.
Uno de los problemas actuales es que al elevado desempleo real se une una alta incidencia del empleo asalariado no convencional. Hay razones para pensar que el nivel de desempleo y la incidencia del empleo no convencional están, de hecho, relacionados. Una parte sustancial de la fuerza de trabajo desempeña empleos con formas de relación salarial diferentes a la idea establecida de trabajador por cuenta ajena.
Ahora, no hay solo trabajadores, en sustancia, sino trabajadores siempre adjetivados. Hay trabajadores en busca de su primer empleo, con problemas propios a quienes el aumento del SMI les excluirá del mercado laboral; hay trabajadores condicionados/as por el sexo, esto es, hay trabajadoras como tipo específico con específicos problemas propios; parados perceptores de prestación de desempleo y parados sin subsidio, trabajadores a tiempo parcial, trabajadores cuya contratación aporta subsidios públicos a la empresa y trabajadores temporales. Hay trabajadores con contratos precarios, trabajadores que son autopatronos y que jurídicamente parecen empresarios o trabajadores con contratos mercantiles de servicios que enmascaran relaciones laborales reales, riders, trabajadores eventuales, trabajadores para plataformas virtuales, trabajadores marginados, jóvenes trabajadores, trabajadores extranjeros, en régimen legal, ilegal, clandestino…
Dicho de otra manera: los trabajadores precarios con circunstancias propias se fraccionan cada vez más en grupos también cada vez más diferentes entre sí y a la vez más numerosos. Muchos de ellos están empleados y sin embargo engrosan las bolsas de pobreza y emerge de este modo una nueva subclase, una nueva pobreza constituida no por desempleados sino por empleados en empleos cuya regulación (pensada para el colectivo "normalizado") da cobertura legal a situaciones de marginación. Es como si la norma jurídica laboral viniera a consagrar su desprotección. El aumento del salario mínimo es una de estas normas que no da protección a los más débiles, antes bien, hace que muchos de ellos no puedan mejorar su suerte debido precisamente a la regulación legal.
Por otra parte, lo que en otro tiempo fue un sindicalismo eficaz ha perdido ahora presencia, interés, fuerza y capacidad negociadora. Los sindicatos se han convertido en agencias de gestión dirigidas por una burocracia profesionalizada, sin conocimiento de la realidad social, sin sentido solidario, dependientes de las subvenciones gubernamentales. Son, esencialmente, los representantes de una nueva aristocracia obrera, que son los trabajadores con empleo estable. Solo éstos parecen estar representados por las tesis sindicales y del gobierno que pretenden incrementos salariales artificiales, fijados en una mesa ministerial apartada de la realidad. Con ello, solo se da protección a esta fracción de trabajadores que mantienen un empleo estable y se orilla a todos aquellos que no pertenecen a esta aristocracia obrera.
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