La 'Ley Rider' ya está en vigor. Ayer jueves se cumplía el plazo de tres meses que Gobierno y patronales se habían dado para que las empresas laboralizasen a sus repartidores, gesto que apenas se ha producido en un pequeño porcentaje de casos. Las plataformas de envíos a domicilio han optado por la creatividad y han anunciado en las últimas semanas sus propios modelos de negocio que, en opinión de los expertos, no siempre cumplen con las obligaciones que exige la norma y que abrirían paso a una nueva batalla legal.
La fórmula más polémica es la utilizada por Glovo. La plataforma anunció la contratación directa de alrededor del 20% de su plantilla mientras que mantendría como autónomos al resto de los 'riders'. Los sindicatos entendieron que esta forma de actuar iba en contra de la norma y CCOO denunció ante la Inspección de Trabajo que la compañía seguiría operando con falsos autónomos pese a la prohibición expresa de la norma y las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo en los últimos meses.
"Glovo incumple claramente el objetivo de la Ley Rider", señala Adrián Todoli, Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia. "Sigue contratando a autónomos, que es precisamente lo que la ley quiere evitar y sobre lo que ya se pronunció el Tribunal Supremo", indica. "Glovo sigue teniendo los medios de producción", admite zanjando las dudas al respecto y recordando que la sentencia del Alto Tribunal fue unánime y no contó con votos particulares.
El caso de Uber Eats es diferente. La compañía ha anunciado que subcontratará a sus repartidores a través de terceras empresas, que serán las que les tengan contratados. Por ahora el modelo que ha propuesto Uber Eats todavía no ha sido llevado ante la Inspección de Trabajo, pero Todoli apunta a que es necesario estudiarlo a fondo. "La 'Ley Rider' no les afecta, pero puede existir una cesión ilegal de trabajadores", admite, señalando que "habrá que ver cuál es la relación entre Uber Eats y las empresas a las que a partir de ayer está subcontratando para realizar las entregas. "Lo de Uber es un intento de sortear la ley que no se sabe cómo va a terminar", culmina.
Lo que está claro es que la entada en vigor de la norma, por ahora, no ha dado el resultado esperado y apenas un puñado de repartidores conseguirán un contrato como asalariados de una de estas grandes multinacionales. Por ello, la batalla legal que lleva años en los juzgados de toda España promete continuar en los próximos meses al calor de una norma que, según recuerdan las empresas, no ha sido consensuada con el sector antes de su aprobación.
