Casi dos meses después de que la mesa del diálogo social diese luz verde a la denominada 'Ley Rider', el Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este martes la norma que obligará a plataformas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo a convertir a sus repartidores, hasta ahora autónomos, en trabajadores. Todo ello, en un plazo de tres meses y con las empresas del sector y las patronales enfrentadas entre sí tras el desmarque de la catalana en la última reunión antes de la aprobación de la norma.
La norma que ahora tendrá la aprobación definitiva del Gobierno salió adelante tras semanas de reuniones entre los agentes sociales, las patronales y el Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz. La decisión no fue unánime, contó con un voto en contra, el de Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, que respaldó a las empresas, tal y como relatan a elEconomista fuentes conocedoras de lo ocurrido.
La patronal catalana ha abanderado las propuestas del sector durante las negociaciones y, como confirma Mar Alarcón, vicepresidenta de Foment del Treball, en la propuesta definitiva no se vio reflejada esta visión. "Se exigía una tramitación ordinaria, vía proposición de ley" y no llevar a cabo una modificación por decreto, como finalmente se hará, señala Alarcón. En su opinión, que la norma cuente con un periodo de gracia para su adopción refleja que no existía urgencia alguna para desarrollar la norma por esta vía.
Varias semanas después, y antes incluso de conocerse la fecha definitiva en la que la norma se presentaría ante el Consejo de Ministros, Glovo, una de las mayores compañías del sector, decidió abandonar CEOE mostrando su disconformidad con el apoyo mostrado a la ley. La empresa justificó la decisión por la "reiterada omisión de representación de la patronal en la mesa de diálogo social sobre la futura regulación del trabajo en plataformas digitales y algoritmos" y puso pie en pared al considerar que le habían dado la espalda.
La norma que ahora se aprueba sigue la estela de la sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2020 que consideraba que los 'riders' son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. El documento que entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE recogerá la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital.
El acuerdo alcanzado en marzo también señala que el Estatuto de los Trabajadores recogerá que las empresas deberán informar de los parámetros e instrucciones en los que se basan los algoritmos que afectan a la toma de decisiones sobre las condiciones laborales.
Tres meses y 15.500 'riders'
Las empresas tiene ahora un plazo de tres meses, hasta el próximo mes de agosto, para convertir a los riders en trabajadores. Los datos sobre el número real de trabajadores de compañías como Glovo o Deliveroo son confusas. Mientras el Ministerio de Trabajo los cifra en unos 18.000, otras fuentes calculan 15.500. Además, defienden que el servicio será más caro y los 'riders' perderán parte de sus ingresos.
