El Ministerio de Trabajo dará un máximo de tres meses a las plataformas como Glovo, Deliveroo, Stuart o Uber Eats para convertir en asalariados a los riders una vez se apruebe el Real Decreto Ley contra la huida del derecho del trabajo a través de las plataformas digitales de reparto que última el departamento de Yolanda Díaz. Aunque no hay fecha para que la normativa vea la luz, el Ministerio tiene previsto darle salida cuánto antes, independientemente de que logre o no el apoyo de los agentes sociales, con los que sigue negociando cuestiones técnicas, por lo que el texto podría cambiar, aclaran desde Trabajo.
Así, la última propuesta del Gobierno para garantizar la laboralidad de los repartidores incluye una disposición transitoria que obliga a las empresas digitales a dar de alta a los autónomos en pocos meses, sin importar los procesos judiciales abiertos. "Las empresas incluidas en la disposición adicional vigesimotercera del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (...) deberán dar de alta a las personas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social, como máximo, en el día primero del tercer mes a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley", recoge la propuesta del 15 de febrero a la que ha tenido acceso este diario.
"Para garantizar la eficacia del cambio legal, se habilita un plazo que consiga la regularización de la situación de ilegalidad de las empresas en un plazo máximo de 3 meses desde la publicación de la norma"
En el texto, el Ministerio aclara que da un plazo de tres meses para cumplir con la nueva ley y, por extensión, con las sentencias judiciales que han declarado falsos autónomos a los riders de Glovo y Deliveroo. "Para garantizar la eficacia del cambio legal propuesto, se habilita un plazo que consiga (...) la regularización de la situación de ilegalidad en la que se encuentran las empresas concernidas por esta reforma legal, en un plazo máximo de 3 meses desde la publicación de la norma", señala el preámbulo.
La disposición vigesimotercera, que se incluirá vía Real Decreto Ley en el Estatuto de los Trabajadores, fija la "presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas de reparto", por lo Trabajo finalmente ha decidido acotar la reforma dejando fuera a las apps que intermedian en la contratación de servicios de limpieza, cuidado de personas o instalación de ADSL, tal y como había solicitado la CEOE.
La norma se limita a las plataformas de envío a domicilio para cumplir con las sentencias del Supremo
"Se presume incluida en el ámbito de esta ley (...) la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a terceros, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma indirecta o implícita, a través de una plataforma digital, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo", reza el texto que, a su vez, excluye explícitamente a los transportistas con licencia administrativa (tarjeta de transporte) que presten el servicio con vehículos comerciales de más de dos toneladas. Es decir, a los repartidores autónomos con furgoneta de Seur, DHL o Fedex.
Fuentes cercanas a las negociaciones señalan que la patronal no está de acuerdo con la nueva redacción por lo que no la respaldará. Aun así, la postura de CEOE no tiene por qué suponer un freno o retraso en la regulación.
El plazo de entre dos y tres meses para convertir a todos los repartidores en trabajadores por cuenta ajena (menos de 30.000 ya que esa cifra incluye a los de Just Eat) no deja casi margen a Glovo, Deliveroo o Stuart para reaccionar y buscar alternativas a la contratación directa, como es la creación de empresas intermediarias de flotas, que es la opción utilizada por las VTC, o el uso de cooperativas de repartidores autónomos. Si optan por las cooperativas, las plataformas pueden perder el control sobre la fijación de precios y la organización y gestión de la actividad.
Acceso a los algoritmos
Además de la presunción de laboralidad, el Real Decreto Ley incluirá una disposición adicional para la constitución en el plazo de un mes de la una Comisión Tripartita para el estudio de las plataformas digitales en el ámbito laboral. La comisión estará integrada por Trabajo, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT y tendrá como objetivo "seguir la evolución de la actuación de las plataformas digitales en el ámbito laboral" publicando un informa anual sobre la misma. También analizará la realidad de las plataformas y las notas de ajenidad y dependencia en su relación con los trabajadores. Fuentes sindicales explicaron la semana pasada que el Ministerio había abierto la puerta a regular al resto de las plataformas.
La propuesta del departamento de Yolanda Díaz también contempla permitir a los representantes de los trabajadores tener acceso a los algoritmos de las plataformas, un punto exigido por los sindicatos y al que se han opuesto los empresarios. Así, de cara a la tramitación del anteproyecto de ley, se acuerda integrar una disposición adicional que de "garantías de acceso a la información algorítmica por parte de la representación de las personas trabajadoras".
En concreto, se modificaría la letra f del párrafo tercero del apartado 5 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores con la siguiente redacción: "la implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo, incluido cuando deriven de cálculos matemáticos o algoritmos".
