Pensiones

Son muchos los jubilados españoles que ya no están obligados a realizar su Declaración de la Renta. Se calcula que más de un 60% de ellos está exento de pagar el IRPF, según cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Es así siempre que se obtengan ingresos inferiores a los 12.000 euros al año, y que estos provengan de un único pagador. Es decir, que si recibe una pensión pública superior a esa cifra o si se rescata, por ejemplo, un plan de pensiones o un plan de previsión asegurado (PPA), sí tendrá que realizarse la Declaración, por mucho que se esté jubilado. | Consulte nuestro especial Declaración de la Renta 2018.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales contra los pliegos del programa de Turismo Social del Imserso, al entender que contienen "graves deficiencias económicas" que perjudican al sector y no tienen en cuenta los convenios colectivos de hostelería, que afectan a unos 12.000 trabajadores del sector.

España es un país de inversores conservadores, y más cuando se trata de ahorrar a largo plazo de cara a la jubilación. Pero el mercado no lo puso fácil el año pasado, en general, y menos a este tipo de ahorradores, en particular. Según los últimos datos publicados por Inverco, a cierre de marzo, el 71% de los partícipes que hay en planes de pensiones del sistema individual se concentra en aquellos que asumen menos riesgo (léase en los de deuda, tanto a corto como a largo plazo; en los mixtos de renta fija, y en los garantizados). El inconveniente es que todos ellos pierden dinero, de media, en el último año.

Es uno de los indicadores con menor repercusión mediática y, sin embargo, supone uno de los mejores termómetros para medir la sostenibilidad financiera del Sistema: la tasa de dependencia de las pensiones. Este índice relaciona el volumen de afiliados por cada pensionista, es decir, el porcentaje de personas inactivas respecto al porcentaje de población en edad de trabajar, o lo que es lo mismo, cuántos trabajadores hay en el mercado para sufragar la prestación de un pensionista. En este punto, llegan las buenas noticias para el Sistema, ya que esta proporción se ha incrementado en el presente ejercicio hasta niveles no alcanzados desde 2012, con una ratio de 2,3 afiliados por pensionista, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social correspondientes a la nómina de pensiones del mes de marzo de 2019, desde los 2,17 registrados a cierre del pasado año.

El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, que invierte los ingresos del gas y petróleo en el extranjero, ha presentado este viernes un beneficio hasta marzo de 738.000 millones de coronas (75.658 millones de euros), el mayor logrado en un trimestre en su historia.

Los trabajadores autónomos cobran una media de 683,50 euros de pensión -incluyendo jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares-, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social y recogidos por la unión de autónomos Uatae. Mientras, en el caso de los trabajadores del régimen general, la media se eleva hasta los 1.088,08 euros, lo que fija una diferencia entre ambos colectivos de 404,58 euros.

Todos los expertos en la materia ya cuentan con que la jubilación de las personas de la generación del baby-boom tensionará sobremanera las cuentas de la Seguridad Social, que se verá obligada a afrontar el pago de unas pensiones de más cuantía, debido a la mayor generación de derechos por cotizaciones de salarios más elevados, y durante un mayor periodo de tiempo por el alargamiento constante de la esperanza de vida. Así, en plena campaña, el responsable económico de La Moncloa, Manuel de la Rocha, propuso este martes la creación de un impuesto especial para pagar las pensiones, que va más allá de las propuestas que lleva el partido socialista en el programa electoral.

Los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno protagonizaron anoche en su primer debate, el celebrado en RTVE, un intercambio de golpes y vetos cruzados en el que de tanto en tanto salía a relucir alguna medida concreta. Especial Elecciones Generales 2019.

Todos los expertos en la materia ya cuentan con que la jubilación de las personas de la generación del baby-boom tensionará sobremanera las cuentas de la Seguridad Social, que se verá obligada a afrontar el pago de unas pensiones de más cuantía, debido a la mayor generación de derechos por cotizaciones de salarios más elevados, y durante un mayor periodo de tiempo por el alargamiento constante de la esperanza de vida. En plena campaña, el responsable económico de La Moncloa, ha propuesto la creación de un impuesto especial, que va más allá de las propuestas que lleva el partido socialista en el programa electoral.

Los candidatos a la Presidencia de los cuatro principales partidos tienen esta noche la ocasión de responder en Atresmedia a las grandes incógnitas económicas y aritméticas que dejaron abiertas en su debate de ayer, en RTVE, sobre todo en materia de fiscalidad y pensiones. | Especial Elecciones Generales 2019.

La brecha salarial de género en España se prolonga durante toda la vida. La diferencia media entre las pensiones de jubilación que perciben hombres y mujeres es actualmente de 450,1 euros al mes. La maternidad y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar son dos de las principales causas que provocan esta desigualdad. Además, el nivel educativo también influye: cuanto más alto, más grande es la brecha en las pensiones que sufren las mujeres jubiladas, según revela el último estudio del clúster ClosinGap.

La política económica que Podemos propone para España pasa por una reforma fiscal integral e incentivar medidas para mejorar los salarios, de manera que se atenúe la desaceleración del PIB, que ya se empieza a evidenciar en España, y se resuelva el déficit de la Seguridad Social. Así lo indica Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos, quien en la entrevista que ha concedido a elEconomista advierte de que no habrá pacto de gobernabilidad con los socialistas tras las elecciones generales del 28 de abril si lo que plantea el futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez son recortes o austeridad.

El Partido Popular (PP) ha desvelado este lunes la letra pequeña de su programa electoral, bañados de los principios de libertad, nación, estado de derecho, economía de libre mercado y, regeneración. Pero han sido las propuestas económicas, entre algunas novedades políticas, lo que más ha destacado de su política propositiva, que pasa por la mayor rebaja de impuestos de la historia de la democracia, tanto a familias como empresas, por el blindaje al ahorro fiscal, la rebaja de impuestos como Sociedades, IRPF, eliminación de Sucesiones, Donaciones, Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados, la reducción de burocracia para constituir hasta el último trámite una empresa en cinco días, y en consencuencia, la creación de 400.000 puestos en un año. Especial Elecciones Generales 2019.

Faltan poco más de 20 días para las elecciones generales y los partidos políticos comienzan a desvelar sus propuestas y compromisos. Las pensiones miden con mayor exigencia la destreza de los contendientes en el cuadrilátero, ya que cualquier manifestación impopular hace saltar alarmas y perder votos en un país con casi 10 millones de pensionistas. Por eso, desde elEconomista aclaramos los postulados de cada partido en la materia, especialmente tras el revuelo ocasionado por una interpretación poco acertada de las palabras de Daniel Lacalle, número 4 del PP por Madrid, en una entrevista con este medio.

El PSOE todavía está buscando su receta para salvar el sistema de pensiones. Aunque lo desvelado hasta ahora por su programa electoral indica que las cotizaciones tendrán un papel en ello, tanto el incremento del Impuesto de Sociedades como la tasa Tobin tendrán un rol clave para sostener estas prestaciones.

La brecha salarial genera a su vez un desequilibrio en la pensión que cobran los hombres y las mujeres. En términos anuales, una mujer recibe 5.799,08 euros menos que un hombre de media a lo largo de su esperanza de vida desde la jubilación (22 años). Para salvar esta brecha, si persisten los problemas de discontinuidad de las carreras de cotización o la parcialidad en los contratos, una mujer tendría que ahorrar entre 473 euros y 1.564 euros anuales en función de su perfil de riesgo a lo largo de su vida laboral.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 9.576,4 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 7% más que en el mismo mes de 2018, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha salido al quite de las declaraciones de su propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, sobre la intención del Gobierno de estudiar la vinculación de la cuantía de estas pagas al nivel de renta del beneficiario. Esto ha provocado la reacción de la ministra, que en plena campaña electoral, ha asegurado ante los medios que el Gobierno "no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiendo las más bajas". "Para nada está en nuestra previsión modificar a la baja las pensiones de viudedad", ha dicho la ministra al ser preguntada por la polémica.

Blackstone Group ha conseguido 695 millones dólares de fondos de pensiones mexicanos (Afores) para sus primeros dos fondos locales de capital privado, según documentos, con lo que se une a Black Rock y KKR & Co en la expansión en México luego de cambios regulatorios.

El debate de las pensiones permanece vigente sobre tres ejes: suficiencia, equidad entre generaciones y sostenibilidad financiera. Y precisamente sobre este último aspecto se vislumbraron algunas previsiones poco halagüeñas a tenor de las proyecciones demográficas y de la actual configuración de los factores paramétricos que determinan la cuantía del gasto en pensiones a clases pasivas. En este sentido, el investigador asociado de Fedea y profesor colaborador de Economía Aplicada de la URJC, Miguel Ángel García, explica que ante una vinculación perpetua de las pensiones al avance de la inflación, y ante una revalorización media anual del 1,6%, el gasto extraordinario se traduciría en un coste de 1.500 euros al año para cada español.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, planteaba este martes vincular las nuevas pensiones de viudas con su nivel de renta, puesto que cuando fallece su pareja ellas ven empeorados sus ingresos, algo que ya había estudiado el Pacto de Toledo. Así lo dijo durante su intervención en la jornada 'El futuro de las pensiones. Un reto latente para la empresa', organizado por APD, VidaCaixa y Mercer.

Las Cortes Generales siguen dedicando 1,85 millones de euros al año para pagar pensiones e ingresos complementarios a 153 exparlamentarios jubilados, una cifra a la que se suman los más de 740.000 euros que se abonan como complementos de pensiones de viudedad a 70 parejas de otros veteranos políticos ya fallecidos.

El adelanto electoral, la precipitada ruptura de las negociaciones del Pacto de Toledo y el revés del Gobierno socialista, incapaz de aunar consensos para rescatar en un real decreto-ley los principales acuerdos de las recomendaciones para la reforma de las pensiones, han instalado la incertidumbre de cara a la revalorización del próximo año. De hecho, a día de hoy y ante la falta de una norma que así lo regle la ley vigente para la revisión de las cuantías de las pagas es la del PP de 2013, por lo que la subida en 2020 volvería a ser del 0,25%, después de dos años con alzas del 1,7% (2018) y del 1,6% (2019). Esto provocaría de facto la pérdida de un 50% del poder adquisitivo conservado en los dos últimos ejercicios a partir del 1 de enero del próximo año.

Los huérfanos de violencia de género pasarán a cobrar desde este 3 de marzo una pensión de orfandad de un mínimo de 600 euros, cuando antes cobraban 140 euros.

El último mes de enero nos dejó un sabor amargo en cuanto a la situación del mercado laboral en España, con un descenso en la afiliación a la Seguridad Social y un incremento del paro. Es cierto que enero suele ser negativo en este ámbito -consecuencia directa de la finalización de la temporada navideña-, pero en esta ocasión lo preocupante no radica tanto en la evolución como en las cifras en sí mismas.

Los expertos lo tienen claro: la tendencia de cada vez un mayor número de jubilados con unas pagas iniciales muy superiores a las que salen del Sistema hace que la progresión del gasto sea una cuestión perenne para la Seguridad Social. Algo que llevará a que el Estado tenga que afrontar a partir del próximo año 2020 una nómina que alcanzará los 10.000 millones de euros mensuales, asistiendo a más de 10 millones de pensionistas.

La cotización según ingresos reales para los trabajadores autónomos es una de las grandes reivindicaciones que las principales asociaciones que representan al colectivo han solicitado al Gobierno desde hace años. A la espera de la disolución de las Cortes, el próximo 5 de marzo, y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, los autónomos temen que la cotización según ingresos reales vuelva a convertirse en una gran quimera, a pesar de que debería estar implantada a principios de 2020, según las promesas de la titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, tanto a la patronal como a los sindicatos. Ante este escenario, los autónomos intentan amarrar lo negociado.

La filial de pensiones y ahorro de CaixaBank mejoró el ejercicio pasado sus beneficios un 4,5%, hasta los 662,7 millones de euros a pesar de la situación de incertidumbre de los mercados.

El Gobierno acaba de abonar hoy a los pensionistas la paga única adicional por la desviación del IPC en 2018 respecto a la subida que experimentaron sus pensiones a principios del año pasado, lo que tendrá un coste para el Ejecutivo de 123,4 millones de euros, según ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El adelanto electoral del 28 de abril va a provocar, por imperativo legal, la disolución de las Cortes el 5 de marzo, lo cual va a causar la inmediata interrupción de los trabajos legislativos en marcha. Esto hará que los proyectos de ley que no se vayan a aprobar de manera inmediata se queden en agua de borrajas, entre ellos la contrarreforma laboral y las tasas Tobin y Google.