Faltan poco más de 20 días para las elecciones generales y los partidos políticos comienzan a desvelar sus propuestas y compromisos. Las pensiones miden con mayor exigencia la destreza de los contendientes en el cuadrilátero, ya que cualquier manifestación impopular hace saltar alarmas y perder votos en un país con casi 10 millones de pensionistas. Por eso, desde elEconomista aclaramos los postulados de cada partido en la materia, especialmente tras el revuelo ocasionado por una interpretación poco acertada de las palabras de Daniel Lacalle, número 4 del PP por Madrid, en una entrevista con este medio.
Esa entrevista, más bien una de sus respuestas, fue usada el pasado fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para azuzar infundadamente el miedo a que una victoria electoral del PP conlleve una bajada de las pensiones. Pero nada más lejos. En cualquier caso, la polémica suscitada pone de manifiesto la imprudencia del uso electoral de las pensiones, algo denostado por expertos consultados por la Revista elEconomista Pensiones.
En este sentido se pronuncia el presidente de la Fundación de Activos de Gran Experiencia, Tomás Arrieta, quien rechaza el uso electoral de las pensiones. En la misma línea se pronuncia la experta en pensiones e investigadora Inmaculada Domínguez Fabián, quien aduce que la utilización de las pensiones en campaña adultera el debate y refuerza la miopía política con la que se suele abordar un problema que atañe a todas las generaciones, presentes y futuras. "Las decisiones que de verdad pueden arreglar el Sistema suelen ser costosas y el beneficio de las mismas no es inmediato", algo que aconseja extraer del debate electoral un arma tan poderosa, de la que dependen más de 10 millones de votos.
En cualquier caso, ya no hay vuelta atrás y las propuestas de los partidos para el Sistema Público de pensiones ya están en el cuadrilátero de la contienda previa al 28-A. Lacalle básicamente rechaza un recorte de las pensiones y para ello propone el saneamiento de las Cuentas Públicas como estandarte, acompañado de un mayor crecimiento económico, empleo e inversión. Realmente lo que dijo es que, de no usarse esas vías, estaríamos abocados a una merma de las pensiones iniciales que hay que evitar a toda costa. Pero veamos qué ofrecen los distintos partidos en esta materia a las puertas del 28-A.
PP: Incentivar los planes de ahorro privado
Como explica Lacalle, el PP defiende la revalorización de las pensiones y la sostenibilidad del Sistema. Para ello, defiende el mantenimiento de unas cuentas públicas saneadas así como alentar el crecimiento y el empleo como vía para elevar el número de cotizantes.
Por otra parte, el PP perseverará en su intento de incentivar el ahorro con un mejor tratamiento fiscal. Lo intentó, sin éxito, en las negociaciones durante los dos años y medio que han estado las espadas en alto. El PP busca ampliar la ventaja fiscal de los planes de pensiones privados, los correspondientes al tercer pilar de la jubilación. Los populares proponen actuar sobre dos frentes: por un lado, añadiendo a la actual reducción en la base imponible de lo aportado reducciones fiscales a la hora de rescatar el plan de pensiones -que ahora tributa por la totalidad de lo percibido- y por otro lado extendiendo las ventajas fiscales de los planes de pensiones al resto de productos destinados al ahorro a largo plazo.
PSOE: Sostiene la revalorización con el IPC
El PSOE ha sido, junto con Podemos y los partidos del espectro de izquierda, el adalid de la revalorización de las pensiones con la evolución de la inflación. Así lo reitera el partido socialista en el documento de los 110 compromisos de Sánchez de cara al 28-A. Pretende, además, aumentar en mayor medida las pensiones mínimas, y promueve una reforma consensuada con ejes en el Pacto de Toledo y el Diálogo Social. También propone abordar una reforma del Factor de Sostenibilidad, el coeficiente reductor de las nuevas pensiones que introdujo la reforma de 2013 cuya entrada en vigor ha sido pospuesta hasta 2023. Además, propone medidas para estabilizar las cuentas de la Seguridad Social, redefinir las fuentes de financiación, e incrementar la aportación del Estado para enfrentar el alza del gasto prevista por el inicio de la jubilación de la generación del baby-boom, que comenzará en 2023.
Podemos: Reclaman un indicador de suficiencia
Uno de los elementos que exigió Unidos Podemos durante las negociaciones del Pacto de Toledo, y más concretamente, en la Recomendación 15 sobre solidaridad y garantía de suficiencia de las pensiones fue la creación de un indicador de suficiencia. Aquí, la formación morada presionó para que se incluyera en el denostado borrador de la reforma el establecimiento de un indicador y un ámbito territorial de medición que sirva como referente para determinar cuáles son las cuantías suficientes a percibir como pensión. Se propone el modelo establecido en la Carta Social Europea por el que el Gobierno debe hacer un seguimiento continuado de las estadísticas que delimitan los umbrales de pobreza con arreglo a los criterios adoptados por la UE. Además, aboga por una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para que la Seguridad Social recaude entre 6.000 y 7.000 millones al año, así como destopar las cotizaciones más elevadas para los salarios por encima de los 3.500 euros al mes y estima que suprimir las bonificaciones a las empresas reportará 15.000 millones más.
Ciudadanos: Implantar el modelo de la mochila austríaca
Una de las principales propuestas de Ciudadanos en el ámbito de las pensiones es la implantación de la denominada 'mochila austriaca'. En este caso, constaría de un nuevo seguro contra el despido, mediante el cual el trabajador acumulará dinero en una cuenta durante toda su carrera profesional. En caso de despido o jubilación, el trabajador podrá cobrar esa cantidad acumulada, o bien llevársela consigo si cambia de puesto de trabajo. La aplicación de esta medida conllevaría una extensión de la previsión social complementaria en la empresa, ya que se refiere a la movilidad flexible de los ahorros evitando con ello una penalización sobre el rendimiento a la hora de rescatar el dinero.
VOX: Suprimir el IRPF para las pensiones contributivas
Las pensiones contributivas estarán exentas en el IRPF, no por doble tributación sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral", recoge el programa electoral de Vox en el ámbito de pensiones. Además, abogan por un nuevo modelo para el sistema de pensiones que sea mixto, con una parte de capitalización y otra de reparto. Así se configuraría un sistema basado por un lado en la solidaridad entre generaciones, garantizando una pensión mínima revalorizada con el coste de la vida y, por otro, en la protección a la propiedad, asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios a través de planes privados al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas.
PDeCAT: Pide la reforma de la pensión de viudedad
Es una de las apuestas del grupo catalán en el Pacto de Toledo. Se recoge en la Recomendación 13 sobre prestaciones de viudedad y orfandad, y propone que, ampliando la acción protectora sobre aquellos beneficiarios que hayan perdido el o la referente de ingresos en la familia, se plantee un nuevo escenario para las nuevas prestaciones por muerte y supervivencia, que se acomode a la realidad social del momento. En este sentido, se propone que las nuevas cuantías estén sometidas a una prueba de rentas, es decir, que deberán pasar un filtro de suficiencia y necesidad del beneficiario o beneficiaria, llegando en algún momento a vincular la pensión al nivel de renta del perceptor, con la consecuente variación de cuantía.
PNV: Extender el ahorro a través de la empresa
Gracias a la prolongada y exitosa experiencia de las Entidades de Previsión Social Voluntarias en el País Vasco, desde el PNV están decididos a dar la batalla para que el modelo vasco de previsión social complementaria en la empresa se extienda al resto del territorio. En el marco de la Recomendación 16, se busca un impulso a estos planes complementarios, centrándolo en el ámbito del empleo. Esta propuesta ha chocado sobre todo con los partidos de la izquierda, que tan solo la creen viable en una coyuntura de crecimiento de los salarios y el empleo. Además, en el modelo vasco, las entidades encargadas de gestionar el ahorro son instituciones sin ánimo de lucro e independientes.
ERC: Separar las fuentes de financiación
Es una de las propuestas más debatidas de ERC ya que es uno de los dos elementos centrales de la futura reforma del sistema público de pensiones, junto a la revalorización de las cuantías. Busca la imputación en el Presupuesto de la Seguridad Social únicamente de los gastos que sean estrictamente contributivos y no aquellos que tengan un carácter asistencial o incentivador. Desde la formación catalana, en una primera aproximación, estimaron que los costes referidos a gastos de gestión y de personal, además de las partidas ya mencionadas ascenderían a más de 10.000 millones de euros al año, lo que supone casi la mitad del déficit anual de la Seguridad Social. La propuesta implica que estos costes se sufragarían con la recaudación de impuestos.
Compromís: Cerrar la brecha de género en las cotizaciones
Desde Compromís aseguran que uno de los salvavidas de las Seguridad Social está en la equiparación del trabajo entre los hombres y las mujeres. Concretamente, según la formación, cerrar la brecha salarial de género reportaría al Estado hasta 10.000 millones de euros extra procedentes de cotizaciones sociales, lo que supone la mitad del déficit que registra anualmente el sistema de pensiones. Además, aboga por que los traspasos que se realicen por parte del Estado a la Seguridad Social computen como transferencias y no como préstamos, ya que ello implica un incremento del pasivo de la Tesorería del sistema de la Seguridad Social, de unos 19.000 millones de euros al año.
EH Bildu: Transferencia de la Seguridad Social
Desde EH Bildu se viene reclamado, también en la sede del Parlamento la transferencia de la Seguridad Social al Gobierno del País Vasco por ser éste la llave para construir un sistema público de protección social sólido y equilibrado que incluya un sistema regional de pensiones que posibilite el pago de pagas dignas en el futuro. Propone para la región un complemento a la pensión mínima para garantizar que los ingresos mensuales mínimos no sean nunca inferiores a 1.080 euros, cifra que equivale al 60 por ciento del salario medio. En total, casi 160.000 personas se beneficiarían de este complemento, todas las que cobran pensiones de jubilación inferiores a 1.080 euros, lo cual supondrían, en el País Vasco, un coste de 400 millones de euros en el primer año.
