Madrid
El adelanto electoral del 28 de abril va a provocar, por imperativo legal, la disolución de las Cortes el 5 de marzo, lo cual va a causar la inmediata interrupción de los trabajos legislativos en marcha. Esto hará que los proyectos de ley que no se vayan a aprobar de manera inmediata se queden en agua de borrajas, entre ellos la contrarreforma laboral y las tasas Tobin y Google.
De hecho, la propuesta para devolver la legislación laboral al momento previo a la reforma realizada por el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2012 ni siquiera había llegado a iniciar el camino legislativo. El planteamiento del Gobierno socialista, en contra de los deseos de las patronales, era recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la eliminación del límite de un año para la ultraactividad de los convenios y el establecimiento de límites de subcontratación, obligando a las empresas auxiliares a adoptar el convenio sectorial o de la empresa principal.
En cambio, los proyectos de ley de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transferencias financieras, las citadas tasas Tobin y Google, sí que habían iniciado su camino en el Congreso. Sin embargo, su tramitación, iniciada en enero, no podrá prosperar. Estas iniciativas necesitan al menos seis meses para cubrir plazos, algo imposible dado que en poco más de dos semanas se disuelven las Cortes, como ya había adelantado elEconomista.
El adelanto electoral frustra las tasas Tobin y Google, además de las medidas contra el fraude
Menos halagüeño todavía es el futuro de las medidas contra el fraude fiscal. El Consejo de Ministros no llegó a aprobar siquiera el proyecto de ley correspondiente, que hubiera incluido propuestas para limitar los pagos en metálico y actualizar la lista de paraísos fiscales, entre otras.
Por otro lado, la sucesiva transformación de los reales decretos ley (RDL) aprobados por el Gobierno en proyectos de ley en Congreso, dados los plazos, también impedirá su tramitación. Es lo que ha ocurrido con la iniciativa legislativa para ligar las pensiones a las fluctuaciones del IPC, que de esta manera queda pendiente para la próxima legislatura.
En cambio, se espera que la próxima semana sí prospere la nueva ley hipotecaria. De no hacerlo, España será multada por la Comisión Europea con unos 100 millones de euros.
Por otro lado, queda conocer el destino de los RDL que pueda aprobar el Consejo de Ministros en próximas fechas. El dominio que tienen PP y Ciudadanos de la Mesa del Congreso, que es la que decide en qué plazos se votan las normas, puede forzar los tiempos y evitar así que puedan ser convalidados en las Cortes.
