La derogación parcial de la reforma laboral que aprobara Mariano Rajoy en su primera legislatura, anunciada ayer por Comisiones Obreras (CCOO), ha dinamitado el Diálogo Social entre las patronales, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. CEOE y Cepyme denunciaron que no se les informó previamente de esta medida, acordada entre los propios sindicatos y la Administración Pública, algo que consideran una "ruptura unilateral" de la mesa de negociación.
Sin embargo, fuentes del sindicato niegan este extremo. Aseguran que los representantes tanto de CEOE como de Cepyme estaban presentes cuando se pactó derogar parte de la reforma popular, un acuerdo al que se llegó en la mesa de Diálogo Social que se celebró el pasado martes.
Ya entonces las patronales habrían mostrado su desacuerdo por la iniciativa acordada, un preacuerdo -que en su momento adelantó elEconomista- que recupera la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la eliminación límite de un año para ultraactividad de los convenios y el establecimiento de límites de subcontratación, obligando a las empresas auxiliares a adoptar el convenio sectorial o de la empresa principal.
En el citado preacuerdo también se incluye el subsidio para parados mayores de 52 años, que formó parte del acuerdo de Presupuestos entre el Gobierno y Podemos. Las patronales consideran que estas medidas se han planteado "sin contar con la opinión de los empresarios, a pesar de exisitr una supuesta mesa de negociación sobre esta materia". Además, avisa de que las propuestas "ponen en peligro el crecimiento y el empleo en España" y reconocen su "sorpresa, indignación y preocupación".
¿Sin cerrar?
CCOO avanzó estas medidas y dio por cerrado un "acuerdo importante" al respecto. En cambio, el otro sindicato mayoritario, UGT, no fue tan tajante, y recordó que no se ha cerrado formalmente ningún pacto al respecto. Por lo pronto, desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social no han querido hacer comentarios sobre este presunto preacuerdo, que se debería aplicar mediante la aprobación por el Consejo de Ministros de los correspondientes reales decretos.
De hecho, Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, advirtió de que si no se aplican estas medidas el sindicato planteará a UGT movilizaciones. "El Gobierno tendrá un problema. Al cerco político que ya tiene", por su escasa fuerza parlamentaria, "se le unirá el cerco sindical".
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