Todos los expertos en la materia ya cuentan con que la jubilación de las personas de la generación del baby-boom tensionará sobremanera las cuentas de la Seguridad Social, que se verá obligada a afrontar el pago de unas pensiones de más cuantía, debido a la mayor generación de derechos por cotizaciones de salarios más elevados, y durante un mayor periodo de tiempo por el alargamiento constante de la esperanza de vida. Así, en plena campaña, el responsable económico de La Moncloa, Manuel de la Rocha, propuso este martes la creación de un impuesto especial para pagar las pensiones, que va más allá de las propuestas que lleva el partido socialista en el programa electoral.
Sobre este aspecto del tratamiento de las pensiones fueron preguntados los representantes económicos de los principales partidos -Manuel de la Rocha (PSOE), Alberto Nadal (PP), Francisco de la Torre (Ciudadanos) e Iván Ayala (Unidas Podemos)- en el debate específico de la materia albergado por el Consejo General de Economistas, con el denominador común en las repuestas de la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas pero sin perder de vista la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.
La novedad en los postulados la dejó el responsable económico de La Moncloa, al asegurar que el PSOE está dispuesto a debatir la aplicación de un impuesto específico para pagar las pensiones durante los años de la jubilación de la generación del baby-boom, a partir de 2030, cuando las previsiones sitúan un fuerte repunte del gasto que ante la falta de ingresos extra del sistema, pero que se moderará cuando la cohorte sale del mismo. Desde el partido socialista ya se había deslizado la idea de que si las cotizaciones no alcanzaban para cubrir el gasto habría que tirar de impuestos con figuras como la llamada tasa Tobin.
"Abrimos la puerta a un impuesto especial durante los 20 años de tensión del Sistema", señaló el socialista De la Rocha en referencia a lo que sería un tributo ad hoc y temporal para contener el tensionamiento de la tesorería de la Seguridad Social por la jubilación de los conocidos como baby-boomers.
Concretamente, las previsiones de la AIReF sitúan que ante la situación actual con la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) una proyección de incremento del gasto entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB hasta 2050, asumiendo las previsiones de evolución demográfica, es decir, cerca de 25.000 millones de euros más. Ello supondrían un desembolso en la partida de las pensiones de cerca del 15% del PIB, algo por encima de la media de la UE, pero que De la Rocha asegura es un gasto "perfectamente financiable".
Otro de los aspectos en el que coinciden los representantes de los diferentes partidos políticos es en la necesidad de impulsar el incremento salarial en el conjunto del tejido productivo español como condición expresa para poder afrontar un saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social. En este sentido, Iván Ayala de Unidas Podemos recalca que tras la subida del 22% del salario mínimo supondrá un aumento de recaudación de 20.000 millones.
Reducción del déficit
Por su parte, Alberto Nadal del PP recordó que "el enemigo número uno de las pensiones es el déficit público". Asegura que las pensiones hay que pagarlas reduciendo el déficit y creando empleo ya que "el Estado siempre va a acudir en ayuda del sistema" cuando sea necesario. Para este año solo el déficit de la Seguridad Social alcanzará los 18.000 millones de euros.
Por último, Francisco de la Torre de Ciudadanos ha recordado las propuestas de la formación naranja para tratar de reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social mediante una "clara" separación de fuentes de financiación que fije los gastos contributivos y no contributivos que soporta el Sistema para progresivamente ir derivando estos últimos a los Presupuestos.