El primer reporte del Observatorio del Envejecimiento -que surge de la alianza entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y Compañía de Seguros Confuturo- hace un análisis de las redes de apoyo para este grupo de la población, y plantea la necesidad de robustecerlas frente a los cambios demográficos que están impactando las relaciones y composición de los hogares en Chile.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,1% el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior y elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,8%, su valor más alto desde mayo y el más bajo en un cierre de año desde el ejercicio 2015, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los que ya adelantó a final de año.
En España tenemos por un lado las pensiones contributivas y por otro las no contributivas. Las primeras son prestaciones económicas y de duración indefinida casi siempre, cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos.
La revalorización de las pensiones se aplica con efectos 1 de enero, aunque se abonará en la nómina de febrero.
Diciembre salvó el año en planes de pensiones. Estos vehículos, que apenas habían logrado captar 175 millones de euros hasta el mes de noviembre, consiguieron un aluvión de entradas de dinero en la última parte del año. Gracias a las aportaciones registradas en diciembre, los planes de pensiones individuales cerraron 2019 con suscripciones netas por valor de 1.167 millones de euros. Este importe supone más del doble de lo captado en 2018, cuando solo se registraron 585 millones, y es la más alta desde 2009. Eso sí, sigue muy lejos de las cifras previas a la gran crisis financiera, ya que en 2006 las aportaciones netas se situaban en niveles cercanos a los 3.800 millones de euros
El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno aprueba una revalorización de las pensiones del 0,9%, cuantía casi idéntica al IPC de diciembre. Era un paso previsible ya que el presidente Sánchez aseguró el mes pasado que ésta sería su medida prioritaria. Además, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó en su toma de posesión que este tipo de subidas marcarán la tónica durante la legislatura, ya que el objetivo es volver a vincular las pensiones con la inflación.
Estamos preocupados por la pensión pública que vamos a tener cuando nos jubilemos, no es ninguna novedad. Según el Informe de Pensiones de ING de 2019 en el que se analizan las tendencias de los españoles ante la jubilación, un 80% cree que no podrá mantener su actual nivel de vida cuando llegue el momento de su retiro. Y con razón. El aumento de la longevidad y la falta de natalidad está invirtiendo la pirámide poblacional. Y esto provoca que los pocos ciudadanos que queden en la base no van a poder mantener la masa ingente de pensionistas.
El Consejo de Ministros, el primero tras la configuración del nuevo Gobierno, ha aprobado este martes un Real Decreto-ley por el que las pensiones subirán este año un 0,9%, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, pero el gabinete de Sánchez no ha incluido también el alza de los funcionarios, que ya está pactada. El presidente ha confirmado que el Gobierno está pendiente de la negociación con Bruselas para establecer una nueva senda de déficit, para determinar el gasto que puede afrontar el Estado ante las promesas hechas por el nuevo Gobierno.
Israel Arroyo ha sido nombrado como nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social y de Pensiones, según ha anunciado el Consejo de Ministros. Hasta ahora, ejercía como subdirector general de Endeudamiento Público de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Lo confirmó este mismo lunes el ya ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante el intercambio de carteras: el Gobierno se compromete a subir las pensiones conforme al IPC durante este mandato. Una medida que ya se conocía por boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que confirmó el que será el máximo mandatario del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país. Sin embargo, el reto se abre para Escrivá en su intención de cerrar por completo del déficit del Sistema ya que esta senda de revalorización implica un incremento del coste de las pensiones de 7.650 millones de euros en los cuatro años que está previsto dure la legislatura.
Finalmente, el Pedro Sánchez cumple su promesa de incrementar las pensiones un 0,9% en 2020 después de que las congelase de manera cautelar a finales del pasado mes de diciembre hasta que se culminase la formación del Gobierno de coalición. Así, el primer Consejo de Ministros de la legislatura ha alumbrado este martes la subida de pensiones del 0,9% para este año con carácter retroactivo a 1 de enero, en lo que ha sido la carta del presentación del Ejecutivo de coalición de clara vocación social.
A partir del 13 de enero de 2020, el importe máximo que se otorga al solicitar un préstamo de pensión en el IMSS incrementa de 30 a 90 veces el valor diario en moneda nacional de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
"Debemos derogar la reforma laboral". Con estas palabras inicia la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su andadura al frente del ministerio que centrará buena parte de sus esfuerzos en cambiar la ley que rige el mercado laboral desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy ejecutase su reforma en una coyuntura de destrucción masiva de puestos de trabajo.
José Luis Escrivá será durante la próxima legislatura el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y por lo tanto será uno de los elementos centrales de la reforma del sistema de pensiones en la que trabaja el Pacto de Toledo desde hace ahora más de tres años. Sin embargo, el futuro ministro viene con el librillo aprendido por su experiencia al frene de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El PP ha exigido de manera inmediata a la recién conformada Mesa del Congreso la constitución "de inmediato" de la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso con el fin de renovar sus recomendaciones y que estas "marquen el futuro de la acción del Gobierno en materia de Seguridad Social".Cabe recordar que este mes de febrero se cumple un año de inactividad por parte de la Comisión parlamentaria después de que se fracturase en el último momento por el desacuerdo de Unidas Podemos en el borrador de recomendaciones que previamente había apoyado. Desde ese momento, y tres procesos electorales mediante, los trabajos sobre la reforma del sistema de pensiones permanecen frenados a la espera de que se vuelva a conformar el Pacto de Toledo.
Los colegios privados deben informar al menos 30 días antes del proceso de matrícula sobre el monto, número y fecha de pago de las pensiones y las cuotas de matrícula y de ingreso, según la nueva norma aprobada por el Gobierno para luchar contra la informalidad en la educación privada.
El comienzo de un nuevo año, y el inicio de una nueva década, es buen momento para una reflexión a más largo plazo sobre la política económica. En la década de 2010, dominada por las consecuencias de una crisis financiera extraordinaria, un fuerte estímulo monetario y fiscal estaba claramente justificado. De hecho, hoy en general se coincide en que la aplicación por casi todos los gobiernos de grandes expansiones fiscales seguidas de políticas monetarias no convencionales fue esencial para evitar que la Gran Recesión se convirtiera en una repetición de la Gran Depresión de los años treinta.
El sistema de pensiones sufre cada vez más presión debido al creciente déficit estructural de la Seguridad Social. Un déficit causado, entre otros factores, por el envejecimiento de la población y España, recordemos, es uno de los países más envejecidos del mundo. Y, sin embargo, ningún partido político ha propuesto aún una política global para adaptar nuestro sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica.
Empleados ferroviarios, profesores, abogados y médicos salen a las calles este jueves en Francia en demanda del retiro de la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, tras más de un mes de huelgas y movilizaciones que no ceden.
En el contexto de la interpelación que encabezó el diputado Marcelo Díaz, María José Zaldívar reconoció que la promesa emprendida en los años 80s respecto de las pensiones que entregaría el sistema de capitalización no se cumplió, por lo que sostuvo que es imperioso efectuar cambios relevantes en materia de cotización y de la administración del sistema.
"Procederemos a la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad". Este es el compromiso que describe el acuerdo de Gobierno anunciado el pasado 30 de diciembre. La pregunta del millón es cuánto supondrá para las arcas públicas que el Estado (o mejor dicho, las comunidades autónomas) vuelva a asumir la aportación que los jubilados hacen desde 2012. La respuesta ronda los 600 millones de manera anual y una vez se haya aplicado a todos los pensionistas, con independencia de su renta. "Si se eliminara totalmente el copago de los pensionistas hay estimaciones sobre el importe total en unos 600 millones de euros anuales, aunque la eliminación será progresiva a lo largo de la legislatura", explica el ex portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado por el PSOE, José Martínez Olmos.
El Gobierno de Francia y los sindicatos retoman este martes las negociaciones de cara a concluir con la huelga ferroviaria que desde hace un mes tiene al país galo paralizado debido a la controvertidas reforma de las pensiones planeada por el presidente, Emmanuel Macron.
Se fue, pero con pensión. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, recibirá más de 1 millón de pesos anuales durante dos años y más tarde su pensión vitalicia quedará en 862,000 pesos, reveló hoy Milenio.
En plena crisis por la situación financiera de la Seguridad Social y la cuestión de la revalorización de las pensiones en boga tras la suspensión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el último Consejo de Ministros del año hasta que se logre conformar un Ejecutivo en plenitud de funciones, el Pacto de Toledo -órgano parlamentario encargado de fijar las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones- roza el año de inactividad desde que se fracturase la Comisión allá por finales del pasado mes de febrero del 2019.
El Gobierno de coalición que se avecina, con la presidencia de Pedro Sánchez, en nombre del Partido Socialista, y con Podemos de socio prioritario, se enfrenta a un año lleno de difíciles retos económicos e incluso de proposiciones contrapuestas entre las distintas formaciones. De momento, Sánchez comienza 2020 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, y con pensiones, salario mínimo y el sueldo de los funcionarios sin actualizar. Por eso, el primer gran reto económico serán unas Cuentas Públicas que, por primera vez, tendrán que tener en cuenta la entrada en vigor del artículo 135.2 de la Constitución que obliga a que todo proyecto presupuestario tenga que adaptarse a las cifras estipuladas por la Comisión Europea.
Todo está preparado para que este martes Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son las primeras decisión que tomará el Ejecutivo de coalición que tomará posesión durante la próxima semana? Sus presentes y futuros miembros lo tienen claro: retomar “de inmediato”, según fuentes de Moncloa, la agenda de medidas que tuvieron que quedar aparcadas por la interinidad de Gobierno durante casi todo el año pasado, y marcadas en rojo están las subidas de los salarios de los funcionarios y de las pensiones.
El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al candidato socialista a la Moncloa, Pedro Sánchez, de querer quebrar el sistema de la Seguridad Social y de llevar a cabo un "desvío masivo del gasto", al tiempo que le ha recriminado que engaña a los pensionistas. Todo ello en un discurso duro en el que ha criticado sin censuras las propuestas económicas del socialista.
Unidas Podemos tuvo finalmente que claudicar en sus peticiones estrella para materializar la coalición de Gobierno con el PSOE, el pasado lunes, en el Congreso de los Diputados, cuando presentaron ambos partidos una hoja de ruta económica común, en la que la formación morada renunció a sus aspiraciones más monolíticas.
El futuro Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, cuya formación parece irreversible una vez se ha confirmado la abstención de ERC en la votación de investidura de Pedro Sánchez, ya ha puesto las cartas sobre la mesa a través del programa de Gobierno que se presentó a principios de esta semana, un documento que incluye una ambiciosa reforma fiscal... que no lo es lo suficiente. La programada alza de salarios públicos y de pensiones se comerá la cifra que se obtenga por las subidas tributarias, lo cual sumado a los compromisos de cumplimiento del déficit bloquea la financiación de las medidas ya programadas por el nuevo Ejecutivo en el campo social.
La exclusividad política e informativa del tortuoso proceso negociador, cara a la mayoría suficiente que garantice la Investidura de Pedro Sánchez, a fuer de cansina, aburrida y desmoralizadora, ha devenido en una versión made in Spain del cuento de la buena pipa.
