El sistema público de pensiones español se encuentra en estado crítico en términos de equilibrio financiero. El progresivo aumento del gasto en esta partida asociado a prestaciones de una mayor cuantía y que se abonan durante más tiempo como consecuencia del incremento de la esperanza de vida hace que las cuentas de la Seguridad Social se tensen cada vez más con el paso de los años. De esta coyuntura dio cuenta el Banco de España este miércoles advirtiendo de la inviabilidad de incrementar las cuantías en relación a la inflación sin tomar medidas complementarias que eleven los ingresos del Sistema.
Cabe recordar que la suspensión de la fórmula de revalorización de las pensiones introducida en la reforma de 2013 (que limita el alza de las mismas a un 0,25% en situaciones de déficit del sistema como el actual) ha implicado una subida de las pensiones mínimas y no contributivas del 3% en 2018 y 2019, mientras que el resto de las pensiones contributivas se revalorizaron un 1,7% el año pasado y un 1,6% en el ejercicio actual, conforme al IPC previsto.
Cada una de estas subidas llevadas a término por el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un coste extra asociado de más de 3.000 millones de euros anuales, que se suman a la ya abultada factura de 150.000 millones de euros que asume cada ejercicio el Estado en esta partida presupuestaria.
De este modo, y en ausencia de medidas adicionales, el Banco de España advierte de que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentará el gasto en, aproximadamente, dos puntos del PIB en 2030 y en más de tres puntos del PIB en 2050.
"Lo ideal es que las pensiones se actualicen con la inflación. Esto es posible si se contiene el gasto retrasando gradualmente la edad de jubilación y reduciendo la tasa de reposición, es decir, la pensión inicial en relación al salario sobre el que se ha cotizado", apunta para elEconomista el responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech.
El empleo no absorberá el gasto
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, considera que mejorar la tasas de empleo tendría un recorrido "limitado" a la hora de compensar la presión demográfica hacia el sistema, incluso "en escenarios optimistas". Así, sostiene que una tasa de empleo del 80% en 2050 (ahora es del 61%), reduciría el aumento del gasto en pensiones debido al factor demográfico entre un 43% y un 58%.
En el escenario base de tasa de dependencia de la AIReF, una tasa de empleo del 80% recortaría el gasto en pensiones en cinco puntos, frente al aumento de gasto de 10,2 puntos debido a la demografía. No obstante, para Arce, dada la evolución histórica, una tasa de empleo por encima del 70% "constituye un objetivo ambicioso".
Sin embargo, esto sería en el mejor de los escenarios y, para España, las pulsiones de la desaceleración económica internacional ya están trastocando la evolución del mercado laboral. Según los últimos datos de Empleo, la Seguridad Social cerró septiembre con un aumento medio de 3.224 afiliados respecto a agosto (+0,02%), su peor dato en este mes desde 2013,mientras que el paro aumentó en 13.907 personas en el mismo mes aunque el total de desempleados es el más bajo en este mes desde 2008.
Con el repunte registrado en el noveno mes del año, el total de ocupados se situó en 19.323.451 afiliados, su mejor dato en un mes de septiembre desde que existen registros. En valores interanuales, la afiliación ha crecido en 460.739 cotizantes desde septiembre de 2018 (+2,4%).
Un sistema "inviable"
En opinión de Arce, las reformas sobre el sistema llevadas a cabo en 2011 y 2013 supusieron un "avance sustancial" para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. No obstante, al haberse suspendido la aplicación de los principales elementos de la reforma de 2013 (el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones), Arce ve cuestionada la viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo y cree necesario lograr acuerdos "amplios" para garantizar su viabilidad social.
El director general de Economía y Estadística del Banco de España ha explicado que el déficit de la Seguridad Social en los últimos años se debe fundamentalmente a un aumento "muy significativo" del gasto en pensiones contributivas, desde el 7,4% del PIB en 2007 al 10,6% en 2018.
Para Álvaro Granado, responsable de Pensiones de KPMG Abogados, "la comunicación y la transparencia son elementos clave para que todos podamos contar con la información necesaria que nos permita llevar a cabo una óptima planificación de la jubilación. El informe del Banco de España recoge datos muy ilustrativos interesantes acerca de la salud de nuestro sistema y cómo variables como el envejecimiento de la población, las tasas de dependencia, la situación del mercado laboral y la evolución de la tasa de natalidad condicionan el futuro de nuestro sistema de pensiones".
Edad efectiva de jubilación
Como alternativas para reforzar la sostenibilidad del sistema, Arce ha apostado de nuevo por valorar la posibilidad de introducir "ajustes" en la edad efectiva de jubilación, que cifra en el entorno de los 64 años. Recuerda además que varios países de la UE han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida, como Italia, Portugal, Dinamarca y Finlandia.
Además, advierte de que suprimir el tope máximo de cotización, aunque sería una medida con un potencial recaudatorio elevado, podría afectar negativamente al empleo y generaría un aumento del gasto en pensiones a futuro salvo que se mantenga el límite impuesto por la pensión máxima, "en cuyo caso el carácter contributivo del sistema se vería minorado".
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