Pensiones: financiación por aclarar

El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno aprueba una revalorización de las pensiones del 0,9%, cuantía casi idéntica al IPC de diciembre. Era un paso previsible ya que el presidente Sánchez aseguró el mes pasado que ésta sería su medida prioritaria. Además, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, adelantó en su toma de posesión que este tipo de subidas marcarán la tónica durante la legislatura, ya que el objetivo es volver a vincular las pensiones con la inflación.

En paralelo, Escrivá también se compromete a acabar con el déficit que la Seguridad Social arrastra. Compaginar esa meta con el impulso al gasto que supone el regreso de la indexación de las pensiones (casi 8.000 millones más en los próximos cuatro años) resultará un desafío de primer orden. No cabe esperar un mayor rendimiento de las cotizaciones sociales en el medio-largo plazo. La situación puede hasta empeorar, dado que la desaceleración del PIB ya ralentiza la creación de empleo y ese fenómeno se ahondará si continúan los planes de castigar más fiscalmente a las empresas. Todo ello se producirá en un contexto en el que el inicio de las jubilaciones de la generación del baby-boom acelerará aún más los gastos.

El sistema está abocado a reclamar aún más por la vía de los impuestos para que pueda ser sostenible en el futuro

Ni el Gobierno ni los integrantes del Pacto de Toledo han explicado cómo se financiará ese esfuerzo extra. Ahora, 150 euros de cada pensión media son ya sufragados mensualmente con préstamos del Estado a la Seguridad Social, una deuda que se cubre por vía de impuestos. Todo apunta a que tendrá que recaudarse más por ese medio lo que pone en una situación difícil al ciudadano. Deberá así contribuir doblemente, mediante sus cotizaciones y su renta, sin compensación proporcional en la cuantía de la pensión que recibirá.

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