El Gobierno de coalición que se avecina, con la presidencia de Pedro Sánchez, en nombre del Partido Socialista, y con Podemos de socio prioritario, se enfrenta a un año lleno de difíciles retos económicos e incluso de proposiciones contrapuestas entre las distintas formaciones. De momento, Sánchez comienza 2020 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, y con pensiones, salario mínimo y el sueldo de los funcionarios sin actualizar. Por eso, el primer gran reto económico serán unas Cuentas Públicas que, por primera vez, tendrán que tener en cuenta la entrada en vigor del artículo 135.2 de la Constitución que obliga a que todo proyecto presupuestario tenga que adaptarse a las cifras estipuladas por la Comisión Europea.
Con este planteamiento, el Presupuesto que en su día diseñaron en febrero de 2019 PSOE y Unidas Podemos, presupuestos frustrados por la mayoría del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se encontrará de bruces con el primer gran obstáculo de la legislatura. Y es que Bruselas ya contestó a España que dudaba de su capacidad recaudatoria, que cuadriplicaban el gasto público y que además incumplían la meta de déficit.
Pero la advertencia de Europa no ha hecho mella en la idea primigenia que tiene el primer Gobierno de coalición de España, esta vez formado por socialistas y comunistas. En su acuerdo, mantienen un impuesto sobre negocios digitales, subida del Impuesto de Sociedades, gravamen al diésel, incremento de Patrimonio a las grandes fortunas, subida del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, con un cálculo de recaudación de entre 5.654 y 6.654 millones de euros, a todas luces, insuficiente.
En una cara de la moneda, los acuerdos económicos alcanzados con el resto de partidos que harán posible que Pedro Sánchez siga en La Moncloa, en principio, siembran incertidumbre sobre las posibilidades de unas cuentas públicas ajustadas al déficit, tal y como exige la Comisión Europea.
De la otra cara, el incumplimiento de las promesas selladas con las fuerzas políticas no garantizan que esas Cuentas salgan adelante en el momento en que se vean frustrados esos compromisos, máxime cuando se aprecie una descompensación económica territorial y el principio de solidaridad salte por los aires.
Asegurarse dos años de poder
Lo que sí parece evidente es que, de superar este reto, sin enmiendas a la totalidad, el Gobierno habrá aprobado un examen decisivo y determinante para asegurarse al menos dos años en el poder. Porque, de otra forma, Sánchez volvería a la casilla de febrero de 2019, cuando no habiendo aprobado los Presupuestos de ese año, se vio empujado a convocar elecciones el 28-A.
Otro de los grandes compromisos del Ejecutivo de Sánchez es el desarrollo de la Ley del Cambio Climático, cuya dotación económica quedó fijada por el presidente en un gasto de 235.000 millones de euros en diez años. Ya en los Presupuestos fallidos de 2019 reflejó un aumento del 5,1 por ciento con respecto a 2018. La Ley estará ligada al futuro de las Cuentas. Si no, caerá en papel mojado.
La visión ecologista
Complicada se antoja la implantación del Banco de Inversión Pública para la Transición Tecnológica. La idea, original de Podemos, de contar además con un Ministerio, enfrentaría a PSOE y Unidas Podemos con el PNV, preocupados por la reforma del mercado eléctrico, teniendo en cuenta que la empresa vasca Iberdrola es una de las grandes contribuyentes a la Hacienda foral vasca.
Los jeltzales desconfían de la experiencia y de la pericia de los de Pablo Iglesias en esta y en otras materias como el fin del diésel, que para Unidas Podemos tendría que ser para 2025, con las consecuencias negativas que esa medida puede tener sobre las empresas de componentes de automoción, uno de los sectores empresariales más potentes del País Vasco.
La reforma laboral será otro escollo en el camino. Las formaciones parlamentarias están muy divididas. El PSOE quiere cambiar los aspectos más lesivos, el PNV también, pero no coincide necesariamente con los postulados de Unidas Podemos, que quieren directamente derogar la reforma. Además, en el juego entra un nuevo Estatuto de los Trabajadores que habrá de ser consensuado por los agentes sociales si el Gobierno actúa con transparencia así como la diatriba de no acometer una subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) por la puerta de atrás.
Entretanto, con la pensiones congeladas, el SMI y los sueldos de los funcionarios también, al menos mientras el Gobierno esté en funciones, el futuro ejecutivo socialcomunista quiere promover el régimen especial de autónomos -donde es previsible que encuentre los acuerdos del arco parlamentario del centro-derecha, para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales con mayor cartera de servicios sociales. Distinto será endurecer el régimen sancionador para las empresas morosas.
