Unidas Podemos tuvo finalmente que claudicar en sus peticiones estrella para materializar la coalición de Gobierno con el PSOE, el pasado lunes, en el Congreso de los Diputados, cuando presentaron ambos partidos una hoja de ruta económica común, en la que la formación morada renunció a sus aspiraciones más monolíticas.
Los de Pablo Iglesias pusieron tres condiciones para la confección del documento común con el PSOE de Pedro Sánchez: la creación del ingreso mínimo vital, la eliminación completa de la reforma laboral del PP y la reversión del aumento de la edad de jubilación, actualmente en los 65 años y 10 meses, para devolverla a los 65 años, que marcaba la ley antes de las reformas del PP.
Esta última petición, según fuentes parlamentarias de elEconomista, tumbó las aspiraciones maximalistas de Unidas Podemos y acabó derivando en un mero esbozo programático de arbitrar una figura de renta mínima, a la que el documento Un Nuevo Acuerdo Para España no dedica más de tres líneas y sobre el que no concreta nada, a la modificación de la citada reforma laboral del Partido Popular sin implicar su derogación y a la negativa a rebajar la actual edad legal de jubilación.
De hecho, como ha podido saber elEconomista, precisamente este punto fue el que hizo al Departamento de Hacienda poner pie en pared a las pretensiones de Podemos, que finalmente se plegó a un acuerdo rebajado con el Partido Socialista, a cambio de formar Gobierno y granjearse puestos en algunas carteras.
La negativa del Gabinete económico de Moncloa es básicamente financiera. Las tensiones de las cuentas de la Seguridad Social ya no soportan la más mínima sobrecarga, con un déficit enquistado en el entorno de los 18.000 millones anuales, como ya ha certificado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Una marcha atrás en las pocas medidas implantadas por el PP que pueden apuntalar las cuentas tendría un impacto inasumible, dados los números rojos que de forma perenne arroja el Sistema Público de Pensiones.
Máxime cuando todas las recomendaciones de organismos supranacionales conminan a que España busque un reequilibrio de la Seguridad Social, encaminado a la sostenibilidad, sobre todo después del regreso a la revalorización de las pagas vinculada a la inflación.
Unidas Podemos pretendió tumbar la única medida del PP que quedaba viva en materia de pensiones, una vez desmantelados tanto el factor de sostenibilidad, un coeficiente definido en la reforma de Mariano Rajoy de 2013 llamado a rebajar gradualmente la cuantía de las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida, como el IRP, el índice de actualización que fijaba también desde 2013 un 0,25% de alza para las pensiones. Pero los técnicos y el departamento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en este punto frenaron el voluntarismo de Podemos, lo que vino acompañado de un recorte de la reforma laboral menos ambicioso que la eliminación total que pretendían las filas moradas, así como de la mera mención de un ingreso mínimo vital para algunos colectivos, sin cuantificación ni calendario.
No obstante, los de Podemos se plegaron a la rúbrica del documento final que les permitiría formar parte del futuro Gobierno y que sí recoge muchas de sus sempiternas peticiones, como el alza gradual del salario mínimo interprofesional hasta los 1.200 euros en 2023 o el hachazo fiscal a la gran empresa, al exiguo colectivo de asalariados que cobran más de 130.000 euros anuales, o la proyección de tasas a los servicios digitales y las transacciones financieras.
Para Sánchez, la escisión de la Seguridad Social supone una suerte de cuadratura del círculo
Entre las carteras ministeriales a las que podría acceder Podemos se baraja la de Trabajo, que según algunas fuentes podría encabezar Yolanda Díaz, portavoz de Galicia en Común, una de las confluencias de Unidas Podemos en el Congreso, si bien se prevé que, en ese caso, la dirección de la Seguridad Social se desgaje del Ministerio de Trabajo. Algo que concuerda con la especial protección por parte de Moncloa, y por ende del PSOE, a las finanzas de las pensiones.
De hecho, el documento como socios de PSOE y Unidas Podemos separa las medidas en materia laboral, con las iniciativas relacionadas con la Seguridad Social, lo que refuerza la idea de que los socialistas planean excluir estas competencias de Trabajo, para que funcionen ahora bajo el paraguas de Economía o Hacienda.
Para el presidente en funciones, Pedro Sánchez, la escisión de la Seguridad Social supone una suerte de cuadratura del círculo, al lograr cumplir con las pretensiones de Unidas Podemos de tener una cartera con fuerte peso económico en el nuevo Gobierno, a la vez que el PSOE seguirá controlando las pensiones, que supone la principal partida presupuestaria.
