El sistema de pensiones español es móvil, ya que va modificando las condiciones en las que se accede a las pensiones de jubilación de forma progresiva. Por lo tanto, con la entrada del nuevo año habrá modificaciones que, entre otras cosas, afectarán a la edad ordinaria de jubilación.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no convocará a los agentes sociales la próxima semana y el acuerdo por la reforma de pensiones queda definitivamente aplazado a comienzos de 2023, según trasladan fuentes del diálogo social a elEconomista.es. En público, CCOO descarta también la posibilidad de cerrar la reforma y enviarla a Bruselas, al menos, hasta el próximo año y fuentes de Moncloa confían en cerrar la reforma ya en 2023.
Las pensiones de jubilación y las de viudedad engloban la gran mayoría del gasto en pensiones contributivas mes a mes. No es para menos: su coste es de 9.750 de los más de 10.900 millones de euros que para la Seguridad Social mes a mes, según los datos del organismo. Entre los beneficiarios de estas dos pensiones suman más de 7,8 millones de personas, pero en algunos casos puede darse la circunstancia de que una misma persona cobre las dos pensiones a la vez.
Si existe un trámite trascendental dentro del proceso de solicitud una pensión contributiva de incapacidad permanente es el de la visita al tribunal médico, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI). Un evento sobre el que mucho se comenta pero menos se sabe, por lo que es conveniente tener bien claros una serie de aspectos antes de acudir a ese tribunal.
Las pensiones de jubilación son las más numerosas dentro de las más de 9,9 millones de pensiones contributivas que se abonan mensualmente en nuestro país. Como su propio nombre indica, para percibir una de estas prestaciones es necesario acumular una serie de contribuciones en forma de cotizaciones a la Seguridad Social.
Cuando nos referimos a una pensión de jubilación lo habitual es hacer referencia a las pensiones contributivas de jubilación, aquellas que se abonan a las personas que han reunido una serie de requisitos entre los cuales se encuentra la contribución a partir de cotizaciones a la Seguridad Social.
El Gobierno ha dado un viraje de 180 grados en sus relaciones con la patronal una vez que sacó adelante la última reforma laboral y el mecanismo para revalorizar las pensiones ligado al IPC. En el año transcurrido desde que consiguió el apoyo de los empresarios para esas dos medidas, el Ejecutivo ha optado por restringir su comunicación con ellos hasta el punto de que ahora es prácticamente inexistente, según reconocen a elEconomista.es fuentes de la directiva de CEOE.
Las pensiones de jubilación son, de largo, las prestaciones contributivas más abonadas mes a mes por la Seguridad Social. Según los datos del propio organismo, son 6,28 millones de pensiones de este tipo (con un valor de más de 7.900 millones de euros) las que se pagan de forma mensual, por lo que es necesario un mecanismo perfectamente engrasado para gestionarlas y conceder o denegar su reconocimiento.
El sistema de pensiones español está muy cerca de sufrir cambios aprobados para la llegada del nuevo año. Así, a partir de 2023 entrarán en vigor modificaciones que afectarán a diferentes materias como la edad de jubilación, la cotización de los trabajadores o el método de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social.
El Banco de España ha publicado los datos de deuda relativos al tercer trimestre de este 2022, registrando un nuevo nuevo récord: 1,504 billones de euros. Aquí, el agujero de las cuentas de la Seguridad Social, aunque ha contenido su crecimiento a lo largo de los tres trimestre del año, presenta una deuda que se ha más que triplicado desde el primer trimestre de 2018 y roza ya los 100.000 millones de euros.
Con la confirmación oficial del dato de la inflación en el mes de noviembre por parte del Instituto Nacional de Estadística (un 6,8% que prolonga la tendencia a la baja a pesar del alto coste de los alimentos) también es oficial el aumento en las pensiones contributivas para el año 2023, que será de un 8,5%: un 8,47% redondeado por la Seguridad Social.
Uno de los oscuros objetos de deseo de los trabajadores es alcanzar la jubilación lo más rápido posible y con la pensión de mayor cuantía posible. No siempre sucede, aunque en otras ocasiones esta circunstancia puede darse de forma involuntaria, sin que el empleado ejecute de forma voluntaria los mecanismos de jubilación. Y en esos casos existe la opción de llegar al adelanto de ese retiro profesional incluso a los 61 años.
A la hora de calcular una pensión de jubilación o cualquier prestación contributiva de la Seguridad Social o la prestación contributiva por desempleo que abona el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), es importante conocer la importancia de dos elementos que son cruciales y que suelen confundirse y fundir su significado a pesar de que son diferentes.
Una vez que un trabajador decide poner fin a su carrera laboral de forma definitiva para convertirse en pensionista y cobrar una pensión de jubilación es muy frecuente dejarse llevar por la creencia de que con este paso acaban sus obligaciones fiscales al no recibir salarios por los que tributar. Pero nada más lejos de la realidad.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza José Luis Escrivá mantiene sobre la mesa una propuesta para aumentar las bases de cotización 30 puntos más el IPC hasta mitad de siglo. El conocido destope es la herramienta elegida por el Gobierno para arañar ingresos extra de los salarios superiores a los 49.000 euros en los que está el límite actual y cubrir los 2030 y 2040, dos décadas de especial tensionamiento financiero de la Seguridad Social. En 2050, el gasto se elevará un 3,5% del PIB, mientras Fedea limita al 0,15% el impacto de este destope.
El Gobierno ha retomado la negociación con los agentes sociales por la reforma de pensiones con ligeros avances en materia de cobertura de las lagunas de cotización por brecha de género. Tal y como informan fuentes de la Seguridad Social, reforzarán la cobertura de lagunas de cotización en periodos de desempleo "elevando hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo". Sin embargo, el diálogo social traslada su malestar por una reunión con escaso contenido y condicionan el próximo encuentro a que el Gobierno tenga una propuesta más amplia.
El proceso para la solicitud de una pensión de incapacidad permanente suele comenzar con la petición de la persona que la desea. Es el trámite inicial común a la gran mayoría de pensiones contributivas, pero en algunos casos la iniciativa no tiene por qué recaer en el propio trabajador.
El sistema de pensiones en España no es un sistema inmóvil, dado que las diferentes reformas que han tenido lugar los últimos años han derivado en calendarios de aplicación progresiva de las medidas que esas reformas contienen. Por eso, el efecto de las mismas se sigue notando año tras año hasta su implantación definitiva. Esto hace que, de forma anual, algunos aspectos relacionados con la jubilación cambien en nuestro país.
La inflación durante el presente 2022 ha registrado tasas inéditas en cuatro décadas en España, una tónica presente en el resto de economías desarrolladas. La OCDE analiza el impacto sobre la revalorización de las pensiones de este desvío del IPC que provoca un gasto extraordinario superior a 15.000 millones en España. Ante tal nivel inesperado de precios, la institución plantea una revalorización alternativa que otorgue una mayor protección a las prestaciones del primer pilar más bajas y, a la vez, alivie el impacto sobre las cuentas públicas.
Los unit linked han conseguido configurarse como una de las principales alternativas a los planes de pensiones, con un crecimiento del 25% de su volumen patrimonial desde 2020, el año anterior a que entraran en vigor los topes impuestos por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a las aportaciones a los planes de pensiones individuales -que pasaron de 8.000 a 2.000 euros anuales en 2021, para reducirse a 1.500 euros posteriormente-, como una forma de impulsar a los planes de empleo -pendientes de que se materialice la normativa que los regule-, una decisión que ha supuesto una reducción drástica de los flujos netos de los planes individuales, estimada por Inverco en cerca de 4.000 millones en los últimos dos años.
Pablo Antonio Muñoz Gallego es el responsable del Área de Economía de la Longevidad de CENIE, los especialistas en el análisis de la economía sénior, un sector de la actividad que gana cada vez más peso acompañado del empuje demográfico. La mejor salud a partir de la jubilación plantea retos para el mercado laboral, donde reflexiona sobre el potencial de la jubilación flexible. Y, también, sobre un sistema público de pensiones que presiona cada vez más a las generaciones más jóvenes.
Jubilarse de forma anticipada es una alternativa cada vez más atractiva para los trabajadores que quieren acabar de una vez por todas con su trayectoria laboral y disfrutar de un más que merecido descanso. Este atractivo, de hecho, no se reduce a pesar de que para poder hacerlo hay que asumir recortes en las pensiones de jubilación.
Las pensiones de incapacidad permanente son las que se abonan a las personas que se han visto afectadas en su vida diaria o laboral por una enfermedad o dolencia. Tras las jubilación y viudedad son las más numerosas del catálogo de prestaciones contributivas (unas 950.000, según los datos del Ministerio de Trabajo) y son las más particulares de todas ellas, ya que en su tramitación intervienen diferentes variables.
De septiembre del año pasado hasta septiembre de este año, la bolsa europea perdió, por poner un ejemplo, un 19%. Y quien acudió a los bonos en busca de refugio se encontró con una caída de otro 20%, que es lo que bajó el precio de una cesta de bonos mundiales en el mismo periodo, según los índices de Bloomberg y Barclays. En este complicado mercado, uno de los más difíciles de gestionar de las últimas décadas, marcado por la invasión de Rusia a Ucrania y el regreso de la inflación, ninguno de los 20 mayores planes de empresa logró esquivar las pérdidas en el plazo de un año, según los últimos datos disponibles de Inverco, a cierre de septiembre. Hay que tener en cuenta que cada producto aplica una estrategia diferente, supervisada por el comité de control del plan de pensiones de cada empresa.
La última parte de la reforma de pensiones pretende reclamar mayores esfuerzos a los sueldos más altos a cambio de una compensación en sus prestaciones que se demorará 30 años en el tiempo. La propuesta que trasladó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales recoge un incremento de las bases de cotización de 30 puntos más el IPC medio desde 2025 hasta 2050, mientras la pensión máxima subirá 3 puntos más el IPC medio. Habrá que esperar a los años posteriores a 2050 para que se ponga en marcha una subida equivalente, de 30 puntos, en la pensión máxima, según recoge el borrador.
La propuesta que plantea el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para modificar a 30 años el periodo observado para el cálculo de la pensión, dando la opción de descartar los dos peores años de cotización, abre la puerta a un incremento de la brecha de género en las pensiones medias. Las mujeres empeorarían sus pensiones un 0,86%, y los hombres la mejorarían un 0,44% por la naturaleza de sus carreras laborales. Total, una brecha que se amplía 1,3 puntos, explica el análisis del Observatorio de pensiones de WTW.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido de que la actual incertidumbre financiera y económica, así como el aumento del coste de la vida, no deben servir como excusa para posponer las reformas que puedan mejorar la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, para lo que propone impulsar fórmulas como los fondos de capitalización con un papel destacado de las empresas para "complementar" los sistemas de reparto públicos.
Para cobrar una pensión contributiva de jubilación no basta con cumplir la edad ordinaria de jubilación, ya que hay que acreditar algún que otro requisito de los que destaca por encima una cotización de al menos 15 años. De lo contrario será imposible cobrar la pensión.
Los trabajadores autóomos pertenecen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) dentro de la Seguridad Social. Como su propio nombre indica, este régimen presenta una serie de particularidades que lo hacen diferente al Régimen General, en el que se integran la gran mayoría de ciudadanos. Estas diferencias se dan en múltiples campos, incluido el cobro de las pensiones de jubilación.
El sistema de pensiones de nuestro país contempla que los últimos años previos a la jubilación sean especialmente determinantes para el cálculo de la pensión de jubilación del trabajador que se retira definitivamente. Por esta razón son tan problemáticos los parones de cotización (o las cotizaciones por cuantías menores) en esos años del tramo final de la vida laboral del ciudadano.
