La última parte de la reforma de pensiones pretende reclamar mayores esfuerzos a los sueldos más altos a cambio de una compensación en sus prestaciones que se demorará 30 años en el tiempo. La propuesta que trasladó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales recoge un incremento de las bases de cotización de 30 puntos más el IPC medio desde 2025 hasta 2050, mientras la pensión máxima subirá 3 puntos más el IPC medio. Habrá que esperar a los años posteriores a 2050 para que se ponga en marcha una subida equivalente, de 30 puntos, en la pensión máxima, según recoge el borrador.
Esta primera propuesta del Gobierno ha sido estudiada por los agentes sociales, que ayer por la mañana transmitieron sus impresiones al departamento de Escrivá. Desde UGT consideran demasiado lejano el horizonte de 2050 que marca el primer borrador de la reforma, y así se lo hicieron saber al Ministerio en la reunión celebrada ayer por la mañana. De cara a la próxima propuesta, la organización sindical espera que Seguridad Social revise la fecha en la que se ampliaría el tope de las pensiones máximas.
Una medida compensatoria al incremento de las bases que persigue el objetivo de mejorar la recaudación y busca imitar el modelo de otros países europeos que cuentan con bases más elevadas e, incluso, un destope total de estos límites. Sin embargo, voces académicas ya denuncian que engrosa el problema de la contributividad del sistema. La pensión máxima solo llegaría a alcanzar el 60% de la base máxima una vez culminado el proceso transitorio, en mitad de siglo, según el economista Miguel Ángel García.
Según se desprende de la propuesta de Escrivá, el importe de la pensión máxima inicial a partir de 2050 se calcularía aplicando un incremento adicional pactado con los miembros del diálogo social y que se incluiría en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%". Un horizonte lejano que traspasa el reto al Gobierno que toque en esa etapa.
La brecha también la tiene muy presente la CEOE y que rechaza frontalmente por romper con el principio de contributividad. De forma interna, los empresarios trasladan a elEconomista.es que la medida "quiebra también el principio de equidad intergeneracional" al considerar que el esfuerzo se carga sobre una sola generación. "Además, incrementa el coste salarial para las empresas sobre todo en puestos de mayor cualificación y frena la captación de talento", reflejan.
Plazos insuficientes
Tanto desde CEOE como desde los sindicatos recuerdan que el Ministerio debe cumplir con los plazos y tener aprobada la reforma el 31 de diciembre. "Con estos plazos no tenemos tiempo para negociar como se debe una reforma de tanto calado", critican los empresarios. De hecho, fuentes conocedoras de la negociación consideran incluso decepcionante el segundo encuentro en pocos días que se mantuvo ayer.
Fuentes de la Seguridad Social declararon al término de la reunión que detalló a los agentes sociales algunos cálculos sobre el impacto de las medidas de la reforma, principalmente del impacto de la modificación del periodo de cálculo hasta 30 años descartando los dos ejercicios con peor cotización. La próxima cita está marcada en el calendario para el próximo 12 de diciembre, cuando restarán algo más de dos semanas para llegar al plazo límite pactado con Bruselas.
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