Madrid
El Gobierno ha dado un viraje de 180 grados en sus relaciones con la patronal una vez que sacó adelante la última reforma laboral y el mecanismo para revalorizar las pensiones ligado al IPC. En el año transcurrido desde que consiguió el apoyo de los empresarios para esas dos medidas, el Ejecutivo ha optado por restringir su comunicación con ellos hasta el punto de que ahora es prácticamente inexistente, según reconocen a elEconomista.es fuentes de la directiva de CEOE.
El modo en que el Ministerio de Trabajo ha roto los puentes con los representantes de los empresarios se hizo especialmente evidente esta misma semana. Fue hace pocos días cuando se supo que el departamento que dirige Yolanda Díaz reforzará el control de la Inspección de Trabajo sobre los despidos colectivos. Se servirá para ello de una enmienda a la Ley de Empleo en cuya negociación solo Bildu participó, sin rastro de los agentes sociales, lo que indignó a la patronal.
Y aún hay otro desencuentro que está a punto de aflorar. No en vano el Ejecutivo se encuentra ya cerca de decretar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin contar, una vez más, con el acuerdo de la CEOE.
Es ya bien sabido que Trabajo no necesita el plácet de esta última organización ni de los sindicatos para elevar dicha retribución. Es más, Díaz ha hecho de esta unilateralidad (con la conformidad de las centrales) su modus operandi habitual a la hora de tomar este tipo de decisiones.
Ahora bien, solo puede sorprender que la CEOE se haya visto excluida incluso de la fase informativa de los trámites que desembocarán en el nuevo incremento del Salario Mínimo.
Sin datos oficiales
Lo confirmó esta misma semana el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante un acto institucional en Vigo. En ese foro, Garamendi confirmó que carece de todo dato oficial sobre el incremento previsto del SMI para el año próximo.
Pero todavía hay otros dos frentes abiertos por Trabajo en los que no ha concedido relevancia alguna a los representantes de las empresas. El primero tiene que ver con el endurecimiento del Código Penal para los infractores de la legislación laboral. En concreto, se prevén penas de hasta seis años de cárcel para quienes contraten falsos autónomos. Fuentes empresariales aseguran que no han podido tener participación alguna en esta modificación legislativa, acordada por el PSOE y Podemos.
El segundo frente abierto tiene que ver con los cambios a los que podrían someterse las indemnizaciones por despido. El regreso a la compensación máxima de 45 días por año trabajado, propia de la legislación anterior a la reforma laboral de 2012, está descartado, ya que Bruselas no permitiría una regresión de tal magnitud.
Sin embargo, Trabajo sí abre la puerta a una indemnización por despido a la carta, en la que se tendrán en cuenta factores como la edad del trabajador afectado. Se trata de un proyecto auspiciado por UGT en el que, una vez más, las patronales carecen de toda participación.
Sin acuerdo en pensiones
La situación no es mucho mejor en lo que respecta a la negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones. Tras meses sin que los agentes sociales recibieran información, la propuesta que hay sobre la mesa hace imposible cualquier tipo de acercamiento entre el Ejecutivo y la patronal.
En juego hay más subidas de cotizaciones. Los sindicatos presionan de fondo por una mayor dureza en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una carga de 0,6 puntos extra directa al Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones, y que, una vez más, no firmó la CEOE. Entrará en vigor el próximo 2023 mientras se mantiene el debate técnico con Bruselas para alargar este impuesto extra hasta mitad de siglo en vez de hasta su revisión en 2023, según estaba planteado.
Y este malestar viene de atrás. Tal y como publicó este medio, los agentes sociales incrementaron su presión durante octubre y noviembre porque veían que los plazos se iban acortando. En diversos encuentros públicos, la patronal manifestó su desencanto con el nuevo modus operandi del ministro Escrivá: "No hay papeles". Tras la última reunión criticaron la ausencia de memoria económica que incluya un impacto monetario de las medidas que no comparten, como la subida de las bases máximas de cotización hasta alcanzar salarios de 70.000 euros.
Y es que Seguridad Social ha planteado una negociación de encuentros informales y sondeos previos a una propuesta que trasladó el 28 de noviembre, en la segunda reunión tras la primera toma de contacto a comienzos de septiembre. Una actuación y una hoja de ruta que imposibilita la posibilidad de acuerdo. El Ministerio cuenta ya con sacar la reforma en ausencia de la patronal, vía decreto ley y con acuerdo político.
