La estrategia que está siguiendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para modificar su propia reforma laboral que aprobó hace menos de un año, no solo ha hecho saltar por los aires el diálogo social, también amenaza con bloquear el pago de los fondos Next Gen por suponer un incumplimiento retroactivo de los compromisos con Bruselas.
La modificación de la regulación del mercado trabajo aprobada en los últimos días de 2021 fue uno de los mayores éxitos, al menos en términos políticos, del Gobierno de coalición y de su vicepresidenta segunda.
Pese a los desencuentros en materia de pensiones y subida del SMI, Díaz logró la unanimidad de patronal y sindicatos para sacar adelante una Ley que, además, ha sido elogiada por la Comisión Europea por su impacto positivo en la reducción de la temporalidad. Esta positiva valoración fue clave para que Bruselas desembolsara en junio el segundo tramo de las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por 12.000 millones de euros. A mediados de noviembre, el Gobierno solicitó el tercero, por 6.000 millones.
En el marco de los compromisos europeos contenidos en el componente 23, que abarca las "nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo", el Gobierno incluía una "modernización de la negociación colectiva".
El objetivo era promover cambios en la estructura de negociación, "reforzando la representatividad de las partes negociadoras, enriqueciendo sus contenidos y aumentando la seguridad jurídica en su aplicación y en sus efectos". En la reforma laboral, esto se tradujo en la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Pero a la vez se trazaba una línea roja muy clara: "los cambios no darán lugar a obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad". Algo que se contradice claramente con la enmienda pactada por el Gobierno con Bildu para que la Inspección de Trabajo controle las causas de los despidos colectivos.
Los nacionalistas vascos afirman que esto equivale a recuperar la autorización administrativa previa derogada por la reforma laboral del PP en 2012. La propia Díaz, cuando avanzó en octubre este nuevo papel de la inspección, aseguró que el objetivo era "que no se pueda despedir" mediante el "endurecimiento" de las causas.
Pero más allá del impacto de la enmienda en el mercado laboral, el principal problema que afronta el Gobierno es el pago de los fondos Next Gen.
Y es que, tal y como establece el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuando reciba la solicitud española de abono de los fondos, el Ejecutivo comunitario no solo tendrá que revisar el cumplimiento de las nuevas reformas, sino que no hayan "revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente".
Si se determina que se ha producido esa marcha atrás, y en función de la gravedad del incumplimiento, "se suspenderá el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo" recibido por nuestro país, que tendría un mes para presentar observaciones y corregir el problema. En este caso, anular la enmienda pactada con Bildu.
El pinchazo del Componente 23
En cualquier caso, los expertos consultados por elEconomista.es dan por hecho que la enmienda disparará la litigiosidad y la inseguridad jurídica de las empresas. Una rigidez que tendrá como efecto una mayor destrucción de empleo, tal y como ocurrió en la crisis financiera, cuando dicho control público de las causas ya existía.
Una polémica que coincide, además, con los decepcionantes avances en los compromisos europeos en otras reformas que Trabajo en el marco del mismo componente 23, que abarca las "nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo".
"Lo que vamos conociendo de los proyectos de Ley de Empleo y de Incentivos al Empleo no permite prever mejoras de calado sino cambios formales sin implicación estructural, e incluso algún paso atrás como la incorporación de obstáculos injustificados al ajuste empresarial", advierta a elEconomista.es el socio responsable de EY Insights y ex secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.
"Me van a matar desde mi equipo..."
El texto presentado en el Congreso y que se incluirá en la Ley de Empleo, ha provocado un terremoto inesperado en el diálogo social, con CEOE y Cepyme anunciando una ruptura de la interlocución con Trabajo por su "traición". Díaz ha respondido que la patronal estaba al tanto de ese cambio, que se anunció en el Plan de la Inspección aprobado hace un año, y negando que la cuestión de la autorización administrativa previa se tratara en la negociación de la reforma laboral.
El problema de la justificación de Díaz es que tampoco niega la mayor: la concreción del refuerzo del papel de la inspección no se ha discutido en el diálogo social en ninguna de las negociaciones posteriores a la del Plan de la Inspección, ni siquiera se planteó en la del reglamento del Mecanismo Red y los nuevos ERTEs incluidos en la reforma laboral.
En cualquier caso, no se trata de un cambio menor, sino de una modificación del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual la única forma de revisarlo es a través de una norma con rango de ley. Aunque la ministra insista en que era anunciada y conocida por todo el mundo, también la hemeroteca le juega malas pasadas.
El pasado 15 de octubre, en un mitin de su partido Sumar en Sabadell, uno de los asistentes le inquirió por la posibilidad de recuperar la autorización administrativa previa.
En su respuesta rechazó volver a la fórmula previa a la reforma de 2012 porque suponía un "arbitrariedad política" de los despidos, pero anunció que sería la Inspección la que asumiría este control. "Esto es noticia, me van a matar desde mi equipo seguro...", bromeó entre los aplausos de los asistentes. "Verás como cambiou o conto", apostilló en gallego.
