Economía

Díaz endurecerá las inspecciones ante el temor a una oleada de despidos colectivos en 2023

  • Quiere que sea la Inspección la que prohíba los despidos
  • La CEOE no ha sido consultada en este cambio y rechaza el intervencionismo
  • La crisis y la inseguridad jurídica lleva a muchas empresas a preparar ajustes

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, sorprendió hace una semana con el anuncio de que reforzará el papel de la Inspección de Trabajo para que pueda "controlar las causas que motivan un expediente de regulación de empleo (ERE)".

"La cuestión va de que no se pueda despedir, del endurecimiento de las causas", afirmó en un mitin de Sumar en Sabadell. Aseguró que la medida "está prácticamente lista", si bien desde entonces, nada más se ha concretado.

Las dudas sobre el alcance y la materialización de esta promesa crecen entre las empresas, laboralistas y despachos de abogados. Lo único que parece claro es la razón que la motiva: el temor a una oleada de despidos colectivos que empezará a materializarse en 2023, en pleno año electoral.

La reforma laboral de 2012 acabó con la autorización administrativa previa de los despidos colectivos. Esta figura suponía que la autoridad laboral competente, que podía ser desde un ayuntamiento a la consejería de una comunidad autónoma, era la que daba luz verde o vetaba el expediente. Ello implicaba una injerencia política en los procesos muy cuestionada por las empresas.

Después de la modificación impulsada por el Gobierno del PP, la decisión corresponde a la empresa y son los trabajadores y los sindicatos los que en caso de desacuerdo, pueden recurrirla por vía de la jurisdicción social. Díaz no derogó este apartado en su propia ley laboral y ha dejado claro que no quiere recuperarla ahora.

La razón que aduce es, precisamente, evitar la intervención política, aunque Cataluña (donde hizo el anuncio) y País Vasco tienen atribuidas las competencias en materia de Inspección.

Sin hablar con la CEOE

Raquel de la Viña directora en el departamento de Derecho Laboral de Andersen apunta de que se puede incurrir en un supuesto de "ultra vires". Es decir, que la Inspección actuaría por encima de sus competencias atribuidas por Ley.

También escéptico se muestra el socio de Gomez, Acebo & Pombo, Ignacio del Fraile, quien considera que después de una década sin autorización administrativa previa las empresas y los sindicatos "se han acostumbrado" a un modelo de negociación sin intervencionismo.

Por su parte, Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica a elEconomista.es que si se trata de reforzar el control de las causas, no cambia "jurídicamente hablando" la posibilidad de acudir a la medida de despido colectivo por parte de la empresa. Eso sí, el informe negativo de Inspección sería presentado en el juicio por los trabajadores, "con evidente posible impacto negativo sobre la decisión de la autoridad judicial".

Esto aún queda lejos del freno a los despidos que la ministra prometía en sus declaraciones, solo unos días antes de que el Supremo tumbara la 'prohibición de despedir' que el Gobierno introdujo durante la pandemia, una idea que recuperóen el plan de choque ante la emergencia energética provocada por la guerra de Ucrania. Pero sí complicaría la negociación y puede tener incluso un efecto disuasorio. O al menos eso es lo que espera el Gobierno

Desde la CEOE aseguran que no han sido consultados y no saben nada de las intenciones del Gobierno, aunque de entrada rechazan recortar la libertad de las empresas para tomar sus decisiones.

Pese al Mecanismo RED y los ERTEs

En cualquier caso, el renovado compromiso de Díaz para prohibir los despidos sorprende en un momento en el Gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas para evitar despidos, como el desarrollo del Mecanismo RED para aplicar un modelo similar al de los ERTEs de la pandemia sectores afectados por la crisis.

Además, con el modelo actual, el número de extinciones de empleos se mantiene en un nivel relativamente moderado. Aunque sigue por encima de los niveles previos a la pandemia, en lo que va de 2022 los datos parecen reflejar cierta contención en su volatilidad.

Sin embargo, esto puede cambiar en el próximo año. El aumento de los concursos de acreedores se traducirá en un incremento sustancial de los despidos colectivos. Pero los precios de la energía, la subida de los salarios y la falta de suministros están llevando a muchas empresas a estudiar ajustes para los próximos meses.

Una situación de la que es muy consciente el Ministerio de Trabajo, que en las últimas semanas ha mantenido reuniones discretas con los sectores afectados, aunque en todo momento defiende la solidez del empleo.

Pero también pesa la incertidumbre política. Las subidas de impuestos y la retórica gubernamental está haciendo que muchas compañías se replanteen su presencia en España. Así se lo han asegurado a elEconomista en fuentes empresariales, algo que confirman los despachos de abogados, que empiezan a recibir consultas en esta línea.

Un escenario al que Díaz trata de anticiparse encomendándose a la Inspección, cuya plantilla quiere un 30% en los últimos dos años de Legislatura, según consta en los Presupuestos.

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