El ajuste de las cifras para 'regularizar' a fijos discontinuos continuó en noviembre, aunque con menor intensidad que en el mes pasado. De considerar parados a las personas con este tipo de contrato que no trabajan, se habría registrado un incremento de 80.000 desempleados, frente al descenso de 33.512 personas contabilizados por el Gobierno.
La brecha entre paro registrado y efectivo (sumando los demandantes con relación laboral) se sitúa en los 114.000 desempleados, algo menor que la apuntada en noviembre, que alcanzó los 160.000. La razón es que se ha reducido el número de altas, de 227.801 a 197.959 personas. Pero esta reducción es, hasta cierto punto, engañosa.
Y es que no se debe a que haya habido un menor número de demandantes nuevos. Todo lo contrario: si en octubre fuero 137.000 en noviembre se elevaron a los 174.000. El incremento resulta ahora menor porque en octubre se produjo un ajuste extraordinario que hizo que decenas de miles de parados registrados pasaran a integrarse en esta categoría.
El Ministerio de Trabajo no ha dado explicaciones sobre este ajuste inédito. Las revisiones de este tipo no son excepcionales, pero los trasvases se sitúan de media en los 2.500. En octubre se multiplicaron por veintiuno y en noviembre por siete.
En concreto fueron 52.288 personas, que habrían salido de la estadística oficial de paro directamente a la categoría de "demandantes con relación laboral" sin haber encontrado empleo. En noviembre esta jugada se ha repetido, aunque con mucha menor intensidad: 'solo' se han sacado a 14.909 personas del paro registrado.
El Ministerio de Trabajo no ha dado explicaciones sobre este ajuste que no tiene precedentes en los últimos años, aunque todos los expertos, empezando por los de Fedea, que dieron la voz de alarma sobre este hecho, señalan una causa clara: los fijos discontinuos que pasan a la inactividad.
En un momento en el que las cifras de afectados por ERTEs se han estancado en el umbral de los 20.000, es la única explicación a que se hayan disparado las altas de demandantes con relación laboral.
En noviembre, el total de demandantes con relación laboral se incrementó de 461.000 a 576.000. Es una cifra inferior a la del año pasado, aunque esta comparativa está sesgada por el alto volumen de trabajadores en ERTE.
Si nos remitimos al mismo mes de 2019, la cifra supone más del doble y marca una tendencia clara desde abril (cuando concluyó el periodo de gracia y la reforma entró plenamente en vigor) en la que el paro registrado y el 'efectivo' han seguido una evolución contradictoria.
Hasta cierto punto, esta tendencia es lógica si tenemos en cuenta que este tipo de contratos ha pasado de ser una modalidad de uso muy limitado a suponer un tercio de los contratos indefinidos firmados tras la reforma laboral, con más de dos millones.
Sin embargo, su impacto en creación de empleo es menor porque está ligados a actividades eventuales y se dan de baja cuando estas se interrumpen, aunque el contrato no se hay extinguido.
Lo que ocurre es que no cuentan como parados, aunque tengan derecho a una prestación, lo cual permite al SEPE, además de mejorar su ratio de contratos indefinidos, modular la de parados registrados. Este carácter ha sido muy cuestionado desde la aprobación de la reforma, pero el Gobierno ha defendido que no había por qué hacer ningún cambio en las estadísticas, que seguirían contabilizandolos como siempre.
Pero la revisión de octubre y noviembre revelan que algún tipo de revisión era necesario. No solo por el ajuste de los parados: tal y como reveló elEconomista.es, la Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto en revisión la estadística que analiza las causas de baja de afiliación.
Desde Fedea, se critica que los datos del último año no reflejaban el impacto del incremento de los fijos discontinuos en los datos del SEPE. Para ilustrarlo, el investigador Florentino Felgueroso acuñó una metodología para calcular el paro efectivo (que suma al registrado la cifra de demandantes con relación laboral, excluyendo los afiliados en ERTE). En este análisis se ve con claridad el efecto de la regulación de octubre, que se ha prolongado en noviembre.
Sin embargo, determinar su alcance y si se prolongará en los próximos meses sigue siendo complejo. Y es que este es un caso en la que el ruido de la polémica impide el análisis. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tacha de "trumpismo" las críticas, mientras su número dos, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, las considera un "ataque" a los funcionarios de los servicios públicos de empleo.
Por su parte, el PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria y política por esta cuestión tras conocer la denuncia de Fedea, aunque gobierna en comunidades autónomas con competencias en políticas de empleo que son las encargadas de gestionar la demanda de empleo. Esto significa que estaban al tanto de la revisión de los datos por parte del SEPE, ya que son la fuente de los mismos.